La Consejería de Sanidad eliminará desde el 1 de enero el requisito de «nacionalidad española» para el acceso a plazas de médico de Familia, de Emergencias o de especialidades hospitalarias que se califiquen como deficitarias de profesionales o de difícil cobertura. Esa flexibilización en ... el acceso a estos puestos será posible gracias a la enmienda número 19 que PP y Vox presentan a la Ley de Medidas que acompaña al presupuesto de la comunidad para 2023, primero de la coalición. Esa enmienda «exime, por razones de interés general, del cumplimiento del requisito de nacionalidad» previsto en el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud.
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Ángel Ibáñez, portavoz adjunto del PP en las Cortes, explica que es una medida que otorga flexibilidad a la consejería ante un mercado laboral sanitario que hace extremadamente difícil la captación de doctores, «no solo en Castilla y León, en toda España», pero que en ningún caso «es una barra libre» para el desembarco de médicos extranjeros con distinta cualificación académica y profesional a la de los profesionales españoles.
Ibañez puntualiza que se mantienen los requisitos de formación y homologación. El procurador popular precisa que la enmienda facilita esa contratación de médicos foráneos con titulación homologada, en el caso de que hayan estudiado en facultades que no sean españolas, y de médicos de otros países que se han formado en España y tienen un título de Medicina expedido por una universidad española.
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Es una medida de aplicación «muy quirúrgica», insiste el dirigente del PP. Y «temporal», añade. El criterio de aplicación que seguirá la Junta de Castilla y León es la cobertura de «especialidades médicas deficitarias» y de las «áreas geográficas de difícil cobertura». Unas 'etiquetas' que, a falta de reformas en la organización sanitaria y la formación de profesionales, ganan terreno año tras año. Los últimos datos arrojan que solo en la Atención Primaria faltan 470 médicos y en cuatro años se jubilarán 840 más. En uno de los últimos procesos de oposición de médicos de Familia, la Consejería de Sanidad se vio obligada a sacar hasta cinco listas de aspirantes a tomar posesión de plazas en consultorios del Bierzo porque ninguno de las cuatro primeras quiso esas plazas. Esas tensiones por puestos vacantes se han dado también en el hospital de Ponferrada y de capitales de provincia como Soria o Ávila.
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La enmienda de PP y Vox establece que será el equipo del consejero Alejandro Vázquez, mediante una orden, quien establezca cuáles son esas especialidades deficitarias y las zonas de difícil cobertura, ponderando el criterio «entre el número de profesionales y la población protegida».
Las Cortes de Castilla y León debatirán 2.129 enmiendas a los proyectos de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2023 y de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, las primeras cuentas del equipo PP-Vox, en una sesión que arrancará el jueves, 22 de diciembre, y seguirá el viernes con la que se cerrará este periodo de sesiones, informa Ical.
Los grupos mantienen vivas para el plenario 2.129 enmiendas, de ellas 1.008 corresponden al Grupo Socialista: 405 a UPL; 123 a Soria ¡Ya!; 304 a Podemos; 227 a Ciudadanos y 62 a Por Ávila, según informaron a Ical fuentes parlamentarias.
Al dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda, que llega al pleno, se han incorporado las 34 enmiendas parciales presentadas por los grupos Popular y de Vox, de las que 20 han sido a la ley de Medidas y 12 numéricas, en las que mueven 2,5 millones, en su mayoría centradas en mejoras en centros de salud.
Los Presupuestos Generales de la Comunidad para el próximo año -están prorrogados los de 2021 por el adelanto electoral- ascienden a 13.809 millones, un 12,35% más que las últimas cuentas aprobadas en las Cortes, de ellos las consejerías contarán con 11.262 millones, con ocho de cada diez euros para sanidad, educación, familia y vivienda.
La Ley de Medidas que acompaña al presupuesto es habitualmente una norma elaborada jurídicamente con técnica 'patchwork', que se caracteriza por hilvanar retales, con cambios en el articulado de numerosas leyes que llegan en el texto remitido por el Gobierno, a los que se suman las enmiendas. Entre las que presentan PP y Vox, que son las que tienen garantías de incorporarse, destaca la medida estrella anunciada por Alfonso Fernández Mañueco y Juan García-Gallardo el día que enviaron el presupuesto a las Cortes y que es la desgravación en el IRPF para familias numerosas. No estaba incluida en el texto que aprobaron el presidente, el vicepresidente y los consejeros y la incorporan los dos grupos parlamentarios en el paquete de enmiendas conjuntas que firman los dos portavoces, Raúl de la Hoz, por el PP, y Carlos Menéndez, por Vox.
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Entre esas enmiendas se encuentra una modificación en la Ley de Urbanismo de Castilla y León para restar trabar a la posible transformación en viviendas de locales comerciales en desuso. Es una práctica que ha ganado terreno en los últimos años. La legislación en vigor establecía una 'moratoria' de al menos ocho años para el cambio de uso, que a partir de enero se reducirá a la mitad, a cuatro años.
PP y Vox argumentan la necesidad de «dar más operatividad a la medida (el uso de bajos comerciales como vivienda), dados los tiempos cada vez más fugaces en que se suceden los ciclos económicos en general y los del mercado inmobiliario en particular».
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