Mónica García, ministra de Sanidad. Borja Sánchez Trillo-EFE

Castilla y León

La Abogacía del Estado ve «preciso» que el médico de familia sea especialista

Sanidad responde con este informe a la queja enviada por Francisco Igea respecto a las contrataciones realizadas por la Junta

Antonio G. Encinas

Valladolid

Sábado, 6 de enero 2024, 19:15

No hay médicos suficientes. Es un mal que ha llevado a comunidades como Cataluña a poner en marcha un plan de mejora de las condiciones económicas de los sanitarios para evitar que se vayan. O al País Vasco a reclamar médicos extranjeros para ... cubrir las vacantes. En Castilla y León la Junta intentó poner remedio el año pasado a la carencia de médicos de familia con la contratación de licenciados en Medicina que aún no tienen aprobado el MIR (Médico Interno Residente). Contrató a 235, lo que supone casi una décima parte de los 2.480 que hay en la Atención Primaria de Castilla y León. Y las previsiones de la Consejería de Sanidad eran, según algunas fuentes, llegar a los 300.

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Francisco Igea se ha quejado reiteradamente en las Cortes de Castilla y León por esta política. Y en su día remitió una carta a la nueva ministra, Mónica García (Sumar), para pedirle al Ministerio de Sanidad que actúe para evitar lo que Igea y sindicatos médicos consideran como inaceptable. UGT, en su día, explicaba que esta política equipara a un profesional con seis años de licenciatura con uno que ha pasado esos mismos seis años, más uno de preparación del MIR más cuatro de residencia para ocupar ese puesto de médico de familia. Y Francisco Igea recriminó al consejero Alejandro Vázquez que se utilizara esa política para cubrir las carencias del medio rural, en el que más se nota la falta de efectivos.

La respuesta del Ministerio de Sanidad es contundente. Cuenta con un informe de la Abogacía del Estado, «ratificado por la Abogacía General», que concluye que el ejercicio de las labores médicas «precisan además un título de especialista, que en el caso de la Medicina de Familia corresponde al título de Medicina Familiar y Comunitaria». Con ese informe en la mano, el Ministerio se compromete a «seguir trabajando para garantizar que la asistencia sanitaria se preste con los mayores niveles de calidad en todo el territorio». Y para ello, insiste, «debe exigirse la formación adecuada de los profesionales sanitarios».

La defensa de la Junta tiene un argumentario fijo, que el consejero Vázquez ha repetido en varias ocasiones: «La obligación de garantizar la asistencia sanitaria en todo el territorio nos lleva a estas contrataciones. Como en el resto del Sistema Nacional de Salud. Con carácter excepcional, por el tiempo imprescindible y tras comprobar que no hay especialistas disponibles para la contratación», le respondía a Igea en el Pleno del 19 de diciembre. Y lo mismo un par de meses antes al procurador del PSOE Jesús Puente: «La Junta de Castilla y León tiene la obligación de mantener la asistencia sanitaria en todo el territorio de nuestra comunidad, y esa obligación hace que se hayan tomado y se vayan a tomar todas las medidas a nuestro alcance para garantizar la asistencia en toda Castilla y León».

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Al socialista le contrapuso que otros gobiernos autonómicos, con el PSOE al frente, han optado por la misma táctica. Canarias, Castilla La Mancha o Asturias, con porcentajes, según los datos de Vázquez, más elevados que los que se manejan en Castilla y León. A Francisco Igea le replicó con que él mismo había contratado, en 2021, a 119 médicos extranjeros sin la precisa homologación. Y recordó que Verónica Casado, consejera de Sanidad de Ciudadanos en la legislatura anterior, dejó sin convocar 17 plazas MIR de médicos de familia.

Francisco Igea respondió con las cifras del último consejero de Sanidad del PP antes de Vázquez, Antonio María Sáez. «Sáez Aguado dejó sin ofertar en ocho años 454 plazas. Está usted para hablar de plazas no ofertadas. Verónica Casado incrementó en tres años 174 plazas más que en los tres años anteriores». Y le recordó que según las asociaciones médicas agrupadas en el Foro de Médicos de Atención Primaria «resulta inadmisible que se siga perpetuando esta práctica en las diferentes comunidades autónomas».

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En una Comisión de Sanidad celebrada el 4 de diciembre, Igea denunció que «a esos centros de salud [en los que ejerce un licenciado sin el MIR de médico de familia] no va a querer ir ningún residente, con gente que no sabe de su profesión. Con 'mires' que en León están diciendo que no quieren hacer guardias con gente que gana 2.800 euros y no saben resolver los problemas, cuando ellos cobran 1.200».

El consejero del ramo, Alejandro Vázquez, tampoco quiso ofrecer los datos de cuántos médicos se encuentran en esa situación en cada provincia. Igea cifró el porcentaje en el 20% en Zamora, mientras que Puente habló de que en Burgos se encuentra ya en el 15%. La réplica de Vázquez consistió en tirar de sorna parlamentaria: «En Ávila, los necesarios; en Burgos, los imprescindibles; en León, los indispensables; en Palencia, los inexcusables; en Salamanca, los ineludibles; en Segovia, los inevitables; en Soria, los irremediables; en Valladolid, los precisos y en Zamora, los suficientes».

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