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Cuando la Junta de Castilla y León declaró el año pasado la época de riesgo alto de incendios, el 1 de julio, se había quemado ... durante la segunda mitad de junio media Sierra de la Culebra en Zamora. Ese fuego, que provocó la muerte de cuatro personas, al que se sumaron los que afrontó la comunidad durante el verano otra vez en la Culebra, en Ávila, Salamanca, Burgos, Segovia y León llevaron al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio a negociar y firmar un acuerdo con UGT, CC OO y la patronal CEOE en el marco del Diálogo Social en septiembre para reforzar el operativo de extinción paulatinamente desde ese mismo momento hasta duplicar el presupuesto en el plazo de dos años. Ese acuerdo refleja más medios técnicos, más vehículos y la extensión hacia el invierno de contratos de personal que se limitaban en unos casos a los tres meses de verano, ampliados en otros por delante o detrás alrededor del medio año.
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El consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones ha presentado en León el operativo de extinción con el que Castilla y León afrontará la época de riesgo alto de incendio forestales. Una planificación que el responsable autonómico defiende que se ha reforzado y que los sindicatos siguen considerado insuficiente con incumplimientos por parte de la Junta.
Se espera una campaña complicada. «Hay mucha sequía, a pesar de las lluvias de finales de mayo y junio, y los incendios pueden ser rápidos. Ha habido poca lluvia y la que ha caído ha sido superficial, por lo las expectativas no son favorables», ha valorado el consejero. A partir de aquí, las novedades y la cifras del operativo de lucha contra el fuego.
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Castilla y León adelanta este año la época de riesgo alto de incendios, inamovible en el calendario hasta ahora dejará de ser del 1 de julio al 30 de septiembre para empezar el 12 de junio y extenderse hasta el 12 de octubre. Esa declaración no es solo papel. Implica que los medios del operativo de extinción deben estar activado en su totalidad y también pone en marcha prohibiciones muy estrictas de usar fuego en el monte y en el campo, además de vigilancia del uso de herramientas y maquinaria que generen chispas, como cosechadoras de cereal (sobre todo los días de más de 30 grados de temperatura y con vientos que superan los 30 kilómetro por hora) y ahumadores de apicultura.
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Juan Carlos Suárez-Quiñones ha explicado este martes que el operativo estará integrado por 4.715 profesionales: 303 ingenieros, 894 agentes medioambientales, celadores y otros; 1.469 trabajadores fijos discontinuos y otros; 516 trabajadores de cuadrillas helitransportadas; 1.285 trabajadores de cuadrillas de tratamientos selvícolas; 248 profesionales de tripulación de medios aéreos y retenes de maquinaria. Eso son los datos facilitados desde la Consejería de una planificación mixta, con personal público en nómina de la Junta y cuadrillas y profesionales que la Administración autonómica contrata con empresas.. La documentación de hace un año, sobre el operativo de 2022, recogía 4.540 profesionales.
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El dispositivo de extinción contará con medios aéreos financiados por la Junta de Castilla y León y por el Gobierno de España. La consejería contrata 22 helicópteros y un avión, ubicados en las bases de Cebreros, Piedralaves y El Barco (Ávila), Medina de Pomar y Pradoluengo (Burgos), Cueto, Rabanal, Camposagrado y Sahechores (León), Villaeles (Palencia), El Bodón, El Maíllo y Guadramiro (Salamanca), Coca y Las Casillas (Segovia), Garray (Soria), Valladolid, Quintanilla y Rosinos (Valladolid), Villardeciervos y Villaralbo (Zamora). Son idéntico número a los que recogía el operativo de 2022. Una parte de las aeronaves llevan incorporadas cámaras que ofrecen visión del terreno de 360 grados en tiempo real, información que sirve al centro de mando para tomar decisiones en la estrategia de ataque al fuego.
A esos medios aéreos que financia la Junta, se suman 5 helicópteros y otros 6 aviones (uno más que el año pasado) de la Administración General del Estado estacionados en el territorio de Castilla y León. La suma de unos y otros arroja una flora de 34 medios aéreos preparados combatir contra el fuego.
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El operativo cuenta con 10 centros de mando –nueve provinciales y el autonómico-, 271 puestos de vigilancia, entre torretas y cámaras, 325 autobombas y vehículos pick-up, 209 cuadrillas terrestres y helitransportadas y 37 retenes de maquinaria pesada y buldócer. Estos últimos llegan a la zonas de los incendio en camiones góndola y son muy efectivos para acotar perímetros y preparar cortafuegos de urgencia. El dispositivo sumará 5 nuevas cuadrillas nocturnas en Burgos, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid, pasando de 11 a 16.
El número de puestos de cámaras de vigilancia ha aumentado de los 223 del verano pasado a 271 comunicados para este. Las de nueva implantación se han puesto en funcionamiento en Ávila (20), en Salamanca (21) y en Zamora (7), renovándose los programas informáticos del sistema de vigilancia, incluidas las cámaras del Bierzo y de Soria. Y entran en funcionamiento, por primera vez, unas nuevas autobombas de doble cabina con una 'pick-up' auxiliar, que llevan la dotación de conductor y manguerista y también una cuadrilla, que se desplegarán en las provincias de Ávila, León, Salamanca y Zamora.
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La campaña de incendio no empieza de cero en verano. Desde el 1 de enero al 31 de mayo se han producido 532 incendios forestales, sobre una media de 567 incendios en los últimos diez años. Desde la consejería destacan de estos números la reducción de los fuegos y también que el 81% de los avisos quedaron en conatos y no fuero a más. Esto implica que la superficie quemada no llegó a una hectárea. La media de estos fuegos que se atajan en los momentos incipientes y no se desbocan ha mejorado, puesto que los «conatos» eran el 64% en los últimos diez años.
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