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La reunión con el Ministerio de Educación era para abordar un documento que se envió el miércoles al mediodía a las comunidades autónomas, con objetivos generales para el comienzo de curso. «Los que Castilla y León ha defendido siempre, apostar por la presencialidad y no ... mezclar métodos», señalaba la consejera de Educación, Rocío Lucas. Además, se establecía, en un informe con 14 puntos que solo dejaron de firmar Madrid y País Vasco, que las clases comenzarán en las fechas habituales de septiembre -el 9, propuso la Consejería de Educación- y que el curso durará, como siempre, un mínimo de 175 días lectivos. El acuerdo también recoge que será cada centro educativo, dentro del marco que fije la consejería de Educación, el que elabore un plan en el que establecerá cómo será su organización concreta para adaptarse a esta nueva realidad educativa, informa Colpisa.
Más información sobre la vuelta al curso
Sin embargo, la estrella del día fue otro documento, el que llegó el miércoles por la tarde, «un borrador», explicó Celaá, con propuestas de adaptación más concretas. «Era un borrador con medidas higiénicas y sanitarias y la ministra ha pedido disculpas por las filtraciones, porque llegó como borrador sin haberlo visto con nosotros». Y en ese documento preliminar, que las consejerías deberán examinar con las respectivas direcciones de Salud Pública, se establecen generalidades que dejan fuera aspectos esenciales de la educación en Castilla y León. Por eso este jueves, la consejera Rocío Lucas recordó esas peculiaridades que deberían llevar aparejada una mayor inversión. O, traducido, un mayor trozo del pastel financiero que tendrá que reforzar el sistema educativo. «Tenemos mil rutas de transporte educativo -1.1,00 más otras 854 combinadas-, más de 20.000 alumnos transportados todos los días, y eso implica reajustes en los que ya estamos trabajando. También hemos hablado de comedores escolares. Nosotros tenemos 35.000 alumnos en comedores escolares. Esos elementos se tienen que tener en cuenta en las guías y el borrador que planteaba el Ministerio no aborda estas medidas que son importantes para Castilla y León», explicó la consejera de Educación.
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Otra de las reivindicaciones de Castilla y León es contar con una mayor flexibilidad al aplicar los llamados 'grupos de convivencia'. «Hemos planteado que por qué tienen que ser con 20 niños y no con 22-23 si las distancias de seguridad se mantienen», indicaba Lucas, una cuestión que han planteado también otras comunidades autónomas. Educación trabaja de la mano de la Consejería de Sanidad para planificar el retorno a las aulas y las medidas de seguridad necesarias.
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