La Junta lanza ayudas dotadas con 2,8 millones para la rehabilitación de más de setecientas viviendas

La Junta de Castilla y León invertirá 2,8 millones para mejorar la conservación, la seguridad de utilización y la accesibilidad de viviendas a través de las ayudas Reca, que contemplan la rehabilitación de 752 viviendas, 212 de ellas en el medio rural, y beneficiará a 72 comunidades de propietarios y 35 viviendas unifamiliares.El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha presentado esta mañana la resolución de la convocatoria de estas ayudas, cuyo importe total supondrá una inversión de casi diez millones de euros y se prevé que se publiquen en el Bocyl el próximo martes, 16 de agosto.

Los beneficiarios han sido mayoritariamente comunidades de propietarios, un total de 72 que agrupan a 717 viviendas, más 35 dueños propietarios de casas unifamiliares, en su gran mayoría en el medio rural. El consejero ha aclarado que esta es la séptima y última convocatoria del plan actual, de las cuales cuatro han sido para la accesibilidad, seguridad y conservación y las otras tres para la conservación y eficiencia energética. Quiñones ha aclarado que esta última modalidad no se beneficiará de los presupuestos normales, ya que a partir de la entrada en vigor del nuevo Plan Estatal de Vivienda 22/25, se usarán los créditos procedentes de los fondos europeos a través del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.

El objetivo de estas ayudas es mejorar la infraestructura de algunas viviendas en materia de conservación, seguridad y sobre todo accesibilidad, como ha declarado el consejero. «Se mejorará el estado de conservación de edificios y viviendas y en materia de accesibilidad, se pondrán ascensores, rampas o salvaescaleras». Podrán optar a una de estas ayudas propietarios o comunidades que no superen cinco veces el IPREM, propietarios de viviendas en edificios que residan con una persona con discapacidad o mayor de 65 años y arrendatarios que cuenten con el visto bueno del propietario para la reforma.

La cuantía de las ayudas varía en función de la actuación, ya sea conservación o accesibilidad, pero se aplicará en todo caso un límite del 40% del coste de la subvención. Esto significa que las ayudas oscilan entre los 2.000 euros para viviendas que solo necesiten actuaciones de conservación, 6.000 euros para aquellas viviendas que necesiten de una mejora en la seguridad y de la accesibilidad, o de manera conjunta accesibilidad, conservación y seguridad, y 2.000 euros para las intervenciones que se realicen en los espacios interiores de las viviendas.

Según explica Quiñones, «el plazo es de 24 meses desde el 16 de agosto, cuando se publique en el Bocyl». Sin embargo, podrá ser prorrogable de manera excepcional y previa a una solicitud del interesado por un plazo máximo de 6 meses añadidos a los 24 del transcurso normal. El histórico del plan recoge un importe total de 16,3 millones de euros que han sido destinados a estas labores.

Sobre el nuevo Plan de Vivienda, la Junta recoge un importe total de 101 millones de euros, con una vigencia de cuatro años. Además, en la rueda de prensa de hoy, se ha recalcado la resolución y realización de otras tres nuevas convocatorias, el Bono Joven, la resolución de las Ayudas al Alquiler 2021 y la rehabilitación a nivel de barrio o ARUs. Se destaca que en octubre se convocarán las ayudas a la rehabilitación y las Ayudas al Alquiler ordinarias, ambas dentro del contexto del nuevo Plan de Vivienda 2022-2025.

Sobre el Bono Joven, fue publicado el pasado 29 de julio la convocatoria. Es una ayuda al alquiler con una dotación mensual de 250 euros a jóvenes de menos de 35 años por un máximo de dos años. También se han resuelto las ayudas al alquiler, las cuales declara Quiñones que «todas han sido pagadas el 15 de junio», y por último los nuevo ARUS, que consisten en la rehabilitación de zonas o barrios de las ciudades, tanto viviendas privadas como espacios públicos. A esta última se ha asignado un presupuesto inicial de 18,7 millones de euros, aunque Quiñones ha aclarado que «los ayuntamientos han puesto también una parte a mayores y los propios particulares, alcanzando una cifra de 33 millones de euros».

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