Castilla y León encabeza la pérdida de fauna salvaje por cebos ilegales

Una rutina de 'limpieza' silvestre que los grupos conservacionistas achacan a la gestión cinegética (perseguir a los depredadores de, entre otras piezas, conejo o perdiz) y la agrícola y ganadera (exterminar a los enemigos tradicionales como el lobo o el zorro). Por el camino, el destrozo ambiental se ha llevado por delante todo tipo de individuos de especies sometidas a protección. Muchos no tienen el sambenito de 'alimañas' para el hombre, como gran número de aves e incluso los osos.

De hecho, las peores cifras se las llevan las rapaces, víctimas del 35% de casos de cebos envenenados. Y con poblaciones como las águilas imperiales (39% del total de sus individuos reproductores), los buitres negros y alimoches (21% ambos) o los quebrantahuesos (28%), seriamente tocadas por esta realidad. Sensibles pérdidas de censos que costó mucho recuperar en los planes de conservación estatales y regionales.

Solo en Valladolid, hay un ensañamiento muy acusado con el milano real que ha perdido el 24% de sus poblaciones reproductoras. Los episodios con las rapaces convierten a Valladolid en uno de los puntos negros de la península. Sus 588 casos colocan a la provincia en el cuarto lugar, solo superada por Toledo (806), Granada (683) y Sevilla (598). Burgos es la novena (470), mientras León (169) es la menos afectada de Castilla y León.

Desde el Servicio de Espacios Naturales, Flora y Fauna de la Consejería de Medio Ambiente, su jefe de Servicio, David Cubero, recuerda que «los números absolutos de intoxicación también están relacionados, como no puede ser de otra manera, con la extensión de la comunidad autónoma (Castilla y León, con 9,4 millones de hectáreas, representa el 18,6 % del territorio)». La geografía hace que «las dos comunidades autónomas de mayor superficie (Andalucía y Castilla y León) son las que acumulan mayor número de casos», razona.

En este cuarto de siglo se ha podido confirmar la muerte de 21.260 animales en 9.700 episodios en todo el territorio nacional. El 21,2% (2.056 casos) ocurrió en Castilla y León. A veces, en cada hecho perece más de un individuo. Y todos están tipificados como delito contra la fauna.

Este amplio estudio admite que se ha avanzado mucho en la investigación policial y los planes de vigilancia y prevención. También en normativa. «El veneno ya no queda impune. Se ha conseguido mediante sanciones y más de cien sentencias penales condenatorias», admiten SEO y WWF.

Pero la tendencia a la baja en los últimos años esconde otra realidad. Porque estas cifras son «la punta del iceberg», admite David de la Bodega, responsable del programa legal del SEO/Birdlife y uno de los firmantes del informe. En él se manejan los datos recogidos por las comunidades, que «podrían suponer entre el 10% y el 15% de un dato real que podría superar los 200.000 animales», advierte De la Bodega.

A pesar del esfuerzo de las administraciones, su erradicación choca contra una costumbre atávica en regiones cinegéticas y de gran peso de lo rural como Castilla y León. «El ámbito del veneno es muy amplio, masivo y selectivo», señala Carlos Cano, experto en venenos de SEO, quien incide en el «arraigo»: hasta 1983 contaba con profesionales para ello y hoy «sigue muy presente de manera natural en el campo».

Este estudio ha detectado más de 80 sustancias tóxicas, la mayoría prohibidas en toda la Unión Europea. Destaca el grupo de los carbamatos (68% de los casos). Sin embargo, hay un amplio grupo de fitosanitarios, algunos legales, pero otros prohibidos desde hace más de una década.

'El veneno en España' da un severo varapalo a las autoridades de Castilla y León por las campañas de combate contra los topillos de los años 2012, 2014 y 2016. Así, en el estudio de las políticas correctoras destaca el liderazgo de Andalucía. Por contra, suspende con dureza a Castilla y León porque «si bien destacó en algunos aspectos positivos, sin embargo se ha tenido en cuenta, como factor corrector sus tres campañas extensivas de envenenamiento con rodenticidas, un anticoagulante que lejos de acabar con sus destinatarios naturales los topillos, generó mucha mortalidad en otras especies».

Desde el Servicio de Espacios Naturales regional reivindican los denodados esfuerzos legislativos y en el campo para cambiar las cosas. En la última década, Castilla y León se ha dotado de una Estrategia Regional (2011), un Plan de Acción (2017) y Protocolos de Actuación que incluyen «la colaboración activa con la patrullas caninas de la Guardia Civil (Seprona)», resume David Cubero. Además, la ley de Conservación del Patrimonio Natural (2015) multa con hasta 200.000 euros a los infractores más graves.

Respecto a los controles en las plagas agrícolas, en la Junta destacan la cada vez más elevada cooperación entre consejerías para evitar episodios como los denunciados por los ecologistas. «Desde el Laboratorio Agrario Regional se analizan plaguicidas y rodenticidas, con un número de muestras en 2019 cercano a las 250, procedentes tanto de los centros de recuperación de animales silvestres como del Seprona».

Este despliegue se completa con el traslado de los animales a los cinco centros de recuperación de fauna de la región. Allí, la media de ingresos es de 4.500 ejemplares al año. El 38% son cadáveres. A todos se les hace una necropsia.

Toda esta labor, en la que la Junta de Castilla y León invierte 600.000 euros anuales, ha logrado una fuerte reducción de los envenenamientos. Con todo ello, los picos anuales han pasado de unos 600 anuales a una cifra «variable entre 100 y 200 ejemplares, aunque varía según años y épocas del año, siendo más frecuentes en primavera y otoño», explica David Cubero.

Para los conservacionistas, «la situación es aún preocupante, como lo muestran las aún altas cifras de envenenamiento de las especies más sensibles».

En el capítulo de recomendaciones, SEO/Birdlife y WWF reclaman estrategias contra el veneno y planes de acción, incrementar la dedicación de personal especializado, crear más patrullas y mejores normativas de erradicación.

Para todas las especies de aves, a los tóxicos ilegales se suman las traumatismos y electrocuciones en los tendidos eléctricos (son accidentes, no delitos), consecuencia de ser la región con más kilómetros de red de España