El próximo 1 de enero de 2023, entrará en vigor la nueva Política Agraria Común (PAC) cuya llegada, tal y como ha sucedido con otras reformas, no está exenta de dudas. A pesar de no haber entrado todavía en vigencia, los agricultores han tenido que ... ejecutar los primeros cálculos con la actual sementera que, por otra parte, da los últimos coletazos.
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Luis Antolín, técnico de COAG, resume cinco puntos clave que todas las personas que se dedican a la agricultura de manera profesional, deben tener en cuenta ante esta reforma.
Aunque cabe pensar que la mayor parte de las personas que son profesionales de la agricultura van a seguir cumpliendo con los condicionantes de agricultor activo y actividad agraria, existen cambios normativos que tendrán que tener en cuenta para mantenerse en el sistema. Esto les permitirá acceder a los redefinidos pagos directos: tanto a la Ayuda Básica a la Renta como al complemento de ésta, que percibirán en forma de pago redistributivo. Y en este sentido, desde COAG «recomendamos activar todos los derechos en 2023, al objeto de evitar minoración de sus ingresos o incluso su pérdida en algunos casos».
Como consecuencia de la nueva condicionalidad «reforzada» que viene impuesta desde Bruselas, ha desaparecido el «pago verde», se ha endurecido el acceso a las ayudas asociadas y agroambientales a agricultura y ganadería, y ha aparecido un nuevo pago vinculado a las prácticas de los «eco-regímenes».
Si bien salir perdiendo o ganando desde el punto de vista económico con la nueva PAC respecto de la anterior es una cuestión que va a depender de la situación individual de cada explotación, va a ser el resultado a su vez de si afectan de forma conjugada aumentando o disminuyendo los ingresos una serie de factores, es decir, de si se sale perjudicado o no en cada uno de los siguientes casos:
• En la nueva asignación de regiones,
• En la convergencia de los nuevos derechos,
• En la posibilidad o no de poder acogerse a las ayudas asociadas, agroambientales (incluidas ecológico y razas en peligro) y los nuevos eco-regímenes,
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• En función de la dimensión de la explotación y de si se ve influida o no por el capping,
• En la capacidad de adaptarse a la nueva condicionalidad.
«Por ello es fundamental un buen asesoramiento de cara a la gestión más eficiente y económicamente más beneficiosa a la hora de diseñar ésta de cara a las ayudas anteriores, y muy en especial teniendo en cuenta las nuevas ayudas (eco-regímenes, nuevas acopladas y nuevas agroambientales)», insiste el experto de COAG.
Asegurarse de que la explotación cumple con la nueva condicionalidad reforzada es clave. Si bien las excepciones establecidas para la campaña 2023 con motivo del conflicto de Ucrania «han flexibilizado las duras exigencias establecidas por la PAC 2023-27», el no cumplimiento de la nueva condicionalidad puede acarrear desde leves reducciones a la total pérdida de las ayudas.
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Una de las novedades más importantes que impone Bruselas para la nueva programación 2023-27 y que suele pasar desapercibida o sin dársele la enorme relevancia que va a tener es la obligatoriedad de las personas perceptoras de ayudas de relacionarse telemáticamente con la Administración. De manera resumida, «podríamos decir que desaparecen los papeles y la Administración aumenta su capacidad de control a costa de una mayor burocracia para quienes solicitan ayudas».
Y en este marco es donde aparece el CUE (cuaderno digital de explotación), obligatorio según prevé el Ministerio de Agricultura desde julio de 2023. A este respecto, la recomendación de COAG es «estar al día desde ya mismo e ir haciendo anotaciones de todo el devenir diario en las explotaciones para luego poder dar traslado de las mismas al aplicativo que habilitará la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural».
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Con independencia de si se tiene o no cobertura de internet en determinadas zonas, en mayor o menor medida según el tipo de explotación y qué ayudas se soliciten, pero en general, «la mayor parte de profesionales» tendrán la obligación de registrar electrónicamente sus labores, aportes de fertilizantes y fitosanitarios, analíticas de aguas o fertilizantes. «Conviene tener muy presente, de cara a inspecciones y control de expedientes, que con el CUE la Administración tendrá acceso directo y en cualquier momento a las anotaciones», remarca Antolín.
Y en este mismo sentido, y en especial respecto de todas aquellas situaciones de cultivo que se salgan de la normalidad (ataques de fauna, cultivos secundarios, etc.) «mejor si la explotación puede hacer archivo georreferenciado periódico del estado de sus cultivos».
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En resumen, más que nunca la PAC 2023 requerirá hilar muy fino en la gestión de la explotación y de las ayudas a las que esta se acoja, y la mejor forma para asegurarse de que esta gestión es la más acertada es buscar el asesoramiento de los técnicos profesionales de las organizaciones agrarias que durante todo el año ofrecen esta cobertura.
La gerente regional de Asaja, Nuria Ruiz, pone el acento en los eco-regímenes, hasta nueve prácticas medioambientales sostenibles, que tienen carácter voluntario y por la cual, los agricultores recibirán una serie de ayudas que varían en función del eco-regimen elegido.
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«La cuantía que se abona para el eco-regimen está calculada en función del coste que supone aplicarla. Lo que yo le diría al agricultor es que no se obsesione si va a ser lo mismo, es un cambio muy brusco, y tiene que echar muy bien las cuentas para ver si le merece la pena». Indica que hay gente «que ya hace cosas similares» y recuerda que «con que cumplas uno vas a cobrar lo mismo, aunque los importes son diferentes, pero no se puede andar jugando».
Aclara, por otra parte, que del sobre global nacional los eco-regímenes suponen el 23%, «eso es lo disponible, pero no lo que le va a llegar al agricultor por su aplicación; a unos será el 10 y a otros el 35%, va a depender de otros factores».
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Destaca que la nueva normativa tiene «muchísima complejidad» a la hora de su aplicación. «Ahora tienes que plantearte si puedes segar, si puedes labrar, si puedes echar fitosanitarios en estos márgenes o no...es muy compleja y si metemos muchas cosas, más se complicará».
Por último, la abogada especialista en derecho agrario, Celia Miravalles, apunta dos aspectos que tienen más que ver con lo jurídico que con lo puramente agrícola:
Hay un cambio «brutal» pues se va a pasar de lo que se conocía como el 80-20, a tener en cuenta el 25% de los ingresos totales. Para cobrar las ayudas tienes que desempeñar una actividad agraria, estar dado de alta en el registro de explotaciones agrarias, como siempre, o cobrar menos de 5.000 euros. Si la cuantía es superior a esa cifra, hay que estar dado de alta en al seguridad social agraria o contar con ingresos agrarios significativos, y eso se traduce en que del total de ingresos del IRPF (rentas, acciones, o cualquir otro ingreso), un 25% como mínimo, proceda de la actividad agraria. «Esto le puede afectar al pequeño agricultor que no es tan pequeño, pero no tan grande. Ha cambiado mucho», indica Miravalle.
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Salvo algunas excepciones, ahora se pasa de un peaje del 20 al 30%. «Con esto lo que se pretende es que vaya todo asociado a la tierra».
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