Brigadistas sin reconocimiento de bombero forestal: ni jubilación anticipada ni segunda actividad

La ley que regula esta categoría profesional no termina de avanzar hacia el Congreso de los Diputados. No pasa la fase de borrador. La regulación condiciona la gestión de las autonomías, competentes en esta materia, y eso frena una normativa que contemplaría la obligatoriedad de garantizar una formación continuada de los profesionales y pruebas médicas y físicas periódicas. Castilla y León destaca entre los territorios que más se oponen.

Sin una homogeneización estatal, el mapa autonómico se traslada a la extinción de incendios en el monte. Hay bomberos forestales en Galicia, Extremadura, Andalucía, Valencia, Cantabria, La Rioja, Murcia y Castilla-La Mancha. En Asturias, Cataluna, Navarra y el País Vasco no existen los bomberos forestales porque en estas comunidades los fuegos en el monte los combaten los bomberos profesionales. En Castilla y León, la categoría está sin aplicar. «¿Me puede alguien explicar por qué al mismo profesional se le llama manguerista en Castilla y León y bombero forestal en Extremadura?», se pregunta Ángel Rubio, responsable estatal de bomberos forestales de UGT, que sitúa el enfoque de la Junta respecto a los fuegos forestales «en el pleistoceno».

La muerte de Daniel Gullón Varas, zamorano de 62 años brigadista de una autobomba, en las labores de extinción del fuego declarado en Losacio, en Zamora ha provocado una cascada de condolencias, de minutos de silencio y también de indignación. «Si tenéis oportunidad preguntadle al presidente Alfonso Fernández Mañueco que hacía una persona de casi 63 años en primera línea de fuego. A ver si él tiene alguna explicación, porque nosotros no la tenemos. Un militar deja la actividad con 50 años, en Telefónica con 55...». Ernesto Angulo, responsable de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO, animaba así este lunes a pedir explicaciones a los responsables de la Junta.

El sindicalista denuncia que no es lógica la oposición a que se implante esa categoría profesional de bombero forestal. «Hay comunidades autónomas muy reticentes y entre las que más se oponen está la Junta de Castilla y León», denuncia Angulo. En esa crítica incide Tomás Pérez Urueña, secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT Castilla y León. «Castilla y León se niega rotundamente», remarca. Esa normativa, asegura este último, reforzaría la formación profesional.

El borrador que regula el Estatuto Básico del Personal Adscrito a los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios recoge que «tendrá la consideración de bombero forestal... el personal con funciones operativas específicas de prevención y extinción de incendios forestales, asignado directamente o por medio de encargo o contrato, por la administraciones competentes».

El texto recoge obligaciones de formación continuada teórica, física y práctica, refuerza el equipamiento y refleja derechos como la segunda actividad, que implica para las autonomías la obligación de establecer plazas para aquellos profesionales que «según dictamen médico tengan disminuida su capacidad de prestar el servicio ordinario». Eso atañe, principalmente, a los trabajadores de más edad. Algo que se aplica, por ejemplo, con los bomberos urbanos o en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Ahora no hay diferencia entre un brigadista de 65 años y uno de 35 a la hora de repartir tareas.

«En un parque de un servicio de extinción de incendios, de cualquier ciudad, un bombero con esa edad podría estar jubilado. Pero como el bombero forestal no está reconocido en Castilla y León, ni existe una normativa sobre sus condiciones de su trabajo o prevención, hay más posibilidades de que ocurran estos accidentes», aseguran desde CSIF Castilla y León sobre la muerte en el tajo de Daniel Gullón.

La propuesta de implantar la categoría profesional de bombero forestal es un clásico en las Cortes de Castilla y León, planteado sin éxito desde la bancada de la oposición. Dos veces lo ha presentado el PSOE en el último mes y medio. Una antes del incendio de la Sierra de la Culebra y otra en el último pleno ordinario, con los rescoldos de este fuego aún humeantes. «Estamos encantados con que la Seguridad Social mañana dicte una regulación de jubilación anticipada del personal de incendios; encantados. Nos va a costar dinero, pero estamos encantados. Y de segunda actividad. Por lo tanto, esa maniquea reclamación a la Junta es una reclamación que tiene que hacer al Gobierno que ustedes ahora sostienen», aseguró el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones al procurador socialista José Luis Vázquez en el primer debate. Es una cita sacada del Diario de Sesiones del 7 de junio.

La última reunión del Ministerio de Transición Ecológica y las autonomías sobre el estatuto profesional fue ese mes. Sin éxito. El borrador está en este momento a la espera de un informe de la Abogacía del Estado para descartar que se invadan competencias de las comunidades. Empantanado entre la España de las autonomías y la burocracia legislativa.