Los pagafantas del mapa autonómico

El PP preside en solitario Galicia, Andalucía y Madrid. Y en compañía de Vox, la pionera Castilla y León, además de Valencia, Baleares, Aragón, La Rioja, Extremadura y Murcia. A mitad de camino se sitúan Cantabria, con presidenta del PP relevando al televisivo Miguel Ángel Revilla, que decidió apoyar a la popular en la investidura para que su elección no dependiera de los ultraconservadores, y Canarias. Hubo en mayo un efecto antiSánchez y antiPodemos, con La Moncloa y su cercanía a Bildu y a los secesionistas catalanes como lastre en el resto de España. Sánchez convierte esas conexiones ahora en un trampolín y redobla la apuesta por ellas.

En un mapa de 17 comunidades autónomas sobreviven tres presidentes socialistas. Queda, nada más, 'la cobija' del socialismo tradicional y hoy tachado de crítico en el partido que supone Emiliano García-Paje en Castilla-La Mancha, Adrián Barbón en Asturias y la navarra María Chivite. Ninguno fue al Senado a respaldar o rebatir los beneficios (o no) que para los ciudadanos de sus comunidades y para el conjunto del país puede tener amnistiar a Puigdemont y aledaños, el reconocimiento millonario de una supuesta deuda histórica del país con Cataluña o la condonación de la deuda (esta real y firmada) por el dinero que el Estado facilitó a la Generalitat a través del Fondo de Liquidez. Como no hay una manivela para fabricar dinero a espuertas, préstamo que se perdona o aportación rumbosa que se regala siempre lo paga alguien. Esto no es nuevo con los nacionalistas. Vascos y catalanes han sacado tajada con PP y PSOE cuando han podido, pero lo de ahora supone un salto cualitativo brutal.

El acto del Senado ofrece varias lecturas y ninguna buena para el PSOE. La foto muestra su debilidad territorial. Hay asesores que encuentran en el ocaso de las baronías socialistas una suerte de paz interna ante la negociación con Puigdemont. Como no hay presidentes del PSOE al frente de autonomías, dicen, se ahorran protestas. Hay que ser bisoño. El fondo de lo que está sobre la mesa es otro. Mucho más serio. Ético, jurídico (ilustrativo el artículo del profesor y jurista Fernando Rey el pasado domingo), de convivencia y presupuestario. Este último tema no es menor. El dinero público paga a las médicas, maestros y policías que nos atienden y las carreteras por las que circulamos.

Junto al argumento que dejó Pere Aragonès y el reiterado por la sucesión de presidentes del PP queda el hueco de los presidentes socialistas en ejercicio, que se une a la callada que dan diputados, senadores o procuradores cuando se les pregunta por el asunto. Silencio, o crítica áspera a quienes se muestran contrarios en el PSOE (contados y veteranos) no ya a negociar el apoyo a una investidura con Puigdemont y la amnistía, siquiera a planteárselo.

A la situación actual con Puigdemont travestido de prófugo en negociador y Pere Aragonés avisando en el Senado de que la amnistía es sólo la llave para el referéndum hacia una Cataluña independiente ha llegado el PSOE tras un 23 de julio, en el que se mascaba la tragedia. Eso hizo que supiera a victoria una derrota en un escrutinio en el que Feijóo le sacó a Sánchez 16 escaños.

La aritmética permitía al PSOE gobernar. Pero a qué precio. Abrazado a Puigdemont. Aceptar en la práctica que Cataluña merece otro trato, político y económico, diferente y mejor que el resto de comunidades nos convierte a los demás en los pagafantas de esa fiesta. La firma implicará para el PSOE, sus cargos y su militancia un coste reputacional formidable. Es su decisión. Las consecuencias sobre la convivencia de país son difíciles de calibrar.