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La Consejería de Educación publicó este viernes su primer listado con los centros de Castilla y León que podrán optar a las 3.765 plazas de Educación Infantil gratuita (0 a 3 años) que se pondrán en marcha de forma progresiva en los próximos tres ... cursos. Así, el próximo curso empezaría con 1.255 plazas en el tercer curso de este primer ciclo de Infantil, para el que el Gobierno central transferirá a la Junta de Castilla y León más de 11 millones de euros de los fondos europeos Next Generation.
El listado incluye a varios cientos de colegios y escuelas, tanto municipales como de la Junta, así como privados, colegios concertados y públicos. Era esperado con gran expectación, en especial por los centros específicos para los más pequeños, muchos de ellos considerados guarderías hasta ahora, y que se juegan su continuidad. Y ha llegado después de que las entidades locales u otras corporaciones públicas, o centros públicos y privados comunicasen las unidades y plazas escolares con las que se querían adherir a la oferta gratuita de plazas de dos a tres años para el curso escolar 2022-2023.
En las últimas semanas, los inspectores de Educación han recorrido los centros para descartar aquellos que no cumplen los requisitos del Real Decreto 12/2008 que establecía las condiciones para ofertar estas enseñanzas, que deben ir más allá de la simple guarda y custodia de los infantes. El listado final ha cumplido los miedos de algunas organizaciones que representan a centros privados que temían una avalancha de oferta en colegios generalistas, privados y públicos.
Hay más de 400 escuelas infantiles de 0 a 3 años en la región. La asociación AEPRICyL representa a las 40 autorizadas que ya cumpían los requisitos legales. «El hecho de que haya miles de aulas vacías en los colegios, tanto públicos como privados, no puede utilizarse para hacer manga ancha», se queja su portavoz, Enrique Vilar, quien considera que «da la sensación de que hay muchas instalaciones que no se han inspeccionado y han pasado 'el corte'». Por eso anuncia que «pediremos explicaciones al director de Centros de la Junta».
La presidenta de la Asociación de Escuelas Infantiles de la región (de las que muchas están pendientes de regularizarse), Pilar Granados, advierte de que la nueva realidad educativa «podría acabar con un sector para salvar a otros». Granados asegura que la Junta ha hecho «un primer filtrado, pero falta el definitivo» y que hay capitales en las que la mitad de sus colegios para los peques han quedado fuera, lo que genera una gran inquietud entre padres y profesionales, «el 99% mujeres».
Considera que la Junta debería «rechazar a aquellos centros que no están ofreciendo este primer ciclo educativo» y denuncia el riesgo de «una saturación de la oferta ante una previsión de demanda de plazas que no será tal. Y mucho menos en el futuro con la evolución demográfica de Castilla y León».
Si va a haber o no una segunda revisión, Educación tendrá que darse prisa ya que las matrículas en sus escuelas infantiles y los centros públicos o de educación obligatoria tendrán se abrirán el 18 de marzo. Para el resto (municipales o de entidades privadas ya autorizadas o en proceso) no habrá plazos.
Además, las organizaciones de colegios de Educación Infantil han convocado una manifestación estatal el 6 de marzo en Madrid para protestar por lo que Enrique Vilar llama «el maltrato al primer ciclo educativo, ya que no se están defendiendo las necesidades de los niños sino las de los centros».
En la provincia de Valladolid se incluyen hasta 119 centros que han superado la inspección. Dominan los colegios privados (62), seguidos de las escuelas municipales (45), los públicos (9) y las escuelas infantiles de la Junta (3).
Con 11 escuelas propias de 0 a 3 años y 783 plazas, el Ayuntamiento de Valladolid tiene la mayor oferta de la comunidad. Casi la mitad de esas matrículas (unas 400) son de niños de 2 a 3 años, de las que, en principio 10 de sus 11 instalaciones han superado las exigencias de la Junta.
Los partidos políticos de Castilla y León convirtieron la enseñanza de 0 a 3 años en oferta electoral para las elecciones del 13-F, aunque es una prestación incluida en la nueva ley educativa (Lomloe) del Gobierno central.
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