Castilla y León tramitará una rebaja autonómica de 35 euros por contribuyente en el IRPF

En los hogares en los que trabajen dos progenitores, supondrá una minoración en el pago del Impuesto sobre la Renta de 70 euros respecto a esa tarifa vigente en este momento, que es ya la segunda más baja de mapa autonómico. Si se toma como referente a otras comunidades que en ese tramo autonómico del IRPF aplican el 10,5%, el «ahorro» sería 105 euros por contribuyente. Son dato que facilitó en la presentación del plan el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.

La rebaja del IRPF en Castilla y León supondrá a la Junta dejar de ingresar 20 millones anuales. Su efecto de respuesta al «agravamiento» de la situación económica no será inmediato, dado que necesita una tramitación a través de un proyecto de ley que el Gobierno autonómico iniciará en los próximos días, pero que no se debatirá y aprobará en las Cortes hasta la recta final de año. Eso sí, Alfonso Fernández Mañueco avanzó que tendrá efecto retroactivo con fecha de 1 de enero de 2022. El calendario de declaración de este impuesto hace que no sea efectiva la rebaja presentada hasta dentro de un año, cuando a partir de la primavera la Agencia Tributaria abra el periodo de presentación y liquidación del Impuesto sobre la Renta correspondiente a 2022.

Entre las medidas que sí tendrán un efecto inmediato figuran la devolución temporal durante tres meses de las tasas autonómicas que se pagan por transporte por carretera y servicios veterinarios y el incremento del 15% de la cuantía que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades abona a las personas sin recursos a través de la Renta Garantizada de Ciudadanía, prestación concebida para combatir la pobreza, además de un refuerzo de 4 millones de euros a ayuntamientos y diputaciones para abonar ayudas de emergencia. Con estas se pagan, por ejemplo, facturas de electricidad, calefacción o alquileres en hogares con grave situación de carencia.

«Este es el primer día de trabajo y este Gobierno, del que se están diciendo tantas cosas, lo que hace es generar más derechos económicos y sociales para las personas», ha defendido el presidente de la Junta en una rueda de prensa que ha seguido, como espectador y sin participar en ella, el vicepresidente Juan García-Gallardo.

Fernández Mañueco sumó a esas medidas la actualización de las cuantías que la Junta paga a pacientes obligados a desplazarse para recibir asistencia sanitaria, además del kilometraje y dietas por razón de servicio a los empleados públicos, ante el incremento del precio de los carburantes.

Entre las líneas de financiación figura una para inyectar liquidez a las estaciones de servicio para dar respuesta a las dificultades para afrontar el abono de los 20 céntimos por litro que luego les ingresa el Gobierno central. Mañueco apuntó que las gasolineras «actúan de entidades financieras» para el Estado y que hay casos de demora en el ingreso por parte del Ministerio de Hacienda que provoca que haya empresarios que incluso no puedan abrir. Sobre todo, pequeñas gasolineras del medio rural.

La Junta incrementará en 9 millones la partida que ya paga a las empresas de autobuses para sufragar el «déficit tarifario» de unos trayectos interurbanos que son deficitarios en su práctica totalidad en la comunidad y reforzará con 10 millones de euros los 30 millones para ayudas directas a los profesionales del campo que impulsan el Gobierno de España y las instituciones de la UE. Agricultores y ganaderos podrán acceder a préstamos blandos de hasta 200.000 euros por titular de explotación, además de avanzar en el anticipo del pago de las ayudas de la PAC, abonando el 70% antes del 16 de octubre.

El presidente de Castilla y León ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez, de nuevo, reclamaciones reiteradas en los últimos meses: que se utilice en la comunidad el remanente de los fondos europeos de ayuda a empresas que no fueron adjudicados por «la rigidez de los criterios que se exigían», un fondo extraordinario para sufragar la atención a los refugiados ucranianos y un IVA superreducido en la electricidad y el gas para que «familias y empresas puedan ganar competitividad y cuadrar cuentas».

Sobre esa rebaja en el IVA, dado que el 50% de la recaudación de este impuesto es transferido por el Gobierno central a la Junta, el dirigente autonómico ha asegurado que están dispuestos a asumir ese impacto en los ingresos. «No es presentable recaudar más ni de más mientras las familias y las personas están sufriendo», censuró Mañueco.

Tanto el presidente como el consejero de Economía y Hacienda, al ser preguntados por cómo se va a financiar el plan anticrisis, se abonaron a la argumentación de que mas que un coste hay que aplicar la perspectiva de una estrategia de 'inversión' para superar el escenario de estrangulamiento económico que han propiciado la inflación y el alza de los costes energéticos, agudizado por la repercusión de la invasión rusa de Ucrania en los mercados y en el suministro de materias primas y componentes industriales. Carlos Fernández Carriedo explicó que parte de los 470 millones en los que se valora el plan no son pagos directos, sino ingresos que no entrarán en un primer momento por las rebajas fiscales, pero que esa «bajada de impuestos va a favorecer de cara al futuro el incremento de la recaudación» al generar una mayor actividad económica. «Lo verdaderamente caro y costoso para Castilla y León sería no hacer nada, no tomar medidas», concluyó el consejero.