La ayuda de alquiler de Castilla y León llegará al 75% del coste para jóvenes rurales

La consejería que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones, mantiene dos premisas básicas de obligado cumplimiento: es necesario un contrato formalizado, con exclusión expresa de apalabrados verbales y el pago debe hacerse en el banco, con transferencia, domiciliación o ingresos plasmados en recibos que reflejen claramente quién paga, a quién se paga, el importe, el concepto de alquiler y el mes.

La Junta establece para la próxima tanda de ayudas un apoyo general del 50% del coste, que mejorará hasta el 60% para todos los jóvenes y hasta ese 75% para los del medio rural o esas familias que ha sufrido un grave tropiezo económico. Los solicitantes jóvenes serán aquellos de hasta 35 años. Por situación de «vulnerabilidad sobrevenida» se refieren en la consejería a hogares que han reducido sus ingresos al menos en un 20% con respecto a los dos años anteriores y que destinan a pagar el alquiler más de 30% de su renta.

La consejería sitúa como requisito de ingresos anuales de los posibles beneficiarios 3 veces el indicador público IPREM, lo que sitúa el tope de renta en los 24.318 euros (con cifras de 2022). Las bases flexibilizan ese 'techo' para familias numerosas, víctimas del terrorismo o personas con discapacidad. En estos casos el máximo de ingresos anuales para poder acceder a las ayudas crece hasta 32.424 euros en el caso de familias numerosas con tres y cuatro hijos y víctimas del terrorismo y de 40.530 euros al año para las familias con cinco o más vástagos y personas con una discapacidad acreditada por encima del 33%.

Además de viviendas completas, la ayuda también subvencionará el alquiler de habitaciones en piso compartido. Siempre con un contrato y cuando esa estancia sea en la que está empadronada la persona solicitante y sea su residencia habitual. Eso dejaría fuera los pisos de estudiantes que comparten vivienda y están empadronados en el domicilio familiar, que pueden acceder a apoyo económico a través de las convocatorias de becas.

La vivienda alquilada también debe cumplir requisitos económicos. La renta mensual no puede superar los 450 euros en el medio rural o los 150 si el arrendamiento es de una habitación; los 500 euros en un segundo ámbito de carácter más urbano o 175 por una habitación; o 550 euros en las capitales donde el alquiler es más caro (Valladolid, Burgos, Segovia...) o de 200 euros por una habitación. Esas cuantía suben en el caso de viviendas para familias numerosas, con cifras que oscilan entre los 500 euros en pueblos y los 800 en las ciudades donde el arrendamiento es más oneroso.

La Junta ha concedido en los últimos años la subvención a todos los solicitantes que cumplían los requisitos. Aún así, son ayudas que salen en concurrencia competitiva. Esto quiere decir que se comparan solicitudes y se establecen criterios de prioridad por si se agota el crédito. Tendrán preferencia aquellos peticionarios con menor renta y los hogares con más miembros. En esa suma de puntos también se contempla a jóvenes, personas con discapacidad, mayores y personas divorciadas o separadas que se ven obligadas a dejar el domicilio familiar al cónyuge que asume la custodia de los hijos. Con esos criterios se establece un listado para ordenar la asignación de ayudas. Si fuera necesario desempatar solicitudes, primaría el número de menores de 16 años a cargo del solicitante y la antigüedad del contrato de la vivienda.

La convocatoria del año pasado llegó a 15.221 hogares, con quejas entre los beneficiarios por la demora en el pago. La Junta hizo el ingreso en junio pasado, casi un año después de convocar una ayuda con la que subvencionaba el alquiler del año anterior, pagado entre enero y diciembre de 2021.