El caso Perla Negra regresa a la casilla de salida sin fecha para el juicio

El tribunal, después de retirarse a deliberar, así lo ha entendido también y ha tardado esta mañana tan solo diez minutos en comunicar la suspensión sin fecha de un procedimiento penal, el de la Perla Negra, que lleva más de nueve años en los juzgados, el primero de esta magnitud que iba a juzgarse en Castilla y León, con la excúpula de la Consejería de Economía de los tiempos del desaparecido Tomás Villanueva y el presidente Juan Vicente Herrera en el banquillo y siete empresarios supuestamente beneficiados por ambas operaciones inmobiliarias.

El magistrado presidente, Miguel Ángel de la Torre, ha manifestado a las partes que una vez que se comunique al Juzgado de Instrucción 2 de Valladolid la suspensión del juicio, se le devolverá la causa para que la letrada de la Administración de Justicia entregue y certifique el traslado de todos los documentos. Esta nulidad retrotrae el caso Perla Negra al momento anterior a la presentación de los escritos de defensa, cuando se recibieron los escritos de acusación, el 14 de enero de 2020. Se concede un plazo de 10 días a las defensas para que presenten escritos comunicando exactamente los documentos de los que no se hayan entregado copia y después. «una vez trasladadas las copias que faltan a las partes, se certifique que se ha efectuado el traslado». Tras la verificación de que todos tienen todo, continuará la causa con el trámite para que los letrados presenten sus nuevos escritos defensa y soliciten, si lo consideran a la luz de esa documentación, nuevas pruebas. Según los tiempos judiciales que manejan las defensas, si el juicio no se reseñala para antes del 20 de diciembre, habrá que esperar hasta 2023. Con suerte, se celebraría después de Reyes, apostillan los letrados.

A pesar de que la cuestión previa planteada por las defensas no cayó en saco roto y fue estimada por el tribunal, los letrados manifestaban su malestar por la suspensión del juicio, nueve años después. Jesús Gómez-Escolar, letrado de la exviceconsejera de Economía Begoña Hernández, expresaba su descontento por el hecho de que él fue uno de los abogados que ya había advertido lo que ocurría con los documentos y sus escritos se rechazaron. «Una y otra vez, lo comuniqué hace cinco años, hace tres y hace dos», insiste el abogado, quien lamentó «todo el esfuerzo de estos nueve años y el desgaste para mi cliente...». Calcula este veterano jurista que el reseñalamiento del macrojuicio de la Perla Negra no podrá ser «antes de otoño, eso será imposible».

Señala también Eleuterio Gordaliza, el abogado defensor del exviceconsejero de Economía Rafael Delgado, «todos los escritos y recursos que hemos presentado anunciando esta circunstancia (la documentación incompleta) fueron descartados en su día». Pero, indica que «lo más importante es que se garantiza el derecho de defensa y la Sala ha interpretado que las defensas y acusaciones, en este caso, de común acuerdo, tenían razón respecto de este 'pequeño vicio' detectado en tomos y folios». Destaca este letrado, sobre todo, que «las dilaciones indebidas» en este proceso» perjudican, no solo a los acusados, sino a sus familias, que se nos olvidan muchas veces». Además, concluye, «ya no es solo la situación de investigación y acusación, sino la muerte civil de estas personas que se produce por la pena de telediario».

El letrado del empresario Francisco Esgueva también calcula que «nos vamos a año que viene» en el nuevo señalamiento del juicio de la Perla Negra y «es posible que, aunque la trama eólica aún anda en la fase de resolución de recursos, puede que hasta se celebre antes a este paso». El abogado Fernando Cantalapiedra subraya que la responsabilidad de la suspensión no solo es de la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción 2, sino también de la propia Sala, «porque minimizó los recursos que planteamos y pasó de puntillas sobre el problema de la documentación incompleta».

Se trata de los exviceconsejeros de Economía Rafael Delgado Núñez y Begoña Hernández Muñoz; el exconsejero delegado de Gesturcal-Ade Parques, Juan Carlos Sacristán Gómez; el administrador de la promotora Urban Proyecta, Germán José Martín Giraldo; el director gerente de Gesturcal Salvador Molina Martín; el director financiero de esta sociedad, Francisco Armero Gutiérrez; Ángel Román Montes López, también de Urban Proyecta; Alberto Esgueva Gutiérrez, actual empresario y exdirector de la División de creación de empresas e internacionalización de servicios de ADE ; su hermano Francisco, presidente del consejo de administración de Cementos La Bureba y fundador de Parque Empresarial Portillo con Luis Ángel Rodríguez Herrero, administrador; Luis Antonio Recio García, vocal y Carlos González Maestro, que fue secretario de dicha sociedad.

Se les acusa de delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación continuada, fraude a la administración, malversación de caudales públicos y cohecho cometidos entre 2005 y 2011. Los doce se enfrentan a un conjunto de peticiones de penas de prisión que suman 221 años de cárcel, en el caso de las calificaciones del PSOE, o los más de 70 años de prisión que solicita para todos ellos el ministerio público.

El retraso del juicio puede suponer que su señalamiento coincida en 2023 con el de la trama eólica, en el que se tratarán de esclarecer las supuestas irregularidades en el reparto de la tarta de la energía eólica por parte de excargos de la Junta entre empresas de la comunidad afines al PP, una causa en la que están procesados también algunos de los protagonistas del caso de la Perla Negra.

Las primeras reacciones a la suspensión de la vista no se han hecho esperar. El alcalde de Valladolid y secretario provincial del PSOE, Óscar Puente, ha calificado de «sorprendente» que el caso, después de tantos años, «llegue incompleto» a la Audiencia. En declaraciones recogidas por Europa Press, ha añadido que le produce «inquietud» y que «son muchos años los que se está tardando en este tipo de asuntos y cuando la justicia es tan lenta, no es justicia».