Los Afectados por la Gestión de las Residencias piden que se mantenga la investigación del exceso de muertes

Indican que desde esta organización que en estas mismas fechas de hace dos años «la mayoría de los centros residenciales para personas mayores y dependientes cerraron sus puertas a las visitas de familiares y amigos, como medida preventiva, lo que muchos no imaginamos en aquel momento es que esa semana sería la última que veríamos a nuestras madres, padres o abuelos con vida».

La plataforma señala que esta crisis sanitaria «ha servido para poner de manifiesto frente al conjunto de la sociedad lo que ya muchas asociaciones de residentes y familiares venían denunciando desde hace años: El inaceptable arquetipo español de modelo de residencias desarrollado, con la colaboración de las administraciones autonómicas, que son quienes tienen asumidas las competencias en Servicios Sociales, que ha tenido como denominador común la primacía de la idea de negocio y la rentabilidad de la inversión realizada, y no la debida atención a las personas que viven en las residencias. A esto se debe unir que las comunidades han priorizado especialmente el ahorro de costes que suponía para sus arcas la no inversión en la creación de plazas públicas y ha estimulado la introducción de la empresa privada en el sector, facilitando la rentabilidad del negocio a través de unas ratios de personal establecidas para garantizar el beneficio económico de las empresas y el ahorro de las administraciones, pero no para asegurar la atención necesaria de las personas mayores y dependientes y con una ausencia total de control en la gestión de las residencias», repasan.

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Consideran estos afectados que si bien el coronavirus ha tenido una terrible repercusión en la población general, en la de los mayores que viven en residencias han sido mucho peores y los datos de elevadísima mortalidad así lo confirman y la comunidad encaebza «las tristes listas de récords que se manejan desde hace dos años». Consideran que «la falta de personal, carencia de equipos de protección, ausencia de protocolos, personal no formado ni informado, nula comunicación con las familias, irresponsabilidad en la gestión de la sectorización y aislamiento de contagiados y sintomáticos y por supuesto la no derivación a los hospitales», son la causa de este exceso y consideran que una gestión adecuada hubiera rebajado mucho los datos de los fallecimeitnos.

Insisten de que «en marzo de 2020 las residencias de Castilla y León recibieron el protocolo de no derivación a hospitales que desde la Gerencia Territorial de Salud y la Gerencia de Servicios Sociales y que decía: 'se atenderá a los residentes sin necesidad de movilizarlos ni derivarlos al hospital para lo cual se pondrán en marcha todas las medidas necesarias y de soporte para garantizar la atención sanitaria: personal de apoyo de cuidados paliativos, prescripción de oxigenoterapia, control de nutrición, tratamiento antibiótico intravenoso, etc'. Esas medidas, sin embargo «nunca llegaron a las residencias, los llamados equipos covid que visitaron las residencias, en ningún momento garantizaron la atención adecuada que las personas enfermas necesitaban y que hubieran podido recibir en un hospital como el resto de la población si no hubieran sido discriminadas por su edad y su lugar de residencia». Esto ocurrió, indican, en la primera ola; pero en las demás «se han seguido registrando muertes en circunstancias poco claras, que en muchos casos se habrían podido evitar si se hubieran puesto los recursos necesarios para atender a la población más vulnerable».