El 4,5% de los castellanos y leoneses necesitan apoyos básicos para su vida diaria

La pandemia trajo además un parón y un deterioro de los Servicios Sociales en general y de la atención a la Dependencia en particular que, poco a poco se ha recuperado en toda España pero de forma muy desigual y que ha dejado su huella, fundamentalmente por los problemas para encontrar personal que trabaje en residencias, centros de día o teleasistencia.

Castilla y León se mantiene en la cabeza de las autonomías en cuanto a gestión de expedientes, con una lista de espera casi nula de nuevo. Hay 108.712 personas que reciben ayudas, algunas más de una prestación por lo que el sistema tiene 148.050 concedidas.

Las comunidades con mayor 'limbo de la dependencia', personas pendientes de recibir prestación, son Cataluña (28,9%) y Canarias (23,8%), y las que menos Castilla y León (0,14%) y Galicia (5,2%). Canarias es la comunidad que más ha incrementado porcentualmente el número de personas beneficiarias en este semestre 3.115 (11,6%). Cantabria y País Vasco ni siquiera mantuvieron la tasa de reposición. Son los datos de la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales.

Además, las autonomías que más días tardan en resolver una prestación o servicio, desde que tiene entrada la solicitud, es Canarias con 993 jornadas, y la que menos Castilla y León, con 118. El tiempo medio a nivel nacional es de 378 días.

En relación con las personas reconocidas como dependientes severos y grandes dependientes, Grados II y III, los datos del IMSERSO señalan que, en el mes de junio, en Castilla y León se atendió al 99,86% de las personas que tienen reconocido dicho grado. Esto supone que, mientras en el conjunto del país la lista de espera es del 9,31%, en la región es prácticamente inexistente.

Los datos estatales también revelan que la comunidad ya ha incorporado al 99,86% de dependientes de Grado I, muy por encima de la media nacional que se sitúa en el 78,65%.

Castilla y León ha incorporado este año a 4.189 dependientes al sistema de ayudas.

El incremento del número de solicitudes a nivel nacional, en estos seis meses, ha sido del 287% comparado con el mismo periodo de 2021 y del 12 % con respeto a todo el año pasado. También experimentan un aumento respecto del mismo periodo de 2021, pero mucho más contenido, las valoraciones con un 17% y las personas reconocidas con derecho crecen el 5%. La comunidad con mayor porcentaje sobre población potencialmente dependiente en solicitudes y valoraciones es Andalucía y la de menor es Galicia. La que con mayor rigidez aplica el baremo de la dependencia es Extremadura (el 28,2% de los solicitantes no obtienen grado) y la de mayor flexibilidad es Galicia (solo el 10,4% no obtiene grado).

La prestación que prefieren escoger los castellanos y leoneses para paliar su falta de autonomía se la ayuda vinculada al servicio. Una cuantía económica para el copago de una residencia, centro de día, teleasistencia y el largo etcétera de las posibles prestaciones. El 32,64% de la población opta por ella, 49.253 concedidas a fecha en el primer semestre del año. Los cuidados en el entorno familiar, la única ayuda que confiere dinero directo a los allegados para atender a su persona discapacitada o mayor a su cargo, son la opción de 30.218 familias, el 20% del total. Y ello pese a que las cuantías máximas a percibir son de 169,83 euros para los casos más leves; de 298,36 para los moderados y de 439,28 para el Grado III, el más severo. Y pese a que, a principios de año, la Junta subió estos importes en un 5,8% y que son superiores, por lo tanto, a la media nacional, lo cierto es que estas ayudas resuelven muy poco a las familias porque la mayoría no llega ni a la mitad de las mismas mientras que los cuidados domésticos alcanzan los dos mil euros fácilmente.

También la vinculada es más elevada tras el incremento del 6,2% que la nacional. La Consejería de Familia contempla unos máximos de 160,65; 282,23, y 407,02 en función del nivel de dependencia y la renta rebaja las cuantías; lo que supone que las clases medias se quedan muy lejos de poder pagarse un servicio y el futuro modelo asistencial, según ha reiterado Acalerte, la asociación que engloba buena parte de estos servicios en el sector privado, encarecerá considerablemente los precios y hará difícil el copago si las prestaciones no aumentan cuantías. Acalerte pide su equiparación con los conciertos.

En cuanto a otras opciones, como la atención residencial directa, es la elección del 5%, con 7.644 plazas así ocupadas; la ayuda a domicilio le llega a 21.814 personas (14,45%) y la teleasistencia a 12.934 , el 8,57%, entre otros servicios.

El observatorio de la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales alerta de que la atención a la Dependencia camina «hacia un sistema 'low cost'. Las prestaciones y servicios son cada vez de menor intensidad e insuficientes para las necesidades de las personas en situación de dependencia». Las prestaciones económicas vinculadas a la adquisición de un servicio varían mucho en función del mismo, «pero presentan importes insuficientes». La cuantía percibida por prestación vinculada para abonar una plaza de atención residencial «no llega y el precio realmente abonado por la persona en una residencia constituye un 'segundo copago' o copago invisible», precisa.

La Ayuda a Domicilio presenta unas intensidades horarias medias de 33,7 horas al mes a nivel nacional.

Castilla y León ha anunciado un refuerzo en este sentido. Des tinará con una partida de 13 millones de euros a este servicio, tanto para la incorporación de nuevos usuarios a través de las entidades locales –que se sumarán a los más de 37.300 existentes entre Servicios Sociales y Dependencia–, como por el incremento de la intensidad horaria de atención.

Esto supone que se amplían las horas de atención en los tres grados de dependencia, pudiendo llegar a las 90 horas mensuales en personas con Grado III (frente a las 70 fijadas hasta ahora); a las 54 en las moderadas (frente a las 45 vigentes) y a las 29 en Grado I, las menos necesitadas, (frente a las 20 actuales).

El observatorio explica que los datos ponen de manifiesto «la recuperación lenta y desigual del Sistema de Atención a la Dependencia y parecen indicar que el sistema de atención se reactiva, pero ha sido en gran medida a base de servicios de bajo coste dirigidos a los dependientes con Grado I. Las prestaciones y servicios son cada vez de menor intensidad, y a todas luces insuficientes para las necesidades de las personas en situación de dependencia».

«Es preciso –añade– una reforma de la ley que agilice los procedimientos y recupere las intensidades e incompatibilidades que se produjeron hace una década». También reclama que «hay que avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones reconocidas. Hay que recordar que cada 11 minutos en España fallece una persona en el laberinto burocrático del Sistema y que, desgraciadamente, a las 23.837 personas que fallecieron en los últimos seis meses, el plan de choque no les llegó a tiempo».