Castilla y León se suma al 'no' del PP a la condonación de la deuda

«Salimos muy decepcionados porque, ni en la reunión del grupo de trabajo previa, ni luego, hemos visto ninguna voluntad de la ministra de Hacienda de intentar dar participación a las comunidades autónomas, de hacer una reunión multilateral y de que vayamos todos en condiciones de igualdad», resumió Carriedo al término de la reunión.

Las comunidades del PP mantuvieron el frente planteado por su líder, Alberto Núñez Feijóo, que ya anticipó que la respuesta de sus territorios a la propuesta de condonación de la deuda sería negativa. Nadie se salió del guion, ni siquiera la comunidad que a priori sale más beneficiada, Andalucía. Y Castilla y León tampoco.

«Lo que hay es lo que hemos visto, un acuerdo entre el Gobierno y ERC que ahora se quiere imponer a todas las comunidades autónomas. Y nosotros en estos no podemos participar porque no estamos todos en condiciones de igualdad. Lo que es de todos debe decidirse entre todos y el Gobierno ha decidido que lo que es de todos se negocia con los partidos separatistas», añadió Carriedo.

¿Y ahora qué? Pues el Gobierno, con su propio voto y el de las comunidades autónomas a favor, Castilla La Mancha, Asturias o Cataluña, tenía más que suficiente para aprobar la propuesta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lo que pasa es que la tramitación, en realidad, no ha hecho más que empezar. Ahora llega la parte más compleja. El propio Carriedo lo avanzó. «Parece que tiene que elaborarse una ley orgánica, está sin redactar y no sabemos si va a haber apoyos suficientes para que se apruebe», dijo.

Luis Tudanca, aún portavoz socialista en las Cortes de Castilla y León, jugó a la futurología política en sus redes sociales. «Lo que va a pasar con la condonación de la deuda: 1. El PP gritará mucho 2. Las comunidades autónomas votarán en contra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera 3. El PP votará en contra en el Congreso e intentará pactar con Junts para tumbarlo 4. Los presidentes del PP firmarán el convenio y cogerán el dinero».

Porque la clave está en la votación del Congreso. Allí volverá a ponerse a prueba la mano izquierda del Gobierno para conseguir un voto mayoritario. Convertido en ley orgánica, el brete pasará a ser de las comunidades autónomas del PP. Esa es la estrategia del Gobierno en este caso. Y sin embargo eso no obviará que los populares vuelvan a reivindicar un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas. «La quita no es la solución», insistía Carriedo. «Castilla y León paga sus deudas. Lo que queríamos era un modelo de financiación para garantizar la financiación de la sanidad, la educación y los servicios sociales. El modelo está caducado desde 2014», recordó.

Es decir, un modelo caducado desde la etapa de Mariano Rajoy y durante todo el mandato de Pedro Sánchez. Va para once años. Pero la dificultad, en este caso, estriba en que cada comunidad autónoma apuesta por un criterio diferente. Y eso crea recelos entre territorios gobernados por el mismo partido. Por ejemplo, Castilla y León quiere que el modelo se revise bajo el prisma del coste real de los servicios. No es lo mismo gastar cada año más de 40 millones de euros en rutas de transporte escolar, por la dispersión geográfica, gestionar la sanidad de una población envejecida, que gestionar esas mismas áreas en la Comunidad de Madrid.

Eso es lo que explica las reticencias de los diferentes gobiernos a emprender una reforma profunda del modelo. «En la última conferencia de presidentes de diciembre la mayoría de los presidentes autonómicos quisieron incluir el punto de la financiación autonómica en el orden del día, y se incluyó solo porque lo pidieron las comunidades autónomas. Y el presidente del Gobierno decidió que no era el momento de hablar, que sería en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y el Consejo era hoy y no se ha hablado de financiación autonómica, no había ningún punto y solo había un acuerdo que no es lo que queremos las comunidades autónomas», reiteró Carriedo.