Panorámica del municipio vallisoletano de Simancas, que tiene la población con mayor renta de la comunidad. HENAR SASTRE

Castilla y León recauda un 12% más por patrimonio al crecer las grandes fortunas

El tributo que grava las rentas altas aportó en la comunidad el 12,5% más en 2020, a una media de 4.460 euros por declarante

Domingo, 18 de abril 2021, 08:16

Están obligados a tributar por el Impuesto sobre el Patrimonio aquellos contribuyentes que poseen más de 700.000 euros, excluido el valor de la vivienda habitual hasta un máximo de 300.000 euros. El año pasado, el número de castellanos y leoneses con este caudal ... patrimonial fue de 7.600, la cifra más alta de la historia, 40 más que en 2015. La recaudación por este tributo –ahora en el candelero por la intención del Gobierno de que «los grandes patrimonios hagan una contribución adicional al conjunto de las arcas públicas»– fue la que más se incrementó (la única junto con la del IRPF) en el año de la covid. Nada menos que el 12,5%.

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Así, la Agencia Tributaria recaudó de los castellanos y leoneses un total agregado de 4.009,8 millones de euros en 2020, el 3,2% menos que el año anterior. De los impuestos que gestiona, solo el de la Renta elevó su recaudación (5,1%); mientras que el que más retrocedió fue el IVA debido a la bajada del consumo, voluntaria en unos casos y forzosa en otros. Su recaudación cayó a 1.127,4 millones, el 11,9% menos que en 2019. Por el desplome de la actividad, el Impuesto de Sociedades vio recortada su contribución hasta 588 millones, el 6,7% menos.

Por su parte, la recaudación tributaria de la Junta en Castilla y León cayó el 9,8% en 2020 en el año de la pandemia, hasta 616,7 millones. Transmisiones Patrimoniales (ITP) sufrió un descenso del 12,2%, hasta 186,1 millones, por la menor compraventa de viviendas; Actos Jurídicos Documentados (AJD) cayó el 15,7% y Sucesiones y Donaciones (ISD), el 1,4%. La tasa sobre el juego se hundió el 43,7% por las restricciones.

Vallisoletanos y leoneses

A la vez, el Impuesto sobre el Patrimonio, cuya gestión está compartida entre la Dirección General de Tributos y la Agencia Tributaria y cuyas declaraciones se presentan conjuntamente con las del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aportó el año pasado 37,23 millones de euros, 4,14 millones más que un año antes (12,5%), sobre todo por aumento del número de declarantes con patrimonio superior al millón de euros contada su vivienda habitual. Éstos se incrementaron en 116 personas en un año, hasta las citadas 7.600.

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Con datos de la Consejería de Economía y Hacienda, estos contribuyentes abonaron al erario público una media de 4.460 euros en 2020, que son 518 más que un año antes.

En Valladolid residen 1.679 de las grandes fortunas de la comunidad (22%), frente al 19%de León y el 17,7% de Burgos. El 16,6% están Salamanca; el 6,1% en Palencia y el 5,2% en Segovia. Los que más pagaron de media fueron los vallisoletanos (5.348 euros), seguidos de los leoneses (5.027).

La recaudación de este impuesto se repartió entre los 33,89 millones de las autoliquidaciones, más los 3,88 millones de otras nueve liquidaciones por todos los conceptos. Desde que en 2012 (correspondiente al periodo de liquidación del 2011) se restableció el gravamen por el impuesto hasta 2020, el número de liquidaciones se ha mantenido en una línea similar todos los años, con un aumento del 3,32% al pasar de 7.356 en 2012 a 7.600 declaraciones en 2020 (campaña 2019). El importe de las autoliquidaciones ha registrado un incremento del 10,9% al crecer de 30,56 a 33,89 millones.

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Castilla y León aplica la tarifa estatal en el Impuesto sobre el Patrimonio, con ocho tramos que oscilan entre el 0,2% y el 2,5%, según la base liquidable sea de 167.000 o de 10,7 millones de euros. Otras comunidades (Andalucía, Cantabria, Baleares, Cataluña, Extremadura, Murcia y la C. Valenciana han ajustado la tarifa al alza. La Comunidad de Madrid tiene una bonificación del 100% y La Rioja, del 75%.

Diferencias entre españoles

Este tributo llegó a recaudar cerca de 2.360 millones en 2008, mientras que en 2017 aportó 1.267 millones, lo que se explica por el mínimo exento de 700.000 euros que se aplica por defecto, por la exención de la vivienda hasta la cuantía de 300.000 euros por contribuyente –ambas medidas empezaron a aplicarse en 2012– o porque la Comunidad de Madrid lo tiene bonificado al 100%. No obstante, un informe del Registro de Economistas Asesores Fiscales sobre fiscalidad autonómica destaca el incremento recaudatorio de los últimos años por este impuesto.

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En cuanto a las diferencias entre españoles, un contribuyente con un patrimonio de 800.000 (excluida la vivienda) paga 1.164 euros en Aragón, 1.099 en Extremadura y 0 en Madrid, Vizcaya y Álava. En Castilla y León tributa 200 euros. Si el patrimonio es de cuatro millones, el extremeño es el que más paga (59.919) y el que menos, el riojano (excluidos los madrileños), con 9.136 euros. El castellano y leonés abona 36.546. En el supuesto de que el declarante posea 15 millones de euros, paga 418.155 euros en Extremadura; 68.442 en la Rioja y 273.770 en Castilla y León. En Madrid este exclusivo tramo de contribuyentes sigue tributando al 0%.

La comunidad renuncia a elevar la tarifa mínima

El Impuesto sobre el Patrimonio está en el ojo del huracán, después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya anunciado la intención del Gobierno de modificarlo en 2022, junto con Sociedades y Sucesiones. En el ánimo del Gobierno está neutralizar la bonificación total madrileña, pese a que el candidato del PSOE a las elecciones de la comunidad, Ángel Gabilondo ha reiterado en los últimos días que no tocará la fiscalidad actual.

En cuanto a las tendencias normativas del último ejercicio, la Comunidad Valenciana ha incrementado el importe a pagar por la rebaja del mínimo exento y el aumento del marginal máximo. También sube la tributación en las comunidades que no han regulado tarifa propia por la subida de un punto en el marginal máximo de la tarifa establecida por el Estado –que es la que se aplica por defecto en Castilla y León–.

Para el Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf), lo más llamativo es «que cuatro comunidades –Aragón, Cataluña, Extremadura y la Valenciana– han reducido los mínimos exentos; que bastantes (entre 7 y 9, según tramos) tienen tarifas más elevadas que la estatal; y que en Madrid no se paga este tributo».

Las que como Castilla y León no han regulado la tarifa ven cómo se incrementa el marginal máximo a los ciudadanos con patrimonios de más de 11 millones y se producen pocas modificaciones –rebaja de la tarifa Andalucía y, en la C: Valenciana, baja el mínimo exento y se sube la tarifa–. «En definitiva, en todas las comunidades, incluidas las forales, se pagan unas cantidades considerables, excepto en Madrid, donde está bonificado al 100%», señalan.

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