Los colegios de enfermería y sus fuegos judiciales por dinero y poder

En cuanto al poder, incluso los cargos han pasado por los juzgados. Pero lo que ha abierto más fuegos tiene que ver con la, en realidad, no aceptación por parte de la presidenta de Valladolid, Silvia Saéz Belloso, del relevo al frente del Consejo autonómico de su pareja sentimental, Alfredo Escaja, sustituido por el actual presidente, Enrique Ruiz. Considera que es ilegítimo. Una cuestión que no solo terminó en los juzgados, que ratificaron su legalidad, sino que derivó en una batalla en los banquillos que todavía está por recorrer.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León rechazó en noviembre de 2022 la apelación del Colegio de Enfermería de Valladolid y confirmó así la legitimidad del nuevo presidente, al considerar que no ocupaba dicho cargo por vía de hecho. Enrique Ruiz Forner resultó «legítimamente elegido tras las votaciones realizadas para renovar los órganos directivos del Consejo el 19 de diciembre de 2020», y así consta legalizado tras su inscripción registral el 26 de enero de 2021. La sentencia confirma que, este caso, no se trata de una «actividad administrativa impugnable», recogía el fallo.

No quedó ahí: en marzo de 2023, el Juzgado número 4 de lo Social de Valladolid absolvió al Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León de la demanda por despido improcedente que presentó contra esta organización quien la presidía anteriormente, Alfredo Escaja, que perdió las elecciones en diciembre del año 2020 y, por tanto, también su condición de director gerente de la entidad, según ratificaba la sentencia. Pedía un sueldo mensual de 6.524,50 euros con las pagas prorrateadas.

A partir de aquí, y relacionado con ello, dos causas más. La del impago de las cuotas de un trimestre de 2021 y todo 2022 por parte del Colegio de Valladolid, por lo que ha sido condenado este marzo de 2024 a pagar 211.173 euros de deuda y el autonómico ya anuncia que también reclamará la cuantía de 2023 y cuantas sean necesarias. El rechazo de la presidenta a saldar estas cuentas es la negativa a reconocer a la nueva Junta Directiva. La misma razón que le llevó a cambiar las cerraduras, poner seguridad privada e impedir el paso al nuevo presidente y demás miembros de la corporación en la sede de la organización colegial –comparten edificio en diferentes plantas– y por lo que ha sido condenada por un delito de coacciones este mismo mes de abril.

Y es precisamente este inmueble, su beneficiosa venta, lo que ahora se sienta también en el banquillo. Tiene dos cuestiones judiciales abiertas. De un lado, la Audiencia de Valladolid admite a trámite el recurso de la organización regional por la supuesta rebaja intencionada del precio del inmueble y por falsedad documental. La denuncia recoge la acusación de modificar las actas y de que, de manera «deliberada y consciente», Alfredo Escaja ignoró el mandato del Pleno del Consejo y vendió esta propiedad en la calle Alcalleres por 175.250 euros en vez de por 300.000; pero además «decidió condonar» una cantidad de 285.250 euros si, transcurridos tres meses desde el último vencimiento, no se hubiera presentado reclamación alguna. Y es esta última parte la que este mismo lunes se verá en el juzgado.

Por otro lado, Silvia Sáez, presidenta provincial desde 2017 –reelegida en 2022– está actualmente inhabilitada tras descartar el Tribunal Supremo la suspensión cautelar de tal sanción del Consejo autonómico. La misma finalizará en agosto de 2024. Otro asunto judicial que actualmente se encuentra en trámite en segunda instancia.

Por su parte, y ante los medios de comunicación, Silvia Sáez defiende persecución contra ella y Escaja. Así, argumentaba en mayo de 2022 ser víctima de «una campaña de acoso, desprestigio e informaciones falsas desde hace más de dos años por haber denunciado al Consejo General de Enfermería ante la Fiscalía hechos presuntamente delictivos, investigados por la UCO y que ahora están en el juzgado de lo penal», rezaba su comunicado.

Y esta es la otra batalla en la que se cruza también la organización nacional. El que fuera presidente de la autonómica, Alfredo Escaja, acusó a su homólogo nacional, Florentino Pérez Raya, de irregularidades financieras en un proceso abierto actualmente. Un auto del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ordenaba este pasado mes de febrero investigar información bancaria, tributaria, mercantil y relativa a la Tesorería General de la Seguridad Social de los principales denunciados en la causa, entre ellos, Florentino Pérez y familiares del mismo; así «como de las mercantiles presuntamente utilizadas para el desvío de fondos supuestamente resultante de la administración desleal seguida en las actuaciones», recoge el auto.

Y a la par, en este cruce de acusaciones, el Colegio General de Enfermería de España presentó el pasado 25 de abril de 2023 una denuncia, ante el Juzgado de Instrucción de Madrid, contra Escaja, entre otros. En la demanda interpuesta por el citado Florentino Pérez Raya se los acusaba de presunta administración desleal, apropiación indebida y descubrimiento y revelación de secretos.

También este mes de abril, otra sentencia nacional condenaba a año y medio de cárcel e inhabilitación el expresidente nacional de Enfermería, entre 1997 a 2017, Máximo Antonio González Jurado, por varias actuaciones durante su mandato por desvío de fondos del Consejo para su provecho, sobrefacturaciones, encargos de trabajos a familiares y estudios o decoración de viviendas a costa de la organización colegial. Fue denunciado por la actual organización nacional.

Una larga historia judicial que arrastra años y anuncia también un largo futuro.