Castilla y León juega la batalla política entre amnistía y negociación

Luego Vox situaba otra resolución en términos parecidos, pero en el número 60 y también en solitario (aunque figuraba en el documento conjunto). Es decir, que una abría y la otra cerraba la lista de sesenta puntos pactada por ambos socios. «Perseverar en la defensa de los principios constitucionales recogidos en el artículo 2 de la Carta Magna y a mostrar el más profundo rechazo a cualquier intento político que atente contra la indisoluble unidad de la nación española». Y ahí fueron 52 votos a favor (PP, Vox, UPL, Soria ¡Ya!, Ciudadanos y Por Ávila) y 27 en contra, el PSOE más Unidas Podemos.

Ambos textos se podían haber compendiado en uno, el que defendió el leonés Antonio Silván en el Senado el martes, aprobado por la mayoría que ostentan los populares. Solo se emitieron 246 de los 264 votos y aun así triunfó la moción del PP por 139 a 107. «Tenemos que utilizar todas las herramientas e instrumentos democráticos para evitar lo que es un sinsentido, aceptar el chantaje de los que quieren romper España. Eso no lo podemos tolerar», explicaba Silván a El Norte en línea con el argumentario del partido. El senador leonés comparó el 1-O de 2017 con el golpe de Estado de 1981, se remitió a la Constitución y a la normativa para defender que no se puede incrustar en el ordenamiento una ley de amnistía «por intereses particulares» de un partido y reiteró, con énfasis silábico en «de-mo-crá-ti-co», que el PP está dispuesto a «utilizar todas las herramientas democráticas y los instrumentos democráticos y la realidad social» para frenar esa posibilidad.

Ahí está el matiz tonal entre los dos socios de Gobierno en Castilla y León y otras comunidades. La beligerancia de Santiago Abascal (Vox) frente a una posición contundente pero más contenida del PP. Silván tiraba de un ejemplo chocante. «En el momento de la moción en el Senado, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, recibía la encomienda del rey de intentar formar gobierno, cumpliendo la obligación institucional y constitucional. Y tampoco tiene los votos suficientes y tiene que sumar a independentistas y Bildu y ni unos ni otros van a ver al rey ni respetan a la monarquía. Es una paradoja».

Por la mañana, el orador de moda en el Congreso, Óscar Puente, figuraba entre los nombres designados por el presidente Pedro Sánchez para conformar la comisión negociadora con los grupos parlamentarios. ¿Con todos? No. No habrá conversaciones con Vox. Respecto a Cataluña, ERC y Junts, el PSOE informó de que «el presidente del Gobierno estará en coordinación permanente con Salvador Illa». Quedan PNV, Bildu, Coalición Canaria, PP, UPN, BNG. Y Sumar. Sobre todo Sumar. 31 diputados que conforman el llamado «Grupo Parlamentario Plurinacional». «Creo que me han escogido también por el perfil de gestión», explica Puente. El ahora diputado ha sido ocho años alcalde de Valladolid con unos socios, Valladolid Toma la Palabra, que eran en realidad una confluencia de Izquierda Unida y Equo. Yolanda Díaz eligió Valladolid para la campaña de las municipales por el ejemplo que suponía de entendimiento. Primero, de las fuerzas a la izquierda del PSOE, alineadas con el añadido de Podemos y Alianza Verde a IU y Equo. Y segundo, con el propio PSOE.

Pedro Sánchez llamó a Puente para anunciarle que le quería en la comisión negociadora junto a María Jesús Montero, Santos Cerdán, Pilar Alegría, Félix Bolaños y José Ramón Gómez Besteiro. «La semana que viene empezaremos, creo, mi incorporación me imagino que tiene que ver con el hecho de que se cuenta conmigo y de que, más allá del perfil de orador más o menos ocurrente o ácido, tengo una gestión de ocho años con buenos resultados. Y se trata de conformar un programa de gobierno y acordar un Gobierno con Sumar», explicaba Puente.

En el PSOE autonómico, mientras tanto, silencio estampa y a la expectativa. «Cuando llegue el momento de hablar, hablaremos», dicen fuentes del partido. Cualquier intervención en este asunto puede suponer un inconveniente en una negociación que el PP ya califica abiertamente como «chantaje». Así lo interpretó Silván en el Senado: «¿Por qué, señores socialistas, quieren poner el futuro de España en manos de un antiespañol? Lo que es de todos los españoles se decide entre todos los españoles».