La Audiencia rectifica y permitirá grabar imágenes de Herrera cuando testifique en el caso Perla Negra

La Audiencia Provincial de Valladolid permitirá finalmente tomar imágenes del expresidente de la Junta de Castilla y León Juan Vicente Herrera cuando testifique, el próximo día 30, en el caso Perla Negra, después de que el pasado viernes se anunciara que su comparecencia para responder al interrogatorio de las partes en calidad de testigo no podría ser grabada.

El magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia que presidirá el juicio, Miguel Ángel de la Torre, ha tenido en consideración el escrito remitido por el decano del Colegio de Periodistas de Castilla y León, en el que solicitaba la grabación íntegra de imagen y sonido, al tener en cuenta el «interés mediático» que pone de manifiesto el Colegio, además de tratarse de delitos que afectan a la gestión de la administración pública por parte de responsables políticos.

Todo ello, explica el tribunal, constituye un «elemento diferenciador respecto a otros procedimientos», por lo que no tiene «inconveniente en facilitar a los medios de comunicación su trabajo en aras de favorecer el rigor informativo». No obstante -recalca-los medios no podrán obtener imágenes que identifiquen el rostro de testigos y peritos que no fueran funcionarios o cargos públicos en el momento de los hechos, o también si lo son en la actualidad, salvo que estos manifiesten su autorización para ello.

Las declaraciones de los acusados comenzarán el día 14 y concluirán el 17 de marzo. En días posteriores comparecerán los 90 testigos y peritos propuestos por las partes.

En el banquillo de los acusados se sentarán hasta el 29 de abril doce acusados de prevaricación, cohecho, revelación y violación de secretos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración, delitos que se habrían cometido entre 2005 y 2011. Entre ellos, los ex viceconsejeros de Economía Rafael Delgado y Begoña Hernández junto a otros tres miembros de la ex cúpula de esa Consejería y empresarios supuestos beneficiarios de estas operaciones urbanísticas.

Las mayores penas se piden para los exviceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández, 11 años de prisión para cada uno, la misma que para el exconsejero delegado de Gesturcal y funcionario de la Junta Juan Carlos Sacristán. Además, responsabiliza a otros dos cargos de la antigua empresa pública (luego ADE Parques) Salvador Molina y Francisco Armero cuatro años de cárcel. Extiende la acusación a los empresarios Alberto Esgueva (y exdirector de la división internacional de ADE), Germán Martín Giraldo y Ángel Román Montes, ambos de Urban; y empresarios integrantes de la sociedad Parque Empresarial Portillo Luis Antonio Recio, Francisco Esgueva, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González. Para cada uno de ellos solicita seis años de cárcel.

Además, los acusados tendrían que indemnizar a la Junta de Castilla y León, en el caso de que prospere la petición de la acusación pública, con 16,1 millones de euros, que es la cuantía que se calcula que fue desviada a favor de las empresas beneficiadas con los dos «pelotazos», afines al Partido Popular, principalmente, Urban Proyecta y Parque Industrial Portillo. Las penas solicitadas por el resto de las acusaciones son más elevadas.

Según el relato de hechos de la Fiscalía, estas operaciones «fueron propiciadas desde la cúpula de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, cuando era titular de la misma el fallecido Tomás Villanueva Rodríguez, con el propósito de beneficiar a determinadas mercantiles a través de sociedades de participación pública de la Junta, Gesturcal y después de 2008, con la absorción, ADE Parques. La actuación de los acusados, sostiene la fiscal del caso, dio lugar a que la empresa pública pagara por el inmueble conocido como la Perla Negra 60,5 millones de euros, cuando su valor no debió superar los 52 en los que fue tasado, y a que hiciera frente al abono de 9,8 millones por una serie de conceptos que debieron correr a cargo de Urban, la promotora y adjudicataria final del contrato del edificio.

Respecto de los terrenos adquiridos en el término municipal de Portillo, las actuaciones concertadas por los acusados, siempre según la acusación pública, «no solo determinaron un considerable incremento en el precio de las fincas finalmente satisfecho por ADE Parques superior a los 3 millones de euros, sino también el pago de otros conceptos que, »dejando al margen los que pudieran ser dudosos«, supusieron, al menos otros 3,3 millones.

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