«Todas las declaraciones de impacto ambiental para las autorizaciones de los parques eólicos se realizaron con arreglo al procedimiento y todos los expedientes se resolvieron conforme a la propuesta de resolución de las comisiones territoriales». Este fue el mantra que el consejero de ... Hacienda actual, que fue titular de Medio Ambiente entre 2003 y 2007, repitió durante toda su comparecencia ante la comisión parlamentaria que investiga la trama eólica.
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Carlos Fernández Carriedo aprovechó, además, el altavoz que le ofreció el portavoz del Grupo Popular en la comisión, Salvador Cruz, para realzar el papel de la Junta de Castilla y León en el desarrollo de las energías renovables desde finales de los noventa del pasado siglo. Carlos Fernández Carriedo justificó que si se produjeron retrasos o aceleraciones de determinados trámites en las declaraciones medioambientales de algunos de los parques solicitados por los promotores obedeció a que cada expediente era distinto y era estudiado en cada provincia por una comisión diferente integrada por técnicos, representantes de administraciones y de otros organismos, además de pasar por un periodo de alegaciones.
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Una argumentación que no convenció al portavoz del Grupo Socialista en la comisión, José Francisco Martín, quien enumeró solicitudes de parques en Zamora y León como ejemplo de que muchas declaraciones de impacto ambiental estuvieron durante varios años paralizadas pero que se agilizaron, subrayó, cuando entraron en las sociedades promotoras «las empresas que quería la Junta».
La segunda cita de la comisión parlamentaria fue con la exconsejera de Economía y Hacienda Pilar del Olmo, quien en las fechas que se investigan era consejera de Hacienda y que reconoció que el entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, le propuso que le delegara las competencias para alquilar un edificio para unificar servicios de su departamento, pero se desmarcó de la compra tanto de la sede de Arroyo de la Encomienda como de los terrenos de Portillo. Sí destacó que fue ella la que decidió que la Junta se personara en el procedimiento judicial abierto para esclarecer estas operaciones inmobiliarias, tras detectar la desaparición de un expediente sobre la adquisición del amueblamiento interior del edificio conocido como Perla Negra, con el pago no autorizado de casi 4 millones de euros a la empresa Unifica, la misma que amuebló la sede del PP en Génova.
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