Castilla y León

El boom de parques eólicos y macrohuertos solares llega en quejas al Procurador

La radiografía de las quejas de los ciudadanos refleja cómo el medio rural sufre la falta de médicos, superando el nivel de consultorios sin atención presencial para llegar, en momentos puntuales, a echar la llave a centros de salud, y también recoge el incremento del tiempo de espera para acceder al especialista o pasar por quirófano, constata la inacción de los gestores públicos ante problemas de ruido, la gestión deficiente de servicios como recogida de residuos, alumbrado o abastecimiento, 'clásicos' en los sucesivos informes del Procurador, y el temor al impacto medioambiental, por el gasto de agua y los purines, de granjas porcinas de gran tamaño o la reacción a la proliferación de solicitudes de autorización de parques eólicos y macrohuertos solares.

Cuando un ciudadano llama a la puertas del Procurador suele haber agotado los cauces de diálogo con la Administración responsable. La resoluciones del Defensor autonómico no son de obligado cumplimiento, pero los gestores públicos las asumen total o parcialmente en un 77%.

Tomás Quintana resume el balance de quejas en un documento de 570 páginas de aconsejable lectura, si no obligada, para gestores de los público. A partir de aquí, una muestra de casos que llegan al Defensor autonómico.

La asistencia sanitaria es un servicio muy sensible para el ciudadano que da bastante trabajo al equipo de Tomás Quintana. El Procurador vuelve a abordar quejas por la falta de atención presencial en consultorios de pueblos. En la comarca zamorana de Sayago, la investigación de Quintana constata que hay 4 plazas sin cubrir y 3 más de doctores de baja sin sustituto, de manera que 5 médicos deben atender 43 localidades. Esa falta de profesionales provoca días de verano con el Centro de Salud sin abrir y el teléfono como alternativa en un sistema que «se colapsaba en muchas ocasiones, lo que, junto a los problemas de cobertura de algunos lugares, suponía una barrera infranqueable para los usuarios de mayor edad».

A la asistencia en el medio rural se suman quejas por las demoras hospitalarias, tanto de acceso a un quirófano como de consulta con el especialista. Dos años en Soria, por ejemplo, sin lograr una revisión con Neurología para una paciente con «deterioro cognitivo». Se hace hueco en el capítulo de Sanidad el servicio de transporte sanitario no urgente, con casos de espera de hasta nueve horas para el traslado del hospital a casa de personas mayores.

El Procurador constata un «incremento notable» de quejas por molestias de actividades industriales, centrado en «el rechazo que han mostrado numerosos ciudadanos respecto a los proyectos de generación de energías renovables que se pretenden ubicar en Castilla y León». Parques eólicos en Trabaledo (León) o Celada de la Torre (Burgos), junto con la instalación de plantas fotovoltaicas que conllevan 'tapizar' de paneles amplias extensiones de terreno han llegado hasta el despacho de Tomás Quintana.

También los ruidos generados por actividades, desde los decibelios de un equipo de refrigeración instalado en una bodega de Ávila junto a viviendas, a los generado por una residencia de ancianos instalada en los bajos de un bloque de pisos en Burgos, con el «movimiento del carro de comidas o arrastre de muebles» de continuo, como «foco sonoro» en casa de los vecinos. En el área de ruido se abren paso con fuerza las quejas de sobre terrazas y veladores, que se ampliaron durante la pandemia extendiéndose por aceras y plazas de aparcamiento, consolidando mesas hosteleras en la calle.

El Procurador tramitó de forma agrupada hasta 2.204 quejas de padres de alumnos sobre el servicio de comedor escolar de los centros públicos contratado por la Junta con empresas que utilizan el sistema de línea fría que implica el cocinado, días antes, en cocinas externas y un potente refrigerado. Familias de colegios leoneses de Villaquilambre y León capital consideraban que debía retirarse el contrata a la empresa que atendía esos centros porque era la misma que en el Hospital de León sirvió sopa con gorgojos en el cáterin médico. Otra demanda era el cambio de la línea frío por el cocinado en el centro, que la Junta desestima por entender que el primer sistema ofrece más garantías «higiénico-sanitarias».

El acoso escolar es otro asunto abordado por Quintana el año pasado, con al menos dos expedientes de casos que habían culminado con el cambio de centro del estudiante acosado. «A la vista de todo lo informado, cabía concluir que los hechos evidenciaban que existía una situación conflictiva sobre la que habría de haberse actuado con más premura y de forma más contundente, lo que debería haber evitado, tanto que el alumno afectado dejara de asistir a clase, como que cambiara de centro escolar, si es que ello había sido la causa, lo cual parecía lo más probable», escribe el Procurador del Común en su informe.

Tomás Quintana evidencia en el informe la «escasa e insuficiente disponibilidad de viviendas de protección pública destinadas a este fin y la excesiva demora en la tramitación de las solicitudes de alquiler social de una vivienda demandada por las familias que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad». Una que las quejas de tramitó abordaba una solicitud de vivienda sin solución que llevaba en espera 10 años.

El Procurador insistió, a través de resoluciones, en la necesidad de adjudicar con publicidad y criterios ecuánimes las antiguas casas del maestro, del médico o del secretario municipal rehabilitadas en pequeños municipios, tras instruir varias quejas por adjudicación directa. En dos de los casos, a concejales del municipio. «Apreciamos la posible concurrencia de un supuesto de incompatibilidad para contratar de los miembros de las corporaciones locales», remarca Quintana.

El Procurado del Común ha abordado en quejas y en una investigación de oficio el cuidado que reciben los mayores en residencias, instando a la Junta a reforzar la labor de inspección y supervisión, entre otros aspectos, de la comida, con menús adecuados y en cantidad suficiente.

Son servicios «básicos» que «condicionan la vida diaria». Ningún año falta quejas por pavimentaciones, abastecimientos, alumbrados o recogida de basura deficientes. En el medio rural, sobre todo, pero también en cabeceras de comarca o capitales de provincia. El informe refiere una queja sobre un barrio de la localidad segoviana de Cuéllar en la que el agua potable llega por tuberías de fibrocemento, material con orden de retirada (uralita) por contener amianto que es cancerígeno. Se suma otro expediente en la localidad salmantina de Terradillos por sufrir el agua de boca del abastecimiento contaminación por arsénico.

El Procurador tramitó una queja sobre el alumbrado público en la ciudad de León. «Indicaba que un número muy elevado de calles y espacios públicos se encontraban en penumbra..., lo que provocaba una sensación de inseguridad en los vecinos y visitantes», recoge el informe. El Ayuntamiento aceptó las recomendaciones para verificar la atención de las averías, la eliminación de «zonas oscuras» y un control equilibrado de la «intensidad lumínica».