Castilla y León reduce la presión fiscal pero sin saber si cumple con sus objetivos

El Consejo de Cuentas de Castilla y León calcula, en su informe sobre fiscalidad de los años 2021 y 2022, que los incentivos fiscales aplicados «entre 2017 y 2023 suponen un 30% de los ingresos que tendría teóricamente Castilla y León si no existieran». Por dos vías.

Por un lado, los incentivos que pone la comunidad autónoma respecto a los tributos, tasas e impuestos que dependen de ella, ya sea en exclusividad o cedidos en parte por el Estado (caso de las deducciones de la parte autonómica del IRPF). En 2017 esos incentivos autonómicos tenían un coste, en cuanto a disminución de la recaudación teórica, de 283 millones de euros. En el año 2023 alcanzaron los 600 millones. Esto tiene un porqué muy definido: la bonificación al 99% del impuesto de sucesiones y donaciones. En el caso de los impuestos estatales, se pasó de dejar de ingresar 1.878 millones en 2017 a 2.357 millones en 2023. En este caso por las reducciones en el IVA y en el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

La Junta de Castilla y León explica en su memoria de beneficios fiscales que el ahorro fiscal para los contribuyentes «no conlleva una pérdida de recaudación tributaria, al corresponder con donaciones que en su mayoría no se hubieran realizado en ausencia de la bonificación del 99%». Un argumento que comparte el Consejo de Cuentas en su informe. Pero sí especifica en su memoria que este tipo de rebajas, en referencia a la bonificación de las donaciones 'inter vivos', generan «un efecto llamada» que provocan que «aumenten estas transmisiones de manera inmediata», para después «desaparecer y reducirse drásticamente».

El número de personas que se han beneficiado de los incentivos y beneficios fiscales ha aumentado, según el Consejo de Cuentas. «Entre 2017 y 2022 la comunidad autónoma pasó de 162.410 contribuyentes con beneficios fiscales a 186.461», explica en su memoria. Y añade que el importe de esas rebajas «pasó de 301 millones a 713». Encuentra unas causas variadas entre las que destaca alguna como el aumento de los contribuyentes bonificados en el impuesto de sucesiones por fallecimiento (herencias) en un momento en el que se venía de una elevada mortalidad por la covid. En el lado contrario, bajó el número de contribuyentes beneficiados por las reducciones en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados porque desapareció «el tipo reducido del 0,01% en hipoteca sobre la residencia habitual de jóvenes», con lo que cayó desde los 4.141 que se beneficiaban en 2017 a 888 que obtuvieron alguna rebaja en 2022 en ese tributo.

Por tipo de impuestos, los beneficios fiscales ejecutados en el tramo autonómico del IRPF fueron 91.727, cifra muy similar en 2022 a la que se obtuvo en 2017, ya que se trata de campañas y deducciones muy estables. Las deducciones de apoyo a la familia supusieron 29,44 millones de beneficios para 62.951 contribuyentes. Y las deducciones por adquisición de vivienda y similares, a 19.780 contribuyentes por 9,07 millones. En el capítulo de sucesiones y donaciones, 68.049 contribuyentes obtuvieron rebajas en el impuesto de sucesiones, por 529,1 millones de euros; y otros 20.392 en el tributo por donaciones, por 116,94 millones.

En cuanto al de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, las rebajas beneficiaron a 1.582 contribuyentes por 5,08 millones.

La ley de Presupuestos Generales de Castilla y León para 2024, recientemente aprobada, fija en su exposición de motivos el objetivo «claro» de garantizar «la equidad y calidad de los servicios públicos, consolidando el ritmo de crecimiento que se ha logrado para seguir generando en Castilla y León oportunidades de futuro, con una fiscalidad moderada, selectiva e inteligente». Con ese objetivo se fija la política fiscal que se recoge en la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas. Pero dice el informe del Consejo de Cuentas que a la hora de la verdad no existen herramientas para saber si el objetivo propuesto se cumple o no. Por ejemplo, en el impuesto de sucesiones y donaciones, en el que se ha intervenido de manera más rotunda en los últimos años. «Establece un objetivo general, 'aumentar el consumo e inversión' para que incentiven el crecimiento económico y la creación de empleo, incrementando la recaudación por otros impuestos –como podría ser el IVA–. No se especifican objetivos concretos ni se fijan indicadores para ver si se han conseguido», señala el Consejo de Cuentas.

Es el principal defecto que este organismo encuentra a la política fiscal de la comunidad. Que visto el enfoque y las decisiones, no se sabe después si ha sido acertado o no, más allá de la comparativa estadística.

Pero hay otra derivada peligrosa de este afán común de bajar impuestos que propugnan especialmente las comunidades bajo mando del PP o PP-Vox. «Existe una competencia fiscal a la baja entre comunidades», advierte el Consejo de Cuentas, que «no contribuye a mantener una presión efectiva global equivalente en todo el territorio». Y eso puede dar lugar a desequilibrios, como el famoso 'dumping' fiscal del que Castilla y León ha acusado muchas veces a la Comunidad de Madrid o al País Vasco, territorios vecinos y con capacidad para atraer empresas de calado por tener mejores condiciones fiscales.

Pese a la gran cantidad de deducciones y rebajas, en su informe sobre la fiscalidad autonómica hasta 2022 el Consejo de Cuentas anota que hay algunos impuestos y tributos en los que la comunidad autónoma no ha ejercido sus competencias. Señala, por ejemplo, que en el tramo autonómico de la deducción por inversión en vivienda habitual puede «aumentar o disminuir el porcentaje de la deducción», lo que no ha hecho. En el impuesto sobre Patrimonio podría aplicar «deducciones y bonificaciones de la cuota, tipo de gravamen o mínimo exento».

Del mismo modo, en el de Sucesiones y Donaciones no ha modificado «la tarifa del impuesto ni las cuantías y coeficientes del patrimonio preexistente». Y tampoco en el Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados ha aplicado cambios «en el gravamen aplicable a los arrendamientos de bienes muebles e inmuebles».

En la ley de medidas de 2024, sin embargo, sí se han añadido algunas novedades. Por ejemplo, se ha aprobado «un nuevo beneficio fiscal en la modalidad del Impuesto sobre actos jurídicos documentados, por actuaciones de agrupación, agregación, segregación y división de parcelas en suelos industriales y terciarios, sitos tanto en el medio rural como en el urbano».

También se han mejorado beneficios ya existentes. «Se modifica la deducción incrementada en el IRPF por nacimiento o adopción en el medio rural ampliando los potenciales beneficiarios a todos aquellos residentes en entidades locales menores cuya población no exceda de 5.000 habitantes y que por pertenecer a municipios de más de 5.000 habitantes no disfrutan de la misma». También se modifica la «bonificación en la cuota por arrendamiento de fincas rusticas en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas». Y se cambia la aplicación de las reducciones y bonificaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, «eliminando cualquier restricción que pudiera existir en la equiparación a los cónyuges de los miembros de las parejas de hecho».