Alrededor de 30.000 trabajadores en nómina de la Junta que desempeñan su labor de manera interina, sin haberse hecho con un puesto por oposición, se encuentran a la expectativa del acuerdo que se negocia en el Congreso de los Diputaciones para reducir ... la altísima temporalidad en las administraciones. Para los que se puedan acoger a la nueva regulación no será en ningún caso una conversión automática de interino en funcionario. Deberán superar un concurso de valoración de méritos, en el que primará la experiencia.
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PSOE, Unidas Podemos, el PNV y ERC impulsan una enmienda a la Ley de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Públicos para que los trabajadores públicos temporales que lleven desde al menos el 1 de enero de 2016 (cinco años) ininterrumpidamente en el mismo puesto puedan acceder a la condición de funcionarios mediante ese concurso de méritos, sin competir por esa plaza en un examen de oposición.
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«Las Administraciones publicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016», recoge textualmente la enmienda que hace de llave desde la temporalidad al funcionariado.
Falta ver cómo queda la redacción final para conocer el alcance de la medida. «La Junta de Castilla y León puede llegar a tener unas 30.000 personas en régimen de temporalidad. Ahora no tendríamos determinadas cuántas son las que cumplen los requisitos de número de años. Podríamos saberlo en pocos días», precisó ayer, en Segovia, el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, a todos los efectos máximo responsable de recursos humanos de la plantilla de la Junta. Ibáñez insiste en esperar a conocer «la letra pequeña» que finalmente recoge el BOE, para hacer la 'criba' y concretar la cifra de trabajadores que podrán cruzar el 'puente' hacia la fijeza y en qué condiciones.
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«Vamos a ser especialmente prudentes», comprometió el consejero, que brega estos días con encierros de protesta de trabajadores temporales en las delegaciones territoriales de la Junta enValladolid y Zamora promovidos por Uscal (Unión Sindical de Castilla y León). Son sanitarios, fundamentalmente veterinarios y farmacéuticos, críticos con la decisión de la Junta de convocar ofertas públicas de empleo. Entienden que no se da prioridad a los procesos de estabilización de las áreas en las que trabajan. Manuel Martínez, presidente de esta central sindical, señala que la Junta ha convocado en 30 años cuatro procesos selectivos de veterinarios, «lo que implica que ha habido 26 años en los que no ha ofrecido la oportunidad ni el derecho a optar a esas plazas» a los profesionales que están prestando servicio en ellas como temporales crónicos.
Esa falta de convocatorias anuales, contraviniendo lo que marca la legislación, y las limitaciones para la reposición de jubilaciones y bajas que se aplicaron tras la crisis de 2008 han generado esa bolsa de temporalidad del 30% de la plantilla en la administración española. La Unión Europea ha dado un toque serio al considerar que estos empleados públicos trabajan en una situación de fraude de ley.
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«Ojo con la letra pequeña del acuerdo, a ver si va a ser un acuerdazo», advertía ayer, a través de Twitter, un trabajador temporal de Castilla y León. En liza está ver qué plazas se convocarán solamente con un concurso de valoración de méritos, principalmente de experiencia o qué pasará con los trabajadores que llevan años rotando por vacantes. Luego cómo se articularán los procesos mixtos orientados a estabilizar personal, con fase de oposición no eliminatoria (no sería necesario aprobar) y de valoración de méritos, para plazas afectadas atendidas por un trabajador temporal que lleve entre tres y cinco años.
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, manifestó ayer que su Gobierno analiza con los sindicatos la mejor forma de abordar los procesos de estabilización del personal temporal. El dirigente autonómico introdujo en el debate al Tribunal Constitucional al recordar que ya advirtió a la Junta, en un proceso con personal sanitario, que era algo que podría hacer «una sola vez», por lo que consideró que quizá ese precedente puede «constreñir» la respuesta de la Junta en este momento.
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«Queremos preservar el talento. Hay muchas personas que en régimen de interinidad o de personal temporal están aportando mucho valor a la Junta de Castilla y León», defiende Ibáñez. Pero también apunta el consejero que «los procedimientos obligan a que seamos muy respetuosos con los principios constitucionales de acceso a la función pública. Las personas que llevan tiempo trabajando en la Administración han acreditado el mérito, han acreditado la capacidad y está por dirimir que el Congreso sea capaz de encontrar una fórmula en la que la igualdad, que es un principio básico de acceso a la Función Pública, se pueda mantener».
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