Castilla y León

Comisiones alerta de que el operativo de incendios es «insuficiente»

Comisiones Obreras ha alertado este miércoles de que el operativo de vigilancia, prevención y extinción de incendios forestales para riesgo alto en 2023 en Castilla y León es «insuficiente para que sea un servicio público adecuadamente cubierto».

El sindicato recordó que el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, presentó la campaña de riesgo alto, pero advirtió de que aún no se ha publicado la orden anual que regula el riesgo potencial y sin que estén elaborados los calendarios de trabajo, con el correspondiente número de guardias de los empleados públicos, que debería haber estado listo el 15 de mayo, según la propia normativa autonómica, con lo que tachó estos hechos de «incumplimientos de lo comprometido».

Tal y como recoge en un comunicado publicado por Ical, la organización sindical subrayó que entre los compromisos «incumplidos» se encuentra la modificación del marco legal, con un Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal) sin actualizarse desde 1999 y con un Decreto de regulación del Operativo de Extinción de Incendios Forestales sin actualizarse desde el año 2004, unos retrasos que CC OO considera «inexplicables».

Asimismo, el sindicato señaló que la ampliación de medios de la que «alardea» el consejero son unos «incrementos mínimos». A su juicio, los 40 técnicos de apoyo son «en realidad nuevas plazas creadas que sustituyen a personal que todos los años participaba bajo diferentes nombres y condiciones laborales». «Solo hay cinco nuevas cuadrillas nocturnas de tierra y cuatro camiones motobomba de doble cabina, cuya contratación costará 7,5 millones de euros, una privatización que supone un gasto inaceptable, ya que todavía existen 54 trabajadores de motobombas públicas que trabajan menos de cinco meses al año», explicó CC OO.

En este sentido, el sindicato celebró la inminente firma del convenio colectivo de la Junta de Castilla y León, en el que el personal que trabaja en prevención y extinción de incendios forestales tiene un «tratamiento singular». Por ello, opinó que es una «oportunidad que no se puede desaprovechar para sentar las bases de un operativo público digno, suficiente y en condiciones de prestar, durante todo el año, un servicio imprescindible».

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