PP y Ciudadanos firman una tregua con una nueva proposición sobre la atención primaria

«Cs y PP presentan una iniciativa parlamentaria para avanzar hacia un acuerdo que refuerce la Atención Primaria en Castilla y León», fue el título de la nota de prensa de Ciudadanos y PP, que llegó por ambas formaciones al alimón a los correos electrónicos y al 'whatsapp'. Hasta esos detalles se pactan en estos casos.

El acuerdo llega en un momento oportuno porque hoy hay Consejo de Gobierno, mañana Junta de Portavoces en las Cortes y la semana que viene se celebra el segundo Pleno, que se presentaba cargadito de tensión. PP y Ciudadanos jugarán ahora una baza conjunta que tendrá como objetivo desarmar al PSOE, erigido en ganador de la primera batalla parlamentaria. Los de Tudanca se han presentado como los factótum de la retirada de la reforma sanitaria y eso no les conviene ni al PP ni a Ciudadanos. Ambas formaciones buscan ahora dejar en evidencia a los socialistas, que se levantaron de la primera mesa negociadora para reformar la sanidad y a los que se ha vuelto a invitar. De hecho, se pide que la Junta avance «en la consecución de un acuerdo con los grupos parlamentarios, los ayuntamientos y diputaciones y los profesionales de la sanidad, sin condiciones previas ni excusas, para reforzar la atención primaria en nuestra Comunidad».

Además, y ya que se pone en liza una nueva proposición no de ley, PP y Ciudadanos tratan de retirar de la mesa los antecedentes que figuraban en la proposición no de ley socialista, y que se aprobó por 70-11 con el voto favorable de los 29 procuradores populares. En el texto se hablaba, por ejemplo, de que «la Junta de Castilla y León lleva años abandonando y relegando la atención primaria a un segundo plano en cuestión de inversiones y de dotación de recursos». O se advertía de que los problemas para contratar profesionales se producían «desde hace más de una década» y no se había hecho ninguna previsión al respecto. «Los antecedentes [que figuran en el texto] no tienen importancia», respondió entonces a El Norte el portavoz del PP, Raúl de la Hoz.

Sin embargo ahora se cambian radicalmente. Se apunta, por ejemplo, a un problema nacional. «Nos encontramos en un momento en el que tanto en Castilla y León como en el resto de España existe un importante déficit de algunos especialistas sanitarios», dice la nueva proposición no de ley. Y se insiste en el párrafo siguiente. «Y el problema no es un problema coyuntural.En este momento el 30% de los médicos de atención primaria tiene más de 60 años, y el 60% tiene más de 50 años, por lo que es previsible que en los próximos años, con la dotación de plazasMIR de medicina familiar y comunitaria en Castilla y León y en todo el Sistema Nacional de Salud, no va a ser posible cubrir las necesidades de estos especialistas».

Para que no queden dudas se añade que «el problema es nacional» y «no es posible plantearse soluciones desde cada comunidad». Castilla y León y otras nueve autonomías tienen las competencias sanitarias desde el 1 de enero de 2002. Otras siete comunidades las adquirieron desde 1987 (Cataluña) hasta 1994 (Canarias).

En las propuestas que recoge esta proposición no de ley se encuentran, por ejemplo, garantizar la asistencia «presencial médica y de enfermería en todos los Centros de Salud y consultorios locales según la norma».Es decir, a la demanda para municipios con menos de 50 tarjetas sanitarias, por ejemplo, o un día a la semana para los siguientes. También se pide el compromiso del Ejecutivo autonómico de no reducir los recursos sanitarios del medio rural en beneficio del urbano. Y se insiste con desarrollar «la cita previa en el medio rural, mediante un sistema de atención personal al usuario».

Junto a las cuestiones que atañen directamente al Gobierno autonómico se añade un listado de tres puntos dirigidos al Gobierno de España y que apuntan al PSOE. Se le pide una «convocatoria extraordinaria MIR de Medicina Familiar y Comunitaria para absorber la bolsa de grado de medicina que no puede ser contratado por la administración pública al no contar con título de médico especialista». También se solicita la agilización de la homologación de títulos de fuera de la Unión Europea o impulsar «un acuerdo con las fuerzas parlamentarias nacionales para redactar un Plan Nacional de Especialistas Sanitarios».

Francisco Igea, vicepresidente de la Junta, fue el primero en utilizar el documento de la tregua. «Aquí está nuestra estrategia. El señor Tudanca, en realidad, no tenía ninguna propuesta que hacer. No se puede engañar a todos todo el tiempo», escribió.