Castilla y León podrá ensayar la fase 1 en las 26 zonas rurales propuestas

Dicen los educadores que a los niños hay que ponerles límites. Un 'de aquí no se pasa'. El límite no debe ser arbitrario, explican, sino tener unas reglas claras. Hasta que no tengas 12 años, no hay móvil. Y eso quiere decir que no lo tendrás con 11 por muy bien que te portes. Francisco Igea, vicepresidente de la Junta, reclamó al Gobierno que oficiara de padre. Que impusiera unos límites en forma de horquilla, de estándares, de umbrales epidemiológicos. De criterios sanitarios insoslayables. De lo que fuera, pero nítidos. Con un factor de contagio de 1 no se pasa de fase, por ejemplo. O con tantos casos nuevos durante tantos días. O con menos de tantas pruebas de detección molecular (PCR) realizadas por cada cien mil habitantes. Algo palpable ante lo que no cabe queja alguna del crío: si no tienes 12 años, no hay móvil. Fin de la historia, por fuerte que venga la rabieta. El Gobierno no lo hizo y el entramado de comunidades autónomas ha respondido como cabía esperar: todos, salvo Cataluña y Castilla y León, piden la fase 1 para sus provincias –con alguna pequeña excepción en País Vasco y Andalucía– y que decida el Estado. Que tendrá que juzgar quién pasa y quién no sin haber dictado antes las normas.

Así que la decisión, ahora, ya no es sanitaria. Es política.

«Dentro de 15 días veremos: si todos los demás van bien la gente se reirá de nosotros; si se produce un rebrote, todos lloraremos con ellos», tuiteó el mismo miércoles por la noche el vicepresidente de la Junta. Le secundaba uno de los miembros del comité de expertos, Ignacio Rosell: «Mi región es muy prudente en su propuesta de desescalada. Y dentro de unas semanas los capitanes A Posteriori nos dirán si fuimos: 1) Torpes y retraídos, 2) Responsables y juiciosos».

Castilla y León, por tanto, se queda como está. No habrá terrazas aún. Ni podrán abrir todos los comercios. Si acaso, en los municipios que forman parte de las 26 zonas básicas de salud que propone la Junta para acceder a la fase 1, todas en el medio rural y con una población total de 53.509 personas.

El Gobierno, mediante los ministros Salvador Illa y Teresa Ribera, recibió el informe autonómico y acordó que la decisión se tomará de forma conjunta, aunque la predisposición parece buena. La Junta podrá ensayar así, en un territorio acotado, con cero positivos desde hace muchos días, medidas que serán claves en las siguientes fases, como la detección rápida de los casos, la realización de las pruebas por PCR y el rastreo de los contactos. También comprobará a pequeña escala si la población se comporta conforme a los riesgos que aún supone la presencia del virus en el día a día. Lo que epidemiológicamente se conoce como «transmisión comunitaria», es decir, contagios indiscriminados entre la población, sin una causa concreta.

Así, Castilla y León dispone de más tiempo para evaluar sus recursos, dar un respiro a su sistema sanitario y rebajar el número de casos activos antes de dar un gran paso adelante.

De este modo, una comunidad autónoma cogobernada por PP y Ciudadanos opta por quedarse casi al completo en la fase 0, mientras otra comunidad autónoma cogobernada por el PP y Ciudadanos decide solicitar, contra pronóstico, la fase 1. Y como la petición no se sostiene en criterios sanitarios infranqueables, emerge la política. Yolanda Fuentes, directora general de Salud de la Comunidad de Madrid, dimitió de su cargo. No estaba de acuerdo, al parecer, con la decisión de solicitar la fase 1 para Madrid y firmar la solicitud al Ministerio. De hecho, Madrid superó el plazo previsto para pedirla. Lo que ocurre es que la petición no implica necesariamente la concesión. Será el Gobierno el que ponga el visto bueno a cada una de las solicitudes o las rechace, como si fuera un papá.