Castilla y León registra una evolución lenta en gasto sanitario, social y educativo

Los recortes en políticas sociales implantados en todo el territorio nacional a partir del año 2010 –especialmente drásticos en 2013 y 2014– produjeron que en ese año se registrase el nivel más bajo en gasto autonómico en servicios sociales. Dentro de este panorama general, hay comunidades que han respondido bien a la recuperación mientras en otras es anecdótico. Desde 2014 hasta 2022 se han producido incrementos en la inversión de estas políticas en todas las autonomías y especialmente, con motivo de la pandemia, hay un incremento en Sanidad y en Servicios Sociales provocado por la gestión de la misma.

Entre 2009 y 2022 se aumentó en 8.602,6 millones de euros el gasto en Sanidad, un 13,40% respecto a 2009 en toda España. En la región fueron 812 millones. Cataluña (-12,22%) redujo su gasto en Sanidad, mientras que Aragón +3,16% y la Comunidad de Madrid (+5,74%) lo incrementaron muy por debajo de la media. En el otro extremo se sitúa Baleares con un crecimiento del 51% en sus cuentas asistenciales. Navarra, Cantabria y Andalucía lo hicieron por encima del 25% yCastilla y León, en un más discreto 23,17% que le otorga el sexto puesto en incremento. En el gasto por habitante, la comunidad ocupa el quinto lugar con una media de 1.819 euros per cápita y por detrás de Asturias, el País Vasco, Extremadura Navarra. Una cuantía, no obstante, que supone el 38,4% del porcentaje sobre el presupuesto total de la comunidad, el más alto de todos los territorios. La media nacional es de 1.538 euros y la más alta, la asturiana, es de una inversión de 1.997 por habitante.

En Servicios Sociales, el aumento de la Junta fue de 22,5% en dichos trece años, 173 millones más. Un dato que sitúa en la décimo quinta posición a la comunidad, solo por encima del 15,7% de Andalucía y Castilla-La Mancha con un -4,05% , la única que escribe en negativo su evolución. Castilla y León dedicó sólo el 8,4% de sus presupuestos anuales a la atención social, un punto por encima de la media nacional, con 397 euros por habitante, 25 más que España.

Y aún más a la cola se sitúa en Educación. La última de todo el país. La Administración autonómica invirtió 129 millones de euros más el año pasado que en 2009, sólo un 5,9% de incremento, lejos de la media de las comunidades, del 19,37%%, según el informe de este observatorio. Solo Castilla-La Mancha se aproxima a este negativo balance, con un 6,8% de aumento y 134 millones más dedicados a Educación. Esto supone que la Junta dedicó una quinta parte de su presupuesto a este capítulo (20,5%), con 969,38 euros por habitante, la cuarta con menor cifra.

Haber contado con Presupuestos Generales del Estado ha propiciado también el aumento en políticas sociales, aunque no ha sido igual en todas las comunidades. Sin embargo, el porcentaje del presupuesto que se dedica a políticas sociales mantiene una tendencia a la baja desde el año 2010, perdiendo 8,6 puntos porcentuales, desde el 67,39% hasta los 58,78% actuales. Si se hubiera destinado el mismo porcentaje que en 2010, se hubieran invertido casi 20.100 millones de euros más en 2021.

Aunque la crisis sanitaria y social provocada por el covid-19 «demostró la importancia del gasto en servicios públicos esenciales de Sanidad, Educación y Servicios Sociales, el incremento del gasto en estas políticas gestionadas por las autonomías sólo ha sido el 13,5% entre 2019 y 2022 (7,9% en Sanidad, 17,7% en Educación y 28,8% en Servicios Sociales, mientras que el incremento de la factura en el resto de políticas fue el 41% en ese mismo periodo, tres veces más. Ello evidencia la pérdida de peso específico del gasto social en las comunidades», destaca el informe.

El Observatorio también destaca que «el mayor aumento en el gasto autonómico ha sido en el pago de la deuda (1.469 millones de euros en la región), multiplicándose por el coste total y aumentan o en 728 euros por habitante. De esta manera, mientras que el gasto por persona en políticas sociales ha aumentado en 404 euros el pago de la deuda lo ha hecho en casi el doble, limitando así la capacidad de las comunidades para incrementar su gasto en estas políticas básicas».