Claves para que 92.000 empleados de la Junta trabajen 2,5 horas menos a la semana

Estas son las claves para aplicar las 35 horas. Es un camino con dificultades en una plantilla con enorme disparidad de funciones, pero en el que la Junta no parte de cero, porque era la jornada que aplicó, con calendarios y turnos, entre 2002 y 2012.

La jornada de 37,5 horas semanales en la Administración autonómica está regulada por una ley aprobada en febrero de 2012, que recogía medidas administrativas y tributarias para hacer frente al desplome de la recaudación. Es la norma que implantó el 'céntimo sanitario' en los combustibles, recuperó el Impuesto sobre el Patrimonio y puso en marcha dos tributos autonómicos medioambientales sobre tratamiento de residuos y producción eléctrica. Volver a la jornada de 35 horas implica modificar esa ley y el plazo es ajustado. Los Servicios Jurídicos de la Junta estudian cuál puede ser la vía más ágil, si cabe el decreto ley de aplicación inmediata y ratificación posterior en las Cortes en el plazo máximo de un mes, o si hay que tramitar un proyecto de ley, que por rápido que se tramite en el parlamento implicaría más tiempo.

Cuadrar calendarios y turnos en los que los trabajadores hacen dos horas y media menos a la semana implica reforzar contrataciones, sobre todo en los servicios de atención directa. Desde el Gobierno autonómico eluden en este momento valorar el montante presupuestario que supone aplicar la jornada de 35 horas. «Es lo que queremos ver», apuntó el jueves el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, tras asegurar que se van a «bajar las horas de trabajo y a garantizar la calidad de los servicios» eludiendo dar cifra alguna.

Pero existe una referencia presupuestaria. La ofreció Francisco Igea en septiembre de 2019, cuando era vicepresidente y portavoz de la Junta. Sirvió para justificar que era «imposible» aplicar esa jornada entonces. Ese gobierno autonómico de PP y Cs valoró en 120 millones el coste de volver a las 35 horas semanales. Si a esa cifra de 2019 se le aplica la actualización retributiva hasta 2023, la partida superaría los 130 millones de euros anuales. La puesta en marcha está prevista este año no para el 1 de junio, sino para octubre, porque entre junio y septiembre se contempla la jornada reducida de verano que coincide con esas 35 horas. Se trata de prolongarla a partir del último trimestre.

Volver a la jornada de 35 horas implica diferente dificultad práctica, según el ámbito. En los despachos que tramitan y mueven papel será más fácil, aunque habrá áreas que requieran refuerzos. En los centros educativos, sanitarios y sociales, exigirá contrataciones si se quiere mantener el nivel de prestación actual. También en categorías que trabajan sobre el territorio como los agentes medioambientales. Desde la Consejería de la Presidencia remarcan que las bolsas de contratación en Educación, la Gerencia de Salud y la Gerencia de Servicios Sociales funcionan para sustituir bajas, jubilaciones y permisos y que de ahí puede salir el personal extra. Pero hay ámbitos sanitarios en los que Sacyl no encuentra ya profesionales, situación que empeora entre los sanitarios de la residencias de mayores, que históricamente arrastran peores condiciones laborales que los de Sacyl pese a trabajar todos para la Junta. Desde UGT Castilla y León calculan que en Sanidad serían necesarios un mínimo de 1.600 contratos, seguida por Educación, con 1.300 nuevos funcionarios, y Servicios Sociales, con unos 1.100. «Si no hay más empleo es algo inviable. Hay centros con plantillas que ya trabajan en mínimos», resume Ana Fernández de los Muros, coordinadora del área Pública de CC OO Castilla y León.

La vuelta a la jornada de 35 horas implica ese cambio primero en una ley autonómica -«No queda más remedio», indican desde la Junta- y luego una negociación obligada, porque es requisito previo, de todo lo demás (planillos, calendarios...) por parte de la Junta y los representantes sindicales. Desde CC OO, UGT y CSIF ya están urgiendo a los responsables del Gobierno regional, en este caso de la parte del PP porque tanto Función Pública como Sanidad, Educación y Familia tienen consejeros populares, a que expliquen cómo piensan hacerlo y a que empiecen a convocar mesas sectoriales.

En la Consejería de la Presidencia sitúan en la segunda quincena de este mes ese inicio de la negociación para encarrillar las 35 horas.

Qué tendrán las elecciones que en su amanecer despiertan proyectos y con su ocaso vuelven a dormir el sueño de los justos. Para ejemplo, las 35 horas. El Gobierno del PP firmaba el 21 de mayo de 2019 la recuperación de esta jornada para la plantilla de la Junta, con un calendario para aplicarla en octubre, prolongando el horario estival. Alfonso Fernández Mañueco era candidato a la Junta y las encuestas no era halagüeñas. Perdió esas elecciones, pero presidió la Junta gracias al pacto con Cs. Se desvinculó del acuerdo, pese a que miembros del Gobierno de Juan Vicente Herrera insistieron en que lo había aprobado como candidato. Las 35 horas vuelven a la palestra a menos de tres meses de otras elecciones, en este caso municipales.

«Ahora, de repente, ha aparecido ese dinero tan difícil de conseguir», valora Ana Fernández. La representante de CC OO verbaliza una falta de confianza entre los sindicatos, que no terminan de fiarse del anuncio: «Hasta que no llegue el día y se aplique, no digo nada», precisa. Tomás Pérez Urueña, de UGT Castilla y León, también expresa esas dudas, ante un anuncio en calendario preelectoral, de que «en octubre nos vuelvan a denegar las 35 horas», como pasó en 2019. «Las 35 horas no son levantarse una mañana y cambiar el Bocyl, sino que implica más cosas que hay que negociar», remarca Pérez Urueña. Desde CSIF recuerdan los tres años de demora en la recuperación de esta jornada. Benjamín Castro, presidente autonómico de esta central sindical, exige el «refuerzo de los negociados de personal» de las consejerías para garantizar que no encalla el retorno a las 35 horas.