La contratación de sanidad privada crece en 42.269 nuevos pacientes con la pandemia

Sin embargo, el cerrado ejercicio volvió a disparar los datos, más aún. En 2021, 22.088 castellanos y leoneses suscribieron una póliza de salud, casi dos millares más. La pandemia ha impulsado 42.269 pólizas, un incremento del 9,74% en solo dos años, del 5% solo en el pasado. De esta forma, en Castilla y León hay 433.618 ciudadanos que han optado por complementar (es lo más habitual) la atención pública de Sacyl con la de un seguro privado.

El crecimiento triplica, e incluso cuadruplica según comparativas, el de años anteriores. Antes de la pandemia, entre 2018 y 2019, los nuevos contratos fueron solo 8.969 y el anterior tramo anual registró 9.190. El más alto, en 2017, añadía 13.226 pólizas que fue cuando se valoró como un resurgimiento de un sector privado al que la crisis de 2008 había dejado maltrecho y muy sustituido por la preferencia por la pública.

Un incremento que ha supuesto una evolución de las primas en seis años del 4% hasta alcanzar los 325 millones de euros en la región. Y todo ello sin olvidar que el 75% de la factura privada (ha bajado un 1% en un año) llega del bolsillo de particulares –algo que también creció en 2020 en un 3%– y solo el 25% corresponde a seguros médicos, según los datos del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS). Además, el gasto en seguros privados per cápita fue de 137 euros al año, 20 menos que en España, mientras que el 2,7% del gasto sanitario de Castilla y León se dedicó a contratar con centros privados, un porcentaje cuatro puntos inferior a la media de las comunidades autónomas.

El sector había experimentado una fuerte crisis con la recesión económica, desde los recortes de 2008 y, además, no comenzó a recuperarse de tal caída hasta el año 2015. Pero, en estos últimos ejercicios, tras registrar cinco años de pérdida de pacientes, la recuperación ha sumado anualmente entre 3.720 pólizas y un máximo de 13.226 en el inusual año de 2017 y en torno a los 9.000 nuevos usuarios cada ejercicio. Por eso la ganancia de estos dos últimos años es realmente histórica.

Nunca se habían superado las 400.000 tarjetas privadas en Castilla y León hasta 2020. Un incremento además que se produjo concentrado después de la primera ola, sobre todo porque durante la misma, en pleno confinamiento, además, la privada estaba intervenida por Sacyl y dedicada a facilitar instalaciones y profesionales pero con personal de Sacyl también. Prácticamente inoperativa o muy limitada por lo que el boom de pólizas llegaría después.

Un receso en el sector por la crisis, y eso que según fuentes del mismo, precisamente por ello se mantuvieron muchas vivas, por el miedo a una peor o más limitada asistencia pública con los recortes; pero también muchas familias limitaron gastos y establecieron prioridades y la cobertura asistencial está garantizada en Sacyl para cada castellano y leonés.

Los informes de la fundación IDIS revelan que, ya a partir de 2015, el número de asegurados se recupera con una media del 3,3% de incremento anual y del 3,66% en el volumen de primas entre 2016 y 2020, lo que representa el 3,7% del volumen nacional.

No es un fenómeno solo de Castilla y León. La sanidad privada gana peso en toda España; pero la región es, junto a Cantabria y Madrid, una de las comunidades con mayor incremento de gasto sanitario privado experimentaron en 2021. Cantabria es la región donde más aumentó, un 10,4%, hasta alcanzar 477 millones de euros en 2021. En segunda posición se sitúa la Comunidad de Madrid, que creció en un 3,4%, hasta 763 millones de euros y les sigue la región, con un aumento del 2,8%, hasta 543 millones de euros. Todas las comunidades autónomas incrementaron su inversión en sanidad privada en 2021, con un alza del 2,8% en el conjunto nacional.

Según el reciente informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) a este respecto, con un elevado grado de privatización se encuentran Madrid (31), Cataluña (29), Baleares (25) y Canarias (25), mientras que las que cuentan con bajo grado son Extremadura (13), Castilla-La Mancha (12) y Cantabria (11). En la zona intermedia estaría todavía Castilla y León.

En la comunidad, el 4,53% de la población está cubierta por mutualidades de funcionarios, frente al 3,83% de media nacional.

Este incremento de la protección privada no está exento de polémica. La FADSP reitera sus críticas al respecto al considerar que se está facilitando su crecimiento en detrimento de la pública. En su último informe destaca que la comunidad registra «uno de los movimientos más llamativos en cuanto a mayor privatización entre los dos últimos balances. Junto a ella, que aumentó un 4%, se encuentra Aragón, que se elevó en siete puestos en relación a 2020, Murcia, con seis posiciones más en el ranking, y Valencia y Andalucía (esta última hace dos años había incrementado ya siete puestos). A continuación, Extremadura dos posiciones y Galicia, una.

Los datos de Castilla y León «contrastan, más si cabe cuando en 2020, respecto al anterior informe, que databa de 2014, la comunidad había disminuido su dependencia privada en siete posiciones», destaca.

Por otro lado, en Castilla y León el 3,9% de las camas hospitalarias son de carácter privado (5,87% en España); mientras que el 3% del equipamiento de alta tecnología se encuentra en hospitales de estas empresas, cinco puntos por debajo de la media nacional. Este tipo de aparatología en más frecuentes en los complejos públicos, con sus excepciones.

El número de consultas anuales al especialista del sector sanitario privado es de 240,67 por cada mil habitantes, casi la mitad que en España (448,29). Al mes se registran 10,06 consultas al médico general de medicina privada por cada mil habitantes, frente a 11,53 de media autonómica.