La tasa de población en riesgo de pobreza o exclusión social mejoró, es decir, descendió el año pasado hasta el 22,1% en Castilla y León, justo un punto por debajo de la que se registró en 2021. No lo hizo, sin embargo, tanto como ... en la media nacional, donde esta tasa es más elevada. En España bajó 1,8 puntos, hasta el 26% de la población. Esta tasa, denominada AROPE por sus siglas en inglés, se obtiene sumando la población que se encuentra en riesgo de pobreza, o con carencias materiales y sociales severas, o con baja intensidad en el empleo. Un 22,1% de la población de la comunidad supone en torno a 519.000 personas.
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La Encuesta de Condiciones de Vida que difunde anualmente el INE constituye el termómetro más valorado sobre la situación socioeconómica de las personas y su evolución, ya que proporciona información sobre la renta, el nivel y composición de la pobreza y la exclusión social en España y permite la comparación con otros países de la Unión Europea. Con los datos de 2022, en el caso de la comunidad apenas mejoró la tasa de población en riesgo de pobreza, ya que del 17,9% de 2021 solo bajó al 17,8% en 2022. Los afectados por carencia material y social severa sí descendieron del 6,1% al 5%, mientras que las personas que viven en hogares con baja intensidad en el trabajo subieron del 7,8% al 8,2%.
En los últimos nueve ejercicios, la tasa de pobreza y exclusión ha fluctuado entre el 26,5% del año 2014 y el 16,8% de 2019.
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M. J. Pascual
Los datos dejan entrever que la pobreza se cronifica entre las personas que la sufren; que mejoran las carencias gracias a las ayudas asistenciales que ofrecen las instituciones públicas y los organismos privados; y que la mejoría del mercado laboral no llega hasta los colectivos más necesitados.
El riesgo de pobreza, explica el INE, es un indicador relativo que mide desigualdad. No mide pobreza absoluta, sino cuántas personas tienen ingresos bajos en relación al conjunto de la población. En este sentido, la renta media neta por personas se situó (en 2021) en la comunidad en 13.323 euros anuales, el 5,27% por encima de la del ejercicio previo y por encima de los 13.008 euros de media nacional, donde se incrementó el 6,02%.
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Por otro lado, se considera que una persona está en situación de carencia material y social severa si declara tener carencia en al menos siete elementos de los 13 que componen la lista por la que se pregunta en la encuesta. En los siete que tienen que ver con el hogar, la comunidad presenta porcentajes más bajos que el promedio del país en todos ellos.
A nivel de hogar, se cuantifican los entrevistados que no pueden permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año (29,9% en Castilla y León frente a 33,5% de España); los que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días (4,1% y 5,5%, respectivamente); los que no pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada (11,3% y 17,7%); los que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos de 800 euros (27,1% y 35,5%); los que han tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad…) o en compras a plazos en los últimos 12 meses (7,3% y 10%); los que no pueden permitirse disponer de un automóvil (3,8% y 5,2%) y los que no pueden permitirse disponer de un ordenador personal (5,3% y 5,9%).
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Los ingresos medios anuales más elevados se dieron en País Vasco (16.427 euros por persona), Navarra (15.970) y Madrid (15.695), mientras que los más bajos se registraron en Extremadura (10.133 euros por persona), Murcia (10.632) y Andalucía (10.703).
En cuanto a las tasas AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social, las más elevadas se dieron en Extremadura (36,9%), Canarias (36,2%) y Andalucía (35,8%). En el lado contrario, Navarra (14,5%) y País Vasco (15,7%) presentaron las tasas más bajas.
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