La competición entre autonomías mete presión a la rebaja fiscal de Mañueco

La propuesta de Alfonso Fernández Mañueco es, con retoques, la que incluía el proyecto de presupuestos que elaboró con Cs para aplicar en 2022 y que no se aprobó por el anticipo electoral. La rebaja del 9,5% al 9% de la tarifa autonómica que se aplica en el primer tramo del Impuesto sobre la Renta (a los primeros 12.450 euros declarados) supondrá un descuento en el IRPF de 35 euros anuales para todos los contribuyentes que hacen la declaración y tributan. Igual para el que declara 20.000 euros que para el de 100.000.

La Junta calcula en 20 millones anuales el impacto de la medida en la recaudación. Desde el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) precisan que esa rebaja de tarifa deja fuera a 410.773 ciudadanos con pensiones o salarios muy bajos que no presentan declaración y a otros 524.667 que lo hacen, pero con unos ingresos muy modestos por los que no tributan o tributan muy por debajo de la cuantía de 35 euros que supone esa rebaja.

Ese planteamiento, explica José María Mollinedo, secretario general de Gestha, vale para el retoque en el IRPF anunciado por el socialista Ximo Puig en Valencia con rebaja para rentas de hasta 60.000 euros. Es el primer barón del PSOE que se suma, contra criterio de Moncloa, a la carrera fiscal autonómica, tras el aldabonazo que dio hace unos días al andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla, con la supresión del Impuesto de Patrimonio y el llamamiento a los 'ricos' catalanes a mudarse a Andalucía.

Moreno Bonilla bonifica el 100% de Patrimonio, algo que ya hacía Madrid, y el sucesor de Alberto Núñez Feijóo en la Xunta de Galicia mejora la desgravación del 25% que aplicaba Galicia a los contribuyentes con rentas muy elevadas hasta condonar la mitad del Impuesto de Patrimonio. ¿Seguirá Fernández Mañueco ese camino en Castilla y León? El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha insistido días atrás en que no está previsto, remitiendo al proyecto de ley recién aprobado por los consejeros del PP y de Vox, que no toca Patrimonio. Castilla y León recaudó 33,1 millones de euros en 2021 por este tributo que grava rentas anuales a partir de 700.000 euros.

Pero los socios del PP sí abren la puerta a hacerlo: «El Impuesto de Patrimonio supone un desincentivo para la permanencia y la atracción de inversiones empresariales en Castilla y León. Volveremos a pedir al Partido Popular su supresión, siguiendo el ejemplo de la Comunidad de Madrid y de Andalucía». Es el mensaje que trasladó el domingo el grupo parlamentario de Vox a través de la red social Twitter y que hizo suyo y difundió el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo. La ley tributaria comienza su tramitación en las Cortes y fuentes del grupo parlamentario de Vox indican que incorporarán la propuesta con enmiendas.

A la supresión de Patrimonio, Andalucía suma retoques en el IRPF. Moreno Bonilla no baja los tipos impositivos y opta por deflactar los tres primeros tramos, lo que implica subir los umbrales de renta a partir de los que se salta de tramo y se pasa a pagar más. Persigue adaptarse así a la subida de los salarios provocada por la inflación y evitar que el pago del IRPF se coma ese margen, dado que en realidad ese contribuyente no tiene más renta disponible.

Esta es la opción que aplican Madrid o Galicia y por la que se inclina el País Vasco, con Gobierno del PNV con apoyo del PSOE. Una medida que consideran más «correcta» los técnicos de Hacienda, si se circunscribe a 2021 y 2022 por el contexto inflacionista y siempre que se aplique de manera coordinada «en todo el ámbito tributario». Eso pone el foco en el Gobierno de la nación.

Gobiernos centrales de PSOE y de PP han cedido gestión y capacidad normativa en impuestos estatales a las comunidades en sucesivas negociaciones sobre financiación autonómica. En manos de las comunidades están el 100% de Sucesiones y Donaciones, que grava las herencias; de Patrimonio; de Actos Jurídicos Documentados y Transmisiones Patrimoniales, que se aplican en escrituras y compraventa de vivienda usada, y las tasas de Juego. También el 50% del IRPF, el 58% de los Impuestos Especiales o la mitad de la recaudación del IVA. En el caso de Navarra y el País Vasco, el régimen foral les permite más libertad de movimiento, lo que provocó conflictos hace años con territorios vecinos, como es el caso de Castilla y León, por las 'vacaciones fiscales' con el Impuesto de Sociedades.

El popular Fernando López Miras rumia en Murcia si toca Patrimonio. Esta semana lo descartaba. El presidente murciano contrapuso el efecto llamada andaluz de la supresión de este tributo a la oferta murciana en Sucesiones y Donaciones que 'mejora' la andaluza. Y la castellano y leonesa. Aquí, la coalición de PP y Cs suprimió el pago de este tributo para las herencias más altas (estaban exentos ya los primeros 400.000 euros por heredero) entre padres e hijos y cónyuges. En Murcia, como en Madrid, se libran también de este impuesto hermanos, tíos y sobrinos.

«Los expertos plantean un reforma fiscal integral y una armonización no una atomización», argumenta Mollinero, que enmarca el goteo de rebajas autonómicas en el «contexto electoral», con urnas en 2023. «Es algo cíclico», expone.

Y a las decisiones de las comunidades se suman, en el terreno fiscal, las de los alcaldes. Óscar Puente explicaba hace un mes que en Valladolid se congelaban los impuestos y los precios públicos municipales por octavo año consecutivo.