La Audiencia impide grabar imágenes del expresidente Herrera cuando testifique en el caso Perla Negra

En este caso, la Audiencia ha decidido no hacer una excepción en el caso de Herrera, que presidía la Junta de Castilla y León cuando se gestó la operación de compra-venta del edificio de ADE en Arroyo de la Encomienda, conocido como Perla Negra, y de las parcelas para la construcción del parque industrial de Portillo.

Puntualiza el TSJ que la Sección Segunda entiende que la grabación de los 10 primeros minutos de cada sesión del juicio se refiere solo a la imagen y no al audio, de manera que podrá grabarse el sonido de toda la vista. Así que durante la primera semana se podrá grabar el audio y la imagen de todas las sesiones, ya que es el turno de los acusados, pero de las restantes semanas, en las que comparecerán los testigos y los peritos, se podrá grabar el audio íntegro de cada sesión y la imagen solamente de los primeros diez minutos. La incógnita es si el 30 de marzo, cuando está previsto que declare Herrera, su citación encabeza la lista de testigos de ese día y podrá haber imágenes del ex presidente del Gobierno autonómico sentado frente al tribunal.

Las declaraciones de los acusados comenzarán el día 14 y concluirán el 17 de marzo. En días posteriores comparecerán los 90 testigos y peritos propuestos por las partes.

En el banquillo de los acusados se sentarán hasta el 29 de abril doce acusados de prevaricación, cohecho, revelación y violación de secretos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración, delitos que se habrían cometido entre 2005 y 2011. Entre ellos, los ex viceconsejeros de Economía Rafael Delgado y Begoña Hernández junto a otros tres miembros de la ex cúpula de esa Consejería y empresarios supuestos beneficiarios de estas operaciones urbanísticas.

Las mayores penas se piden para los exviceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández, 11 años de prisión para cada uno, la misma que para el exconsejero delegado de Gesturcal y funcionario de la Junta Juan Carlos Sacristán. Además, responsabiliza a otros dos cargos de la antigua empresa pública (luego ADE Parques) Salvador Molina y Francisco Armero cuatro años de cárcel. Extiende la acusación a los empresarios Alberto Esgueva (y exdirector de la división internacional de ADE), Germán Martín Giraldo y Ángel Román Montes, ambos de Urban; y empresarios integrantes de la sociedad Parque Empresarial Portillo Luis Antonio Recio, Francisco Esgueva, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González. Para cada uno de ellos solicita seis años de cárcel.

Además, los acusados tendrían que indemnizar a la Junta de Castilla y León, en el caso de que prospere la petición de la acusación pública, con 16,1 millones de euros, que es la cuantía que se calcula que fue desviada a favor de las empresas beneficiadas con los dos «pelotazos», afines al Partido Popular, principalmente, Urban Proyecta y Parque Industrial Portillo. Las penas solicitadas por el resto de las acusaciones son más elevadas.

Según el relato de hechos de la Fiscalía, estas operaciones «fueron propiciadas desde la cúpula de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, cuando era titular de la misma el fallecido Tomás Villanueva Rodríguez, con el propósito de beneficiar a determinadas mercantiles a través de sociedades de participación pública de la Junta, Gesturcal y después de 2008, con la absorción, ADE Parques. La actuación de los acusados, sostiene la fiscal del caso, dio lugar a que la empresa pública pagara por el inmueble conocido como la Perla Negra 60,5 millones de euros, cuando su valor no debió superar los 52 en los que fue tasado, y a que hiciera frente al abono de 9,8 millones por una serie de conceptos que debieron correr a cargo de Urban, la promotora y adjudicataria final del contrato del edificio.

Respecto de los terrenos adquiridos en el término municipal de Portillo, las actuaciones concertadas por los acusados, siempre según la acusación pública, «no solo determinaron un considerable incremento en el precio de las fincas finalmente satisfecho por ADE Parques superior a los 3 millones de euros, sino también el pago de otros conceptos que, »dejando al margen los que pudieran ser dudosos«, supusieron, al menos otros 3,3 millones.