Castilla y León acata el uso obligatorio de las mascarillas en centros sanitarios

La medida ha entrado ya vigor en Castilla y León, sin esperar a que mañana jueves sea aprobada por el Consejo de Gobierno y a su posterior publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). La ministra de Sanidad, Mónica García, anunció a última hora de la mañana de este miércoles la exigencia de tal medida desde el momento de su anuncio, aunque la orden que necesitan las comunidades para hacerla efectiva no llegó a la Consejería de Sanidad hasta pasadas las 19:00 horas.

El documento de la orden recoge, que «esta declaración de actuaciones coordinadas producirá efectos desde su notificación a las comunidades... hasta que se apruebe por la ministra la finalización de su vigencia». El documento de 19 páginas hace un repaso de la situación epidemiológica y de los antecedentes en el uso de la mascarilla para justificar la medida y también introduce recomendaciones como las de la higiene de manos o el uso del tapabocas en otros ámbitos donde no existe la obligatoriedad si se tienen síntomas.

El máximo responsable de la asistencia en la comunidad –que defiende la cobertura de la boca en hospitales y centros de salud como recomendación, no como imposición– asumió, no obstante, aceptar la decisión ministerial, pero volvió a criticar la falta de aval científico y la demora en cualquier caso para implantar tal medida. Entre continuas críticas al Gobierno central por la forma de proceder, defendió acatar la orden cuando llegue «por respeto institucional» y destacó que «se aplicará de inmediato» en cuanto se pueda implementar, algo que dependerá del Bocyl.

Alejandro Vázquez manifestó sus quejas por el «funcionamiento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud» ya que, recordó, lleva trabajando durante más de 20 años «con titulares de todos los colores mediante el consenso y el diálogo entre el Ministerio y las comunidades». Además, manifestó su temor de que si se mantienen las prácticas actuales de Mónica García, se «dinamite este órgano y se acabe con uno de los pilares de la mejora del sistema sanitario español a través de la cogobernanza».

Destacó, asimismo, que «realmente nosotros no estamos por supuesto, en contra del uso de las mascarillas. Es más, hemos predicado con el ejemplo», insistió el consejero de Sanidad, quien recordó que desde que el pasado mes de julio se retiró su empleo en estos espacios, la Junta ha recomendado su uso ajustándolo, desde los servicios de Prevención y Salud Pública, a la situación epidemiológica de cada momento y a las zonas en los hospitales donde hay personas más vulnerables. En cuanto al valorado también como obligatorio empleo de la mascarilla, y ya descartado, en las residencias, el responsable autonómico destacó que «si se protege a las personas que tienen síntomas y también quienes las atienden usan mascarillas, no se necesita con esta situación epidemiológica» mayores exigencias.

El consejero, que valoró que «es posible que el Ministerio haya llegado a invadir competencias autonómicas» con tal imposición de su criterio; pero que, sin la orden y sus detalles para estudiarla a fondo, «no sabemos si emprenderemos alguna medida en este sentido», explicó Vázquez con respecto a posibles recursos.

Considera el responsable sanitario que se ha adoptado sin justificación científica tal decisión, dado que se ha anunciado antes de reunir a la Ponencia de Alertas. Esta comisión, además, ha determinado después que la «situación pandémica es similar a la de años previos a la pandemia e, incluso, en algunas comunidades más bajas, por lo tanto no entendemos las urgencias de la medida», destacó, a la par que criticó de nuevo que «la ministra estaba de vacaciones cuando la epidemia comenzó y todo esto llega muy tarde». La región registra una tasa de infecciones respiratorias agudas de 1.477 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 1.508 de la última semana de 2023.

Vázquez reconoció que tenía «sus dudas sobre el rigor necesario para adoptar esta obligatoriedad» porque se decidió antes de evaluar la incidencia acumulada de los territorios, así como la situación asistencial.

Entre las alegaciones presentadas por Castilla y León y otras autonomías, el consejero destacó la de implantar unos indicadores epidemiológicos para exigir la mascarilla. Indicó Vázquez que la misma había sido aceptada y que cuando se sumaran dos semanas con datos a la baja, podría retirarse la medida. Recordó el consejero que ya el último informe de Salud Pública en Castilla y León indica una contención de los contagios, por lo que si se produce otro descenso de la incidencia la próxima semana, se podría levantar su uso a los pocos días de entrar en vigor.

También exigió Sacyl la retirada de la exigencia de poner en marcha planes de contingencia, algo que tacho de absurdo porque la Junta «lleva haciéndolo más de 20 años». También celebró que se haya aparcado la propuesta de las 'autobajas' de tres días, al no tener una idea «clara» al respecto el Gobierno.