Castilla y León necesita 395 millones más del Estado al año para sanidad y educación

Castilla y León recibía 7,43 euros de cada 100 que el Gobierno repartía entre las autonomías en 2002. Esa asignación menguó a 7,12 euros en 2008, a 6,77 en 2009, año en que entra en vigor el modelo de reparto actual, y toca suelo en 2021 en 6,77 euros de cada cien, mientras la factura de los servicios esenciales (educación, Sanidad y servicios sociales) ha crecido, pasando de 2.514 euros por habitante en 2009 a 3.219 en 2021. Esa evolución de los ingresos estatales a la baja y del gasto social al alza ha influido «en la generación de un déficit acumulado que ha tenido que financiarse con deuda pública», recoge el informe.

El trabajo analítico de los técnicos del Consejo de Cuentas de Castilla y León que acaba de ser registrado en las Cortes está elaborado a partir de datos oficiales del Banco de España, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, el INE y la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta que analiza y cruza tablas de ingresos estatales, contratación de deuda autonómica y evolución del gasto en los servicios esenciales para cimentar un informe de 206 páginas.

El trabajo pone cifra al descosido acumulado, de 2009 a 2021, que deja el modelo de financiación autonómica respecto de la factura de los servicios esenciales (la sanidad, la educación y los servicios sociales) que reciben los ciudadanos de Castilla y León, sin contar con que ese dinero debería servir para pagar otras competencias. «Hay que tener en cuenta que otras competencias tan importantes como las anteriores no se tienen en cuenta en el análisis y requieren de atención específica desde el Sistema de Financiación Autonómica, siendo sufragadas con otros recursos: la conservación de las carreteras, el abastecimiento y saneamiento del agua, la atención a la biodiversidad, la superficie forestal y la Red Natura 2000, la conservación o rehabilitación del patrimonio histórico, la agricultura, la ganadería, el desarrollo rural, las políticas de despoblación, la ordenación del territorio y el apoyo a las corporaciones locales, etc», puntualiza el documento.

El tamaño del roto de esos trece años en el caso de los servicios básico asciende a 5.137 millones de euros. Contundente, pero casi 2.500 millones menos de los estimados por la Junta, diferencia que puede deberse a que el Consejo de Cuentas tiene en cuenta recursos extraordinarios ingresados por el Gobierno central como los 1.584 millones que traspasó a la comunidad para combatir la covid-19 durante 2020 y 2021.

«En promedio supone una infrafinanciación de 395 millones anuales, con un 6% de gasto social no cubierto», refleja el informe sobre la gestión de la deuda pública y su relación con el sistema de financiación y el gasto social. «Si se tiene en cuenta la población, el déficit de financiación en promedio por habitante asciende a 158 euros por habitante», consigna el informe.

Lo que no ha llegado de la financiación estatal, se ha buscado en los mercados financieros. Castilla y León afrontaba en 2004 una deuda de 1.451 millones, que había crecido en 2021 hasta alcanzar los 13.215 millones de euros. Si la evolución de la deuda que soporta la Junta se trasladara al perfil de una etapa ciclista, la cuesta empinada, con alza de puerto de categoría especial, se encara a partir del año 2009, con la crisis mordiendo ferozmente la recaudación estatal y la autonómica.

La deuda autonómica ha cobrado relevancia política ahora, con el acuerdo entre el PSOE y los independentistas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para condonar a esa comunidad el 20% de los fondos que en estos últimos años le ha prestado el Estado a través de mecanismos de financiación interna. Los sucesivos gobiernos ha facilitado a las comunidades deuda por un monto que asciende en este momento a 179.763 millones, según puede verse en el informe del Consejo de Cuentas, que no se han repartido por igual entre los territorios.

Hay quien ha podido contratar por su cuenta, con autonomía, al disponer de una buena valoración de las agencias de riesgo. Es el caso de Castilla y León. De esos casi 180.000 millones de deuda autonómica de la que es prestamista la Hacienda estatal, sólo 2.349 están asignados a Castilla y León, apenas el 1%. «Las comunidades que acuden en mayor cuantía a esta fuente de financiación son Cataluña (el 38%), Comunidad Valenciana (el 25%) y Andalucía (15%)», se explica en el análisis del Consejo de Cuentas. Estos territorios son, de partida, los más interesados en el perdón de la deuda estatal que, de ser lineal y sin compensaciones alternativas, perjudicaría a Castilla y León.

Ese es un resumen esquemático de fotografía de situación que ubica bajo el mismo foco ingresos estatales, deuda autonómica y factura de los servicios públicos más sensibles. Desde el Consejo de Cuentas, que preside Mario Amilivia, subrayan que la imagen resultante pone de manifiesto que no se tienen en cuenta «factores no poblacionales» que encarecen las prestaciones y que esa «escasa ponderación» estatal «afecta a la financiación de Castilla y León, ya que no refleja de forma suficiente las singularidades que presenta por sus superficie, su dispersión y el impacto de la distribución geográfica de la población en el reparto de los recursos». También que «la baja densidad demográfica o el envejecimiento no están contemplados como tales en las variables poblacionales del modelo».

Los autores del informe defienden la necesidad de urgir en Madrid la negociación de la «revisión del sistema de financiación autonómica» para «aproximar los recursos recibidos a las necesidades de gasto reales». Plantean para ello un «catálogo de servicios común y consensuado por todas las comunidades» con valoración del coste de esas prestaciones. Es el argumento del coste efectivo para distribuir los fondos estatales entre las comunidades, frente al reparto puro y duro por número de habitantes.