PP y Vox buscan minimizar los 33.000 euros que costaría aprobar otra ley de medidas tributarias

Sacar la pata y minimizar todos los efectos adversos, que políticamente son muchos, incluidos los de coste que, para el procedimiento que necesita la fórmula de rectificación en la que trabajan PP y Vox, ascendería en dietas y kilometrajes a casi 33.000 euros. Sacar la pata. Es la máxima que rige estos días en los grupos que sustentan al Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco, después de que errasen en el voto de su propia Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas el pasado día 23, provocando que tuvieran que tumbar la ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad para 2023 que elaboró la Junta.

Para la rectificación en marcha, PP y Vox han decidido presentar una proposición de ley (una vez tumbado el proyecto de ley de la Junta), que inicialmente anunciaron que dejaría resuelto el problema creado dentro de enero próximo. Para ese fin ayer miércoles, la Mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces acordaron habilitar enero a efectos parlamentarios, lo que permite convocar comisiones y plenos. Pues bien, una proposición de ley necesita de un pleno de toma en consideración, de una ponencia, de una comisión y de un pleno de aprobación. Estas cuatro reuniones tendrían un coste, tasado, en dietas y kilometrajes de los 51 procuradores que no tienen sueldo (otros 30, 23 por las Cortes, 7 por la Junta), de 32.873,6 euros.

El hecho de que se haya informado de esta circunstancia ha puesto de los nervios al grupo popular, que ha delegado en su portavoz adjunto, Ángel Ibáñez, las explicaciones para insistir en que «en ningún caso» se va a producir ese gasto. Preocupa sobremanera en el PP de Castilla y León el alcance de la equivocación en el Pleno del día 23 por medio de la cual, y por primera vez en casi 40 años de autonomía, un gobierno ve tumbada una ley como la de acompañamiento de los presupuestos por sus mismos grupos parlamentarios. Si encima tuvieran que gastar 33.000 euros, a la vergüenza de no saber qué votaban se añadiría un coste muy significativo en dinero de los contribuyentes. Así que la estrategia para pasar este trago parlamentario tiene varias medidas.

La primera, rebajar el coste de dos plenos: convocarán solo uno extraordinario, en el que los procuradores del PP y Vox que tienen dieta y kilometraje no los percibirán y el coste que se produzca quieren PP y Vox que sea el que generen los partidos de la oposición. Así lo ha detallado Ángel Ibáñez, portavoz adjunto popular, que dio la orden el día 23 a sus procuradores de votar de manera distinta a cómo lo habrían tenido que hacer.

¿Y el segundo pleno? Para que no sea extraordinario, la nueva ley de acompañamiento del Presupuesto se retrasará a febrero para introducirla en el orden del día del primer pleno ordinario. Así los procuradores de PP y Vox podrán cobrar con normalidad la dieta y no tendrán que renunciar a ella por imposición de sus grupos.

¿Y la ponencia y la comisión? Sus reuniones se diluirán en otras. ¿Cómo? Pues la de la Comisión de Hacienda en la que se analizarán las enmiendas que pudiera presentar la oposición y que además informará para su envío a pleno para ser aprobada no será específica para la proposición de esta ley sino que se incluirá en el orden del día de una de las varias que van a ser convcadas, según ha informado Ibáñez, para analizar informes del Consejo de Cuentas. Así tampoco los procuradores del PP y Vox en ella, (10 de 18) también podrán cobrar dieta y kilometraje sin tener que renunciar a ellos de haber sido convocada una comisión solo para la ley tumbada.

La cuestión sobre la renuncia a las dietas que plantean PP y Vox para que el haberse equivocado al votar conlleve el mínimo coste posible es uno de los asuntos que en la tarea parlamentaria no está regulado de una manera contundente.

Según ha explicado Ángel Ibáñez a este diario, tras consultar con el letrado mayor de la Cámara, renunciar a una dieta puede hacerse, bien por escrito individual del procurador que quiere no cobrar los 220 euros que le corresponden por ir al pleno más los 0,20 euros por kilómetro recorrido de su residencia a las Cortes y vuelta a su residencia, o bien en un escrito conjunto firmado por todos los que renuncian. «Y eso es lo que vamos a hacer para que no haya un gasto añadido de las Cortes por nuestra parte», ha aseverado el portavoz adjunto popular.

Otras fuentes parlamentarias han insistido a este diario en «la irrenunciabilidad» de las retribuciones de sus señorías, Es decir, que las Cortes tienen que liquidar la dieta y que luego es el procurador que quiere renunciar a esa cantidad el que decide donarlo a una ONG, una práctica habitual en anteriores ocasiones en las que se ha dado la circunstancia de que alguno no haya querido percibir una dieta. Pero las Cortes siempre hasta ahora han generado ese gasto, según tres testimonios recogidos por este diario.

Uno de los expertos consultados ha confirmado que esta es la práctica habitual llevada a cabo «siempre», aunque ha admitido que al no estar regulada la materia «quedaría a interpretación del letrado de turno. Hasta ahora la irrenunciabilidad ha sido clara y manifiesta y había que donar lo que no quisieses cobrar, pero una vez cobrado y abonado por las Cortes; te lo pagaban sí o sí. Si ahora cambia esto, habrá que estar atentos a ver cuántos y cómo lo hacen».

La irrenunciabilidad a las retribuciones por parte de los procuradores vía dietas que hasta ahora se ha aplicado, y por tanto el gasto efectivo por parte de las Cortes, ha sido admitida por el PP desde que ha tenido el control del máximo órgano de la Cámara parlamentaria, bien por sus mayorías absolutas consecutivas desde 1991 a 2015, bien cuando ha estado en coalición, como en la anterior legislatura con Ciudadanos.

Respecto a la renuncia a indemnizaciones por asistencia a la labor parlamentaria existe el antecedente de las semanas de confinamiento. Por entonces (marzo, abril y principios de mayo de 2020) una serie de procuradores con sueldo que reciben además otras cantidades para gastos donaron estas a organizaciones no gubernamentales implicadas en la lucha contra la covid. Pero fue después de haberlas cobrado. De hecho, los que comunicaron a la Presidencia de la Cámara (entonces dirigida por Luis Fuentes, de Ciudadanos) la intención de renunciar a esas dietas recibieron por respuesta que no era posible, que debían cobrarlas y, si después querían, donarlas a ongs. Solo los del grupo socialista mostraron los justificantes de haberlo hecho.

Esa respuesta de la Presidencia de las Cortes contra la imposibilidad de esa renuncia al cobro de las dietas estuvo basada en un informe de los letrados de la Cámara que prrecisó que eran consignaciones irrenunciables y que las Cortes tenían que abonárselas. Algo que ahora, para recomponer la figura y salvar la imagen, PP y Vox quieren que las Cortes no haga con quienes de los suyos vayan a ese pleno extraordinario de enero para admitir la proposición de ley que trata de arreglar el desaguiado de que ambos grupos votasen en contra de la ley del Gobierno al que apoyan. Es una cuestión de imagen que, como admiten muchos consultados, no va a ayudar a salvar la cara a quienes se equivocaron en el voto.

Por parte del portavoz adjunto del grupo popular también se ha quitado hierro ahora al hecho de que se vaya a retrasar a febrero una aprobación de la ley de acompañamiento de los presupuestos que, desde el mismo día 23, la Junta de Castilla y León aseguró que en enero estaría subsanada. Dice Ibáñez que para todo lo que tiene que ver con las deducciones fiscales y las bonificaciones impositivas que se recogen, como tendrá carácter retroactivo con fecha 1 de enero, «no habrá ningún efecto negativo».

Sí admite que quien en enero tenga que hacer alguna gestión administrativa cuyo coste anula esa ley, lo tendrá que pagar. Por ejemplo, el certificado de profesionalidad. ¿Un ejemplo más? Tasas de expedición de documentos en Archivos.

«Es muy mínimo el impacto», se ha empeñado en recalcar Ibáñez, una vez que ha dado la vuelta a España que el primer Gobierno autonómico de coalición de PP y Vox se ha tumbado a sí mismo una ley de la trascendencia de la que acompaña a los Presupuestos.

Algún procurador de la oposición consultado sobre si renunciarán a percibir dieta y kilometraje ante esta nueva ley ha señalado que «lo que no pueden pretender PP y Vox es que sean los demás los que les resuelvan los problemas. Ya intentaron repetir la votación, algo irracional, y ahora no pueden pretender que se les haga el trabajo».

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