Vox aprovecha su altavoz institucional y pisa el acelerador ideológico en Castilla y León

Esta semana ha tocado de nuevo Villalar y el 23 de abril cuando todavía colean las medidas antiabortistas del protocolo del 12 de enero que Mañueco y el PP niegan y sobre el que García-Gallardo y Vox insisten en que está acordado. No son polémicas aisladas. Es un continuo.

Día sí, día no, la negación de la violencia de género o machista –términos que evitan los dirigentes del partido ultraconservador en las condenas de los asesinatos de mujeres– con su sustitución por el de violencia intrafamiliar. Cada cierto tiempo, la oposición férrea a todo aquello que encaje en la regulación de Memoria Histórica y reconocimiento a los represaliados del Franquismo bajo una propuesta de «normativa de Concordia» que el PP, de momento, mantiene inactiva.

Y de seguido, la guerra declarada a los sindicatos UGT y CC OO, incluyendo en el lote a la patronal CEOE, tensionando un Diálogo Social en el que el PP cumple los acuerdos en áreas de Familia, Medio Ambiente, Educación o Vivienda y Vox permanece declarado en rebeldía en la parte de Empleo e Industria. El gobierno de coalición «único y fuerte» que venden los dos socios tras cada encontronazo, -«como un roble», en definición de Gallardo este mes de enero- funciona en la práctica, como dos perfectamente diferenciados en muchos aspectos.

Vox pisa el acelerador ideológico en Castilla y León en pos de esa «batalla cultural» que el vicepresidente plasmó como prioridad al estrenar la coalición con el PP. Añadió la perspectiva de familia, para hacer de Castilla y León una comunidad «maternal».

En aquella comparecencia, en la que abogó por devolver al estado competencias autonómicas porque las autonomías son «un lujo que no nos podemos permitir», definió a las mujeres como «portadoras y dadoras de vida» frente a la «cultura de la muerte». También defendió la energía nuclear, que ha tenido reflejo en el presupuesto de 2023 con una partida que pagará un estudio sobre la viabilidad de instalar un nuevo reactor SMR en Garoña y dos más en Velilla y La Robla. Esa comparecencia supuso el primer roce con el PP. «Confunde roles», se atrevió a decirle al vicepresidente el procurador del PP José Luis Sanz Merino.

Días después llegó ese pleno en el que se dirigió a la socialista Noelia Frutos, procuradora con una discapacidad física severa con aquel «le voy a responder a sus faltas de respeto como si fuera una persona como todas las demás». Es lo que quedó de una intervención en la que, tras esa entrada, el vicepresidente aseguró que «la izquierda» invitaba a los padres a «abortar, a triturar en el vientre de las madres a los niños a los que se detecta tempranamente la discapacidad».

Juan García-Gallardo programa agenda propia en paralelo a la del presidente Mañueco. Ayuda a ello que encarne, a diferencia de quienes le precedieron en el cargo, una vicepresidencia sin consejería que gestionar. Esa brega diaria con los expedientes no le quita tiempo, lo que le convierte en un presidente 'bis' de las tres áreas de Vox (Empleo, Agricultura y Cultura), que hace incursiones en el terreno de las que gestiona el PP, poniendo especial celo en la comunicación, con cuidados vídeos, para difundir en redes sociales, de visitas y actos públicos muchas veces 'solo para gráficos', sin preguntas.

El reparto de competencias y la legislación vigente reducen el efecto práctico de las exigencias de Vox al PP. De la norma de Concordia aún no se sabe nada y la de Violencia Intrafamiliar, según el guión de lo que regulará, deja fuera la violencia de género y lo relativo a protección de menores. Pero aún sin efecto práctico, Vox cosecha el rédito de situar asuntos polémicos en el debate público y de obligar a Mañueco y los populares a respaldarlo o desmarcarse.

Ahí queda el planteamiento de Gallardo de que la despoblación de Zamora se debe, entre otras causas, a la «hipersexualización» de una sociedad en la que «la banalización del sexo lleva a que sea un fin en sí mismo, olvidando que su finalidad es la de la procreación». Y se puede escuchar cómo cualquier cargo de Vox mete cuña en cuanto puede con el «fanatismo climático» para negar, tras un verano de incendios terribles, un cambio climático sobre el que el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP) mantiene la intención de promover una ley autonómica con ese nombre.

Castilla y León ha cambiado su calendario laboral de festivos. El objetivo de Vox: sustituir el 23 de abril, Día de Castilla y León, por el 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol, patrón de España. Villalar coincide este año en domingo, pero el próximo, bisiesto, será martes y el Estatuto de Autonomía establece que sea festivo. Cuando los cargos de Vox en la Junta bajan el pistón ideológico, cogen el testigo los de las Cortes. El Parlamento organiza el programa del 23 de abril en Villalar, a través de la Fundación Castilla y León. El presidente, Carlos Pollán, que el año pasado habló de la necesidad de «reorientar» la fiesta, ha planteado suprimir los 35.000 euros que recibe el Ayuntamiento por cesión de terrenos y espacios y servicios.

Lo taurino era un ámbito cuidado históricamente en Castilla y León, pero con Vox la asistencia a corridas y novilladas se ha hecho hueco en las agendas institucionales tanto del vicepresidente como del consejero de Cultura. Gonzalo Santoja tenía viaje oficial a Madrid, este miércoles, para asistir en Las Ventas a la Gala de San Isidro 2023. La Junta ha ampliado los Premios Castilla yLeón, con uno de Tauromaquia. Y en el terreno cinegético, Vox trata de rentabilizar la gratuidad de las licencias de caza y pesca que había impulsado el PP antes de las elecciones autonómicas, pero que se aprobó con la nueva coalición, a finales del año pasado.

A cada acelerón de Vox le sigue una reacción del PP. Es la tónica de diez meses de cohabitación.

«Vamos a seguir siendo punteros, pioneros y vamos a estar en la vanguardia. No vamos a dar ni un paso atrás». Alfonso Fernández Mañueco se refería el martes así al apoyo a mujeres que sufren «la violencia de género y machista» y, ante la decisión de la Consejería de Industria de dejar sin emplear el dinero de 2022 para que diputaciones y ayuntamientos contraten agentes de igualdad y después de que el consejero Veganzones confirmara –por escrito, en respuesta remitida a las Cortes– que no convocará el programa en 2023, precisaba : «Más allá de que la Consejería de Industria pueda o no hacer políticas en ese sentido, haremos otras políticas, aquí está la consejera de Familia, que tiene muchísimas más medidas, muy eficaces y muy útiles en este sentido». Un ejemplo más de cómo la parte PP del Gobierno de Castilla y León intenta neutralizar el efecto tensión que aplica desde la Junta la parte de Vox, en una legislatura con el hemiciclo abonado a la bronca.