Las altas y bajas de los alumnos de FP obligan a la Junta a gastar 3,5 millones en dos años

Eso implica dos cosas. Que Castilla y León gana cotizantes a la Seguridad Social, porque se les da de alta y baja como a cualquier otro trabajador por cuenta ajena. Una ganancia estadística, que no de cotizaciones. Y que la Junta tiene que hacer frente a un aluvión burocrático de enjundia, que le llevará a gastar en dos cursos, el actual y el próximo, casi 3,5 millones de euros, y a duplicar el personal dedicado a la gestión hasta alcanzar las 30 personas a tiempo completo, para poder hacer frente al papeleo de todo ese alumnado.

«La Consejería de Educación tuvo que diseñar un procedimiento que permitiera afrontar el cumplimiento de esta obligación, que afecta a 200 centros y alrededor de 54.000 alumnos», explican desde el Gobierno autonómico. Son 54.000 porque a los 47.000 de FP de grado básico, medio y superior se unen los casi 7.000 de enseñanzas artísticas.

Entre enero y septiembre los gastos de cotización de los 12.000 alumnos que debían hacer prácticas en empresas le supusieron a la Junta 111.471 euros. Es una cantidad exigua porque las contingencias comunes, que a una empresa le suponen un 23,6% de la nómina de un trabajador, están bonificadas al 95%. Sin embargo, gestionar las «afiliaciones, cotización y tramitación de las incapacidades temporales» elevó los costes de gestión, calcula la Consejería, hasta los 816.968 euros. Por lo que el gasto total fue de 928.439 euros.

Para el curso 2024-2025 «el número de alumnos a los que afecta la medida se triplica», señalan. «En este curso toda la FP tiene carácter dual», aclaran. Las cotizaciones pasan a suponer 900.000 euros, aproximadamente, y el aumento de personal dedicado a la gestión eleva el coste por encima de los 1,4 millones de euros. Con lo que la suma asciende a casi 2,5 millones de euros.

A eso hay que añadir algo curioso. Aunque no se cubren las contingencias comunes, es decir, una baja por gripe, sí están contempladas las bajas por enfermedad profesional o accidentes 'in itinere'. Por ejemplo, un estudiante que acude al centro de trabajo en bicicleta o patinete y sufre un percance tendrá derecho a percibir indemnizaciones por incapacidad temporal. «En ese caso deberán abonarse, en el caso de los centros de titularidad pública dependientes de la Consejería de Educación, por la Dirección General de FP y Régimen Especial», señalan desde la Junta. Es decir, tendría que pagar los días de baja según el grupo 8 de cotización a la Seguridad Social, que es el que acoge a oficiales de primera y de segunda, por ejemplo.  

En la Consejería de Educación consideran que esta ampliación de las prácticas, además de no tener en cuenta las peculiaridades de cada territorio, ha redundado en un maquillaje de la estadística de cotizantes a la Seguridad Social. Porque a esas cifras hay que añadir las de los universitarios que hacen prácticas curriculares, que se encuentran en la misma situación.

Además, la premura con la que se ha exigido adaptarse a la nueva situación ha complicado la modificación de los currículos, que siguen pendientes. Así lo explica el director general de FP, Agustín Sigüenza. «El Ministerio ha sacado la normativa básica de todos los currículos el 28 de mayo y pretendía que el 1 de septiembre tuviéramos desarrollado todo el cambio curricular, que son 126 órdenes, una por cada ciclo, y tres decretos. No podemos publicar las órdenes hasta que no publiquemos los decretos, porque los decretos establecen los elementos comunes para todos los ciclos, y las órdenes los específicos. Hasta que no publicas el decreto y derogas todos los decretos anteriores, pues no podemos publicar las órdenes», cuenta.

El día 30 los 'informará' el Consejo Consultivo. Y a partir de ahí se empezarán a publicar. Para darse una idea del embrollo burocrático, basta con ver que cuando se subieron todas las órdenes al portal de Gobierno Abierto «tuvieron que hacer una aplicación específica», porque no estaba previsto semejante aluvión. Lo mismo pasará, o casi, cuando las 126 órdenes salgan rumbo al Boletín Oficial de Castilla y León.