Personas con discapacidad esperan once meses de media para una valoración de dependencia

En el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Nacionales Unidas, el movimiento asociativo de Cocemfe quiso organizar en varias ciudades, entre ellas Palencia, una simbólica protesta presidida por un cartel con un irónico mensaje de 'Volvemos en... una cifra millonaria de minutos' firmado por la Administración para evidenciar el doble sufrimiento de las personas con discapacidad y sus familias cuando necesitan una valoración de dependencia para poder acceder posteriormente a una prestación.

Aunque Castilla y León recibe buena nota en el conjunto de España en cuanto a estos tiempos, lo cierto es que la media de espera en Palencia es de once meses desde la petición hasta que los técnicos efectúan la valoración. Yuna vez realizada la valoración, suele pasar incluso otro año hasta que se emite una resolución. Lo explicaba en nombre de Cocemfe y de los usuarios que atiende su secretaria, Pilar Fernández. «Imaginad la desesperación por la que tiene que pasar una persona con discapacidad que tiene que esperar hasta tres años para conocer si se les reconoce el derecho a acceder a un apoyo necesario para promover su autonomía personal y participar de forma activa en la sociedad. Incluso hay personas que fallecen antes de tener la resolucióny están durante todo ese tiempo sin recibir apoyos en el momento que más lo necesita», señalaba.

En la protesta ante la Gerencia de Servicios Sociales, María Olga Uría Castro, relataba cómo su marido, de 73 años y afectado de Parkinson desde hace once, recibe la ayuda de un terapeuta en casa, pero la enfermedad avanza y se ha visto necesitada de solicitar un centro de día, gestiones que realiza a través de Cocemfe, una entidad «que me da la vida y adonde recurro con cualquier problema que tengo». Paralelamente, muestra su total descontento con la Seguridad Social, donde su esposo espera aún desde hace un año una consulta para una revisión con el neurólogo.

A escasos metros de la 'Fila Desespera' estaba Isabel Crespo con su hija Lidia Antón, a la que cuida desde que hace 45 años sufrió una lesión cerebral que le ha provocado discapacidad física y neuronal. «Nunca he sido pesada y he ido siempre con educación a pedir ayuda para mi hija, pero he tenido que pagar toda la vida consultas privadas», afirma mostrando el moderno andador que ha adquirido en Suecia –donde vive otra hija– para que el día a día de Lidia sea un poco más fácil.

Eso es precisamente lo que reclamaba ayer Cocemfe con la protesta, «porque no podemos permitir que haya personas esperando años para que la Administración decida si va a poder acceder a las prestaciones. Es un sistema de derechos al que se nos está impidiendo acceder, con las graves consecuencias que esto tiene para nuestra plena inclusión y participación activa en la sociedad», incidía la secretaria de Cocemfe, Pilar Fernández.

En el último Observatorio de la Dependencia, Castilla y León ha vuelto a liderar la atención a la falta de autonomía con un 8,4 de nota, triplicando la media nacional en prestación vinculada, es decir la contratación de servicios privados para atender la dependencia. Castilla y León cerró el ejercicio 2021 con 6.740 nuevas ayudas, de las cuales el 62,1% corresponden a la Prestación Vinculada al Servicio con 4.187 nuevos recursos asistenciales, y el 37,9% restante está repartido entre la teleasistencia (2.312) y la ayuda económica para cuidados en el entorno familiar (1.356). Mientras que los servicios de Ayuda a Domicilio (-1.757) y los de Centro de Día (-166) cayeron en el año 2021.

El 32,5% de su cartera de servicios la ocupan las prestaciones para contratar un servicio privado (48.071); lo que supone un porcentaje notablemente superior al resto de comunidades, que lo hacen con el 10,87% de su cartera, siendo una singularidad, junto a Extremadura, propia de Castilla y León. Así lo precisa el XXII Observatorio de la Dependencia, que evalúa la implantación de esta normativa y la respuesta asistencial y reconoce en Castilla y León, un año más, la mejor puntuación nacional, con un 8,4 de nota tras puntuar dieciséis indicadores sobre cobertura, información en tiempo real de los expedientes o demoras . Baja ligeramente con respecto a los años previos desde 2010 –llegó a la máxima puntuación, un 10 en 2014– con un cambio anual de descenso del 5%.

Son tres los indicadores en los que la comunidad no logra puntuar al 100%. Concretamente la tasa de variación interanual de personas atendidas sobre sobre las personas beneficiarias con prestación efectiva; el gasto público en dependencia por población potencialmente dependiente y la tasa de variación interanual (incremento o pérdida) de expedientes Grado III, los más graves, en los últimos 12 meses.

Los costes directos del sistema de atención en la comunidad por la gestión de las prestaciones y servicios durante el año 2021 se estiman en la cantidad de 651,8 millones de euros. Un cálculo, explica el Observatorio, que corresponde exclusivamente al coste directo de las prestaciones y servicios llevados a cabo por la región hasta el 31 de diciembre de 2021, sin incluir los indirectos y demás gastos de gestión.

Por otro lado, entre enero y diciembre de 2021, fallecieron en Castilla y León 16.925 personas con solicitud de dependencia, un 12,59% más de lo esperado (27,18 % menos que en 2020). Una vez excluidas las 1.157 personas que no acreditaban situación de dependencia (sin grado), la cifra alcanza las 15.768 personas fallecidas, entre personas con derecho y personas pendientes de resolución de grado (3.980 personas menos que respecto de 2020 y 4.120 personas menos comparando los periodos de marzo a diciembre de 2020 y 2021), destaca el informe. Los datos revelan que el sector no logra la atención previa al covid.