PP y Vox cambian la ley de elección de senadores para evitar bloqueos tras la polémica de Javier Maroto

Raúl de la Hoz y Carlos Menéndez, portavoces de PP y Vox, han registrado este martes el texto que reforma la ley, una medida que anunciaron el 10 de mayo tras un pleno en el que los tres senadores autonómicos fueron elegidos con el voto de PP y del Vox y en el que los 28 procuradores del PSOE votaron en contra de la terna propuesta, en la que iba el socialista Francisco Díaz, porque esta incluía a Maroto. El senador propuesto por el PSOE salió elegido con los votos de los dos socios en la Junta, en este caso Vox y PP, al igual que en 2019 los dos senadores que entonces correspondían a los socialistas como formación ganadora de aquellas elecciones llegaron a la Cámara Alta con el voto en contra de sus compañeros y gracias al 'sí' de PP y Cs.

El mecanismo actual implica el voto conjunto, con papeletas que plasman las opciones de sí, no o abstención a las tres personas propuestas. En mayo fueron Javier Maroto y el abulense Vidal Galicia, a propuesta del PP, y del salmantino Francisco Díaz, en representación del PSOE. El cambio que impulsan PP y Vox se basa en una papeleta en la que hay que marcar cruces en los senadores que apoye cada procurador, pudiendo elegir a todos, a alguno o a ninguno. Cada grupo podrá respaldar así a los suyos sin obligación de respaldar a los de otros partidos.

«El sistema de elección vigente es minoritario» en España, ha defendido Raúl de la Hoz, que fundamenta el cambio para evitar futuras maniobras de bloqueo en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que da amparo al recurso interpuesto por los socialistas catalanes ante el veto que los grupos independentistas aplicaron a la designación como senador autonómico del ahora ministro Miquel Iceta.

De la Hoz ha criticado el proceder del grupo que encabeza Luis Tudanca, votando en contra de compañeros del PSOE. «Algo que a nadie le cabía en la cabeza», ha valorado el popular, que sitúa como objetivo de esa maniobra el «intentar mantener el reparto anterior» en el que los socialistas contaban con dos escaños y el PP con uno.

Los dos portavoces argumentaron que el Constitucional establece que los grupos parlamentarios proponen a los senadores autonómicos y que los parlamentarios, «les guste o no», deben limitarse a verificar si los candidatos propuestos cumplen los requisitos. En Castilla y León deben estar empadronados. De la Hoz ha recalcado que Javier Maroto es vecino del municipio segoviano de Sotosalbos. «¿Qué problema hay?», ha apuntado en el turno de preguntas.

Menéndez ha fundamentado el apoyo de Vox a esta reforma en el comportamiento del PSOE el pasado 10 de mayo. «Entendíamos que se habían utilizado de una manera interesada y torticera las instituciones por parte del Grupo Socialista», remarcó el procurador, que destacó que la presentación de la proposición conjunta es la prueba de que «Vox es un socio de palabra, que cumple». Carlos Menéndez ha eludido ahondar en si su partido considera adecuado el perfil de Maroto como senador que representa a Castilla y León y ha apuntado que la actualización que promueven ahora incluye una alusión al Estatuto de Autonomía en un artículo que habla sobre la ciudadanía y que haría «interpretable» esa cuestión una vez que entre en vigor el cambio.

Vox no ha logrado convencer al PP para cambiar el sistema de reparto y abandonar la adjudicación por la Ley D'hont que otorga tradicionalmente dos senadores a la fuerza más votada en las elecciones autonómicos y uno a la segunda para estrenar una distribución por «representación directa», por escaños en el hemiciclo regional. Con los números actuales de parlamentarios, el PP perdería uno de sus dos senadores en ese reparto nuevo en beneficio de Vox, tercera fuerza política en las Cortes.

La reforma normativa que impulsan PP y Vox abre la puerta a que los tres senadores autonómicos rindan cuentas ante una comisión de las Cortes sobre su actividad en Madrid. Algo que será voluntario, porque el Tribunal Constitucional ha dictaminado que no se le puede obligar.

La viceportavox del PSOE en las Cortes, Patricia Gómez Urbán, fue muy crítica con la reforma que PP y Vox plantean de esta norma, iniciativa que calificó como una «nueva cacicada del Gobierno de Mañueco». La procuradora socialista incidió en que la propuesta de PP y Vox es «una vergüenza más» de la coalición de PP y Vox para poder «eludir la mayoría y el consenso necesario» al proponer como senador por la comunidad a «un castellano y leonés de pro» como, según ironizó la portavoz socialista, el vitoriano Javier Maroto, «que no sabe de qué van los problemas de Castilla y León.»