El concierto económico catalán, un procedimiento con muchas dificultades para prosperar

Luego está la cuestión de la posible inconstitucionalidad de este acuerdo. «El artículo 138 dice que el estado garantiza el principio de solidaridad», señala Alejandro Menéndez. De hecho, se apostilla que el Estado velará «por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español», y añade que «las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales».

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Y cita Menéndez otro artículo que puede ser controvertido para la puesta en marcha de ese acuerdo económico singular. El 157.2: «Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio». Pone un ejemplo: «Un señor de Barcelona tiene una tienda en Castellón. Lo que gana en Castellón lo declara en Cataluña. Se produce una alteración del sentido de todos estos preceptos. El estado deber ser quien recaude y redistribuya».

Desde el PP se invoca al Consejo de Política Fiscal y Financiera como el órgano en el que habría que tratar la anhelada reforma del sistema de financiación autonómica. Cataluña, en este caso, se lo ha saltado y ha negociado de forma bilateral y entre dos partidos, ERC y PSOE, un tratamiento diferenciado. A pesar de eso, señala Menéndez, este órgano no tiene más capacidad que la consultiva. «No está regulado en la 'Lofca' ni en ningún sitio, es un consejo postconstitucional sin potestad legislativa ni de iniciativa parlamentaria», aclara.

La negociación vis a vis tampoco le ha gustado a Jesús Quijano, catedrático de Derecho Mercantil y un histórico del PSOE autonómico. «La regla con la que se quiere jugar, la financiación singularizada, es que pongo más de lo que recibo y quiero recibir tanto como lo que pongo. Ese es el fin último. Eso es negativo desde el punto de vista del conjunto. Su riqueza la han producido cientos de miles de emigrantes de Castilla y León, de Extremadura, etc. Es la última consecuencia del España nos roba», explica. «El sistema de financiación debe revisarse. Pero en un foro colectivo donde participen todos los que están afectados por él, y lo que se ha hecho es rancho aparte y una negociación bilateral para una revisión particularizada. Los demás que negocien lo que quieran».