El acta del comité de expertos de finales del mes de noviembre ya mostraba la disparidad de opiniones respecto al pasaporte covid. O lo que es lo mismo, la necesidad de utilizar un certificado de vacunación para poder acceder a determinados eventos o locales. ... Hablaban de «clara incertidumbre acerca de si las ventajas superan a los inconvenientes». Incluso señalaban que, de aplicarse la medida, podría ser más efectiva para incentivar la vacunación en los tramos de edad más renuentes si se utilizaba como amenaza. «Si se advierte desde estas fechas con mensajes acerca de la intención de llevarla a cabo, con vistas a su aplicación desde las fechas finales del mes de noviembre o inicio de diciembre, y con vigencia de la medida al menos durante todo el período navideño».
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Y luego añadían como riesgo lo que ha sido todo un pleno. La posibilidad de «confusión generada por la previsible diferencia de criterios entre distintas comunidades autónomas». La Junta de Castilla y León decidió hacer caso a la valoración de los expertos y no imponer el pasaporte covid. Otras seis comunidades están en la misma línea. Asturias se lo piensa, aunque por el momento no lo implanta. Y otras nueve regiones han decidido tirar hacia adelante, sin que esté claro si será efectivo o no. Incluso tiene poco que ver con la incidencia de la enfermedad. En Castilla y León, con 226 casos de incidencia acumulada a 7 días por 100.000 habitantes -situación del último informe del Ministerio de Sanidad-, no se pide. En la Comunidad Valenciana o Baleares, con 169, sí.
«Se ha analizado el informe del comité de expertos y existen controversias sobre la utilidad o no del pasaporte, así como la experiencia en otros países y comunidades, que no han conseguido detener la ola de incidencia que están sufriendo en este momento», señaló Francisco Igea, vicepresidente de la Junta, en rueda de prensa. Admitió que ha habido «discusión» política, aunque esta vez no diferenciada por bandos del equipo de Gobierno, PP y Ciudadanos, como ha ocurrido en otras fases de la pandemia cuando tocaba evaluar restricciones. Finalmente se ha considerado que la instauración de este pasaporte covid puede «generar una sensación de falsa seguridad que contribuiría a no mejorar la situación».
La Junta ha tardado en pronunciarse. Incluso ha esperado a la actuación de los tribunales de justicia respecto a otras comunidades para valorar si era posible aplicarlo o no. «La sentencia del TSJ del País Vasco ampliaba las posibilidades de poder implementarlo en otros ámbitos que no fueran los que teníamos inicialmente previstos», admitía sobre lo que pensaban la semana pasada. «Lo que ha cambiado es que hemos tomado una decisión, tenemos un informe del comité de expertos en el que había controversia sobre su aplicación, hemos visto pasar el tiempo en comunidades que lo han impuesto y en otros países y en este momento no hay relación coste-beneficio. El beneficio no nos asegura que la medida sea eficaz, de hecho por los números vemos que no surte el efecto que creíamos», añadía.
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Aunque se desconoce si se está cerca del pico de esta sexta ola -Igea cree que puede ser-, el portavoz de la Junta vaticinó más casos cuando pase el periodo navideño, basándose en lo ocurrido el año anterior. A pesar de eso, y de una variante como Omicron que parece más contagiosa pero no tan grave como la dominante actualmente, Delta, Igea señaló que Castilla y León tiene «un índice de ocupación en UCI aún aceptable». «Tuvimos un pico de 67-69 paciente en críticos y han bajado, parece que gravedad en conjunto es menor que en otras olas», añadió. Los datos de la Junta reflejan que hay 62 enfermos covid en UCI.
Así, la Junta ha decidido llevar a cabo una campaña de información y concienciación «en positivo», que se diseñará de acuerdo con los diferentes sectores implicados. Y volvió a lanzar un mensaje duro contra quienes deciden no vacunarse a pesar de conocer los riesgos. «Algunos tipos, en nombre de la libertad, van a acabar bocabajo en la UCI intubados». Incluso brindó lo que puede ser un primer eslogan: «Mi consejo es si no te sientes seguro, no estés ahí».
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Y es que algunos eventos recientes, como el concierto de rap de Natos y Waor en el Polideportivo Pisuerga de Valladolid, han traído polémica por el posible incumplimiento de los protocolos covid. Y sobre la responsabilidad. El próximo fin de semana se espera otro concierto con buena entrada en la actuación de Rozalén en el mismo escenario. «No pueden estar miles de personas en el interior sin mascarilla y sin distancia de seguridad. Si creen que eso se va a cumplir…», dijo al respecto de la actuación que deben mantener la promotora y el Ayuntamiento, que según Igea «debe asumir su responsabilidad».
«Habrá que ver normativamente quién es el responsable, pero quiero decir a la empresa, al Ayuntamiento y a todos los ciudadanos que debemos intentar ser un poco responsables. No vale siempre trasladar la responsabilidad a los demás. Hemos visto miles de espectáculos donde se cumplen las normas y hay sitios donde no se cumplen», afirmó el vicepresidente de la Junta.
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El Ejecutivo ha abierto un expediente para intentar esclarecer lo ocurrido el pasado fin de semana.
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