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Solo en dietas y kilometrajes convocar actividad en las Cortes de Castilla y León en enero, para que el PP y Vox saquen la pata que metieron al votar el pasado día 23 contra su propia Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, va a tener un coste considerable que, en el caso más favorable, es decir, de menor gasto, alcanzará casi 33.000 euros, exactamente 32.873,6 euros.
Por mucho hierro que traten de quitarle al hecho los dos partidos que forman el Gobierno de Castilla y León, lo cierto es que lo que se empeñan en llamar simplemente «un error», como dijo el presidente Alfonso Fernández Mañueco, le va a salir muy caro a los ciudadanos de Castilla y León, que son los que sufragan con sus impuestos los gastos de sus señorías.
La tramitación como proposición de ley (el proyecto de ley, que presenta el Gobierno, se lo tumbaron el día 23 los grupos que apoyan a ese Gobierno) que necesita la conocida como 'Ley de Acompañamiento de los Presupuestos' obliga a convocar al menos dos plenos, una ponencia y una comisión parlamentaria.
La regulación de esta figura establece que son los grupos parlamentarios los que presentan una proposición de ley, en este caso populares y Vox. Y toda proposición de ley necesita de un pleno de las Cortes para ser tomada en consideración. El Reglamento de la Cámara establece que una vez presentada en el Registro ha de publicarse en el Boletín de las Cortes, ser remitida a la Junta para que manifieste su criterio respecto a la toma en consideración -que en este caso, tras la metedura de pata del día 23, será favorable- y, pasados unos días, ya puede ser debatida en pleno.
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Aquí entra el primer gasto: 13.296,8 euros en dietas y kilometrajes de los 51 políticos de la Cámara de todos los partidos que no tienen sueldo fijo. Otros 30 sí lo tienen por ser miembros del Gobierno regional (7), miembros de la Mesa de las Cortes (6) y portavoces y portavoces adjuntos de los grupos parlamentarios (17). La dieta por político de la Cámara sin sueldo público fijo asciende a 220 euros cada vez que uno de los 51 sin sueldo acude a la sede de las Cortes, 11.220 euros. Con una media de kilometraje tomada como referencia desde la capital de cada provincia y excluyendo a los procuradores de Valladolid sin sueldo fijo (10 de los 15), el kilometraje de los otros 42 procuradores supera los 2.000 euros, concretamente 2.076,8.
Añadan a esos 13.296,8 euros el gasto de los coches oficiales de los miembros del Gobierno y de la Cámara que disponen de él y el tener que calentar el salón de plenos que, dado el tamaño, no es el chocolate del loro.
Una vez que se celebre ese primer pleno deberá reunirse una ponencia, integrada por en torno a 8 políticos, y después una comisión, compuesta por 18. Ambos órganos son necesarios para debatir las enmiendas, que se supone las habrá, que presenten el resto de grupos parlamentarios en la oposición. Pese a ser solo dos reuniones, pagar las dietas de los 8 de la ponencia y las de 16 de los 18 de la Comisión de Economía y Hacienda (dos de sus integrantes tienen sueldo fijo), representará un gasto de 5.280 euros y en torno a mil más de kilometraje.
Tras esta comisión podrá ser de nuevo convocado el pleno de las Cortes que en dietas y kilometraje volverá a costar otros 13.296,8 euros.
La suma de los dos plenos, la ponencia y la Comisión de Economía obligará a gastar en dietas de sus señorías y en kilometrajes un total de casi 33.000 euros. Todo por un 'error' que, al final, acabarán pagando los contribuyentes.
Si desde los grupos que sustentan a la Junta de Castilla y León, PP y Vox, desde el primer momento echaron en cara a la oposición la «falta de elegancia» parlamentaria por no querer repetir la votación del día 23 -en la que el grueso de populares y Vox metieron la pata y tuvieron que tumbar su propia Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas-, ante el nuevo trámite nadie de los consultados descarta una nueva vuelta de tuerca al Reglamento de la Cámara por parte de la derecha con tal de repartir las culpas del elevado gasto de la solución para que los Presupuestos de 2023 entren en vigor de manera efectiva y puedan ser aplicadas las medidas adicionales que les darán carta de naturaleza.
Mientras que los expertos en materia legislativa interpelados aseguran que serán necesarios dos plenos de las Cortes, una ponencia y una reunión de la Comisión de Economía y Hacienda (casi 33.000 euros de gasto), paralelamente desde los partidos de la derecha parlamentaria ha comenzado a extenderse una vía a modo de 'globo sonda': si la oposición no presentase enmiendas a la solución de PP y Vox para sacar la pata que metieron al votar en contra de la 'Ley de Acompañamiento' el pasado día 23, podría bastar un único pleno en enero y, por tanto, el coste sería algo menos de la mitad de esos 33.000 euros que habría que gastar en dietas y kilometraje en el caso de que sí presenten enmiendas.
Con esta opción, que esta mañana ha hecho llevarse las manos a la cabeza a más de un experto en normativa parlamentaria, lo que buscan los dos partidos que sustentan a la Junta es, claramente, hacer cómplices del desaguisado parlamentario a PSOE, Soria ¡Ya!, UPL, Unidas Podemos, Por Ávila y Ciudadanos, en definitiva, repartir las culpas. Y de caer en esta opción-trampa, a PP y Vox les faltaría tiempo, con tal de salvar la cara, para acusar a toda la oposición de haber provocado el nuevo gasto (aunque fuese solo de menos de la mitad de lo previsto de acuerdo con la normativa oficial) por haberse negado a repetir la votación el día 23.
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