La caza y la pesca son gratis en Castilla y León

Cazadores y pescadores estarán exentos de pago de estas tasas lo que resta de diciembre y todo 2023, pero esa gratuidad se extenderá en la práctica durante cinco años a partir del 1 de enero, cuando entre en vigor el presupuesto que tramitan ahora las Cortes para el próximo año y cuya Ley de Medidas amplía la vigencia de los permisos de caza y pesca a cinco años. De esa manera, la licencia se podrá obtener sin coste durante un año y permitirá la práctica de la actividad durante un lustro. Hasta 2028. La ventaja se aplicará también a la caza con galgo. El Gobierno de coalición la defiende «como medida de apoyo al sector cinegético», según recoge la exposición de motivos de la ley.

La entrada en vigor de la Ley de Rebajas Tributarias hace efectiva la rebaja de la tarifa del tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta (IRPF) para los primeros 12.450 euros que pagan todos los contribuyentes. Pasa de pagarse el 9,5% al 9% y eso supone, según calculó en su día el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, al presentar la medida, 35 euros por contribuyente y año. Esta medida tiene efecto retroactivo a 1 de enero de 2022 y será efectiva en el bolsillo de los ciudadanos que hacen la declaración, en las devoluciones de la campaña de la Renta de la próxima primavera. Esta medida no es de aplicación para las personas que no hacen la Declaración de la Renta.

También «con efectos desde el 1 de enero de 2022» se modifican las deducciones por nacimiento o adopción que se aplican en los municipios de menos de 5.000 habitantes, mejorándolas en un 40%. Así, lo padres podrán deducirse 1.420 euros si se trata del primer hijo, 2.070 euros si es el segundo hijo y 3.300 euros si se trata del tercer hijo o sucesivos. El resto de las localidades, de más de 5.000 habitantes y urbanas, esa desgravación no varía y se mantiene en 1.010 euros si se trata del primer hijo, 1.475 euros con el segundo hijo y 2.351 euros si se trata del tercer hijo o sucesivos. La redacción de la ley, sobre la que advirtió el Consejo Consultivo de Castilla y León y que no ha sido corregida ni por la Junta ni mediante enmiendas en el trámite parlamentario, deja fuera de esa mejora rural a pedanías que están adscritas a municipios de más de 5.000 habitantes como las que dependen de Ponferrada, Aguilar de Campoo, Tordesillas o Cuéllar, al utilizarse este término «municipio» -frente a «localidades» o añadir «entidades locales menores»-, por lo que los nacimientos que se den en estos pequeños pueblos recibirá un apoyo económico similar al del municipio cabecera o la capital de provincia. El apoyo a la natalidad se traduce en 190.000 euros para 2023 y 2024, según la memoria económica elaborada por la Junta.

La ley contempla desgravaciones en los impuestos que gravan las compraventa «de inmuebles que vayan a constituir la sede social o centro de trabajo de empresas o negocios profesionales» o el arrendamiento de fincas rústicas en «los municipios o entidades locales menores» que no llegan a 10.000 habitantes, padrón que será más estricto y baja a 3.000 residentes si las localidad está a menos de 30 kilómetros de una ciudad.

La entrada en vigor de la normativa supone la ampliación de la exención en el pago de las tasas que abonan los ganaderos por servicios veterinarios, gratuidad que se aplica también a la que la Junta cobra a los transportistas. En este caso, el periodo de gracia es más corto que el aplicado a las licencias de caza, y se estipula en tres meses desde la entra en vigor de la ley, lo que sitúa el fin de esa exención en el próximo 13 de marzo. La memoria económica elaborada por la Consejería de Economía y Hacienda refleja que la desgravación por tasas veterinarias dejará en el bolsillo de los ganaderos 130.000 euros y la de transporte supondrán un coste en ingresos a la Junta de 368.750 euros.

Completan las desgravaciones en el campo de las tasas la exención «durante un periodo de cuatro años» de la que abonan los trabajadores «para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación». Y por un año será gratuita «la tasa por la expedición de certificados de profesionalidad».

El total del coste de estas desgravaciones entre el final de 2022 y 2024 asciende en el informe oficial de la Junta a 30,6 millones de euros.