Colegios privados y enseñanza pública rechazan la lista de centros autorizados

Son las preguntas que siguen haciéndose los padres con niños de 2 a 3 años, unos 13.600 en la región (3.100 en Valladolid). La Consejería de Educación publicó ayer su revisión del borrador de los centros que podrán admitir a niños el próximo curso. lo ha hecho coincidir con la apertura este lunes de los plazos de matriculación, lo que ha generado una gran «inquietud e inseguridad» entre las confederaciones de padres y madres, así como en colegios, escuelas y centros que deben ofertar este servicio.

La lista ha corregido ligeramente el listado (tanto públicos como privados). En la inicial, publicada en febrero, se incluyeron 604 centros de la región, de los que 121 son colegios públicos y casi el doble (234, privados. A estos habría que añadir una gran parte de los 218 municipales que se gestionan de forma privada. Por último, figuraban 30 escuelas infantiles de la Junta.

La revisión publicada este lunes establece dos categorías: las escuelas infantiles de la Junta y los colegios públicos, que podrán matricular hasta el 3 de mayo. Y los centros municipales (también hasta el 3 de mayo) y centros privados (libertad de matrícula). La norma establece un máximo de 20 plazas por clase, aunque aún no están claros los ratios mínimos de niños (al parecer oscilarán entre 13 y 15) que dependerán de condiciones demográficas de cada localidad o capital.

«La Junta ha organizado un 'café para todos'. Trata igual a los que llevamos muchos años que al resto. Su estrategia es abrir la mano y el año que viene ya se ajustarán los permisos», critica el portavoz de la Asociación Regional de Escuelas Infantiles Autorizadas (AEIPRICyl), Enrique Vilar, quien ya anuncia que su colectivo «acudirá a los tribunales» por sentirse perjudicados. «'Café para todos' no es igualdad sino discriminación», insiste Vilar.

Entre los más de 165 centros privados que no habían pasado hasta ahora evaluación alguna y ahora tratan de adaptarse a una nueva realidad que pone en peligro su continuidad reconocen que «la Junta ha querido salvar la papeleta este curso y que, aunque hemos entrado en este curso, quedaremos fuera en el siguiente», reconoce la presidenta del colectivo (AECIPcyl), Pilar Granados.

Temen que el «exceso de sobreoferta» provoque que muchos centros que ahora van a matricular a niños «no puedan llegar a los ratios que pida la Junta y al final tengan que dejar 'colgadas' a las familias».

Pero también los defensores de la enseñanza pública muestran una gran decepción por cómo va a arrancar esta nueva oferta educativa. «Será un mazazo para la pública porque perderá un alumnado potencial que, una vez elegido un tipo de centro en la más tierna infancia es muy raro que cambien», resume la presidenta de la Confederación de Federaciones de Padres y Madres de la Enseñanza Pública (Confapacal), Soledad Alegre.

Esta organización, junto a varios sindicatos, lleva desde que se anunció este proyecto en enero luchando por que se articule un «sistema de evaluación» de centros que diera participación a los colegios públicos y despejara las incógnitas de las familias. «Si hay conciertos con dinero público, las reglas deberían ser iguales para todos», reclama Alegre.

El sindicato CSIF denunció hace unos días ante el Procurador del Común a la Consejería de Educación por su «negativa» a negociar este proceso y no trasladarlo a las Comisiones de Escolarización, tal y como marca la normativa. «Se está llevando a cabo sin la información y negociación necesaria», lamenta la portavoz de Educación de CSIF en Castilla y León, Isabel Madruga.

«Nosotros tampoco hemos sido convocados», denuncia Alegre, quien asegura que hay colegios públicos de la región que «han sido incluidos en este nuevo servicio sin siquiera consultarles a pesar de que carecen de medios. Y otros que lo han pedido porque sí los tienen se les ha denegado».

En las últimas semanas tanto las escuelas infantiles como las plataformas por la enseñanza pública han organizado distintas concentraciones y marchas en defensa de un sistema de gestión de este proceso claro y que despeje las dudas de las familias. Castilla y León recibirá más de 38 millones de euros de los fondos europeos (Next Generation) para la gratuidad del acceso en la primera infancia a la educación.

En la oferta de carácter público, el nuevo listado en la provincia de Valladolid incluye a 28 colegios (10 de ellos en la capital) que ofertarán 30 clases para estos niños nacidos en 2020. A esta cifra se añaden cinco escuelas infantiles de la Junta con seis clases (la mitad en la capital).

Desde el ámbito privado habrá 53 centros municipales (10 en la capital), 52 centros privados (36 en Valladolid) y 22 colegios privados (todos en Valladolid). Respecto al número de aulas, las 36 de carácter público contrastan con las 100 que estarán en manos privadas. Aunque hay que recordar que más de la mitad serían en esos centros de los ayuntamientos (casi siempre gestionados en conciertos privados).

La provincia de Valladolid incluyó en el primer borrador 119 centros que habían cumplido los criterios de Educación. Dominaban los colegios privados (62), seguidos de las escuelas municipales (45), los públicos (9) y las escuelas infantiles de la Junta (3).

1- ¿Cuántas plazas se ofertarán finalmente en la nueva enseñanza gratuita para niños de 2 a 3 años que arranca en el curso 2022-2023?

Incluso cuando acabe el periodo de matriculación (18 de abril al 3 de mayo, salvo colegios privados que tienen libertad) será difícil saberlo. Educación ha autorizado a unos 600 centros en toda la región y una cifra muy similar de unidades (clases). La norma dice que el «número máximo por unidad será de 20» niños. Pero la Junta establecerá diferentes ratios en función de criterios poblacionales. Se habla de entre 13 y 15 mínimos por aula.

2- ¿Cuántas plazas se crearán realmente?

Con datos del INE (Estadística) la Junta calcula que hay unos 13.600 niños en la región nacidos en 2020 (este año se oferta solo clases de 2 a 3 años). En Valladolid serían unos 3.100. No será una educación obligatoria pero «todos los matriculados estudiarán gratis», insisten en Educación.

3- ¿Qué criterios se han aplicado para elegir los centros?

Se supone que los Inspectores de Educación han visitado todos los centros para establecer si pueden cumplir las condiciones de espacio, aulas, separación de patio con el resto de escolares, instalaciones... así como de la cualificación de los docentes. Hay que entender que no serán guarderías sino centros con un concepto formativo.

Los colectivos de centros privados, los sindicatos y las federaciones de la Enseñanza Pública aseguran que este proceso se ha hecho sin consultar a la comunidad educativa y sin negociar las condiciones de adaptación de cada uno.