Más de 100.000 trabajadores de Castilla y León tienen convenios con salarios inferiores al SMI

«Hay trabajadores en la región con salarios anuales de 11.000 euros, que son 3.000 menos que el nuevo SMI», ha advertido Fernando Fraile, secretario de Acción Sindical de CC OO, quien ha definido a la CEOE de Castilla y León como «insumisa desde 2018 al no haber cumplido con el acuerdo de la negociación colectiva y las subidas salariales en él recogidas». «Estaban obligados y no lo han hecho y, como consecuencia de ello, los trabajadores de la comunidad han perdido 11,3 puntos de poder adquisitivo desde 2008», ha señalado.

Con una inflación por encima del 7%, la revalorización del salario mínima se convierte, según Raúl Santa Eufemia, secretario de Acción Sindical de UGT, en «una forma de mover el país», «Tras la sangrante destrucción de empleo de los últimos años, estamos viendo cómo las empresas sí están teniendo beneficios, han disfrutado de ayudas públicas a la contratación y se niegan a aceptar actualizaciones salariales acordes con los precios. Somos sensibles en aquellos casos particulares en los que no sea posible por dificultades concretas, pero no de una forma generalizada, como está sucediendo», ha manifestado.

Ha recordado Santa Eufemia que el SMI, que aspiran suba el año próximo hasta 1.080 euros, repercute también en los subsidios de los desempleados mayores de 45 y 52 años; en las cotizaciones a la Seguridad Social y en las indemnizaciones de los trabajadores que se ven abocados al Fogasa«.

Además, se trata de un nivel de remuneración en el que se encuentran los colectivos más vulnerables y precarizados, como son los jóvenes y las mujeres. «Una cuarta parte de esos 100.000 perceptores del SMI trabajan a tiempo parcial y la gran mayoría desempeñan su labor en el sector servicios y en el agrario, sin olvidar a las más de 16.000 empleadas de hogar», ha añadido Fraile.

Ambos sindicalistas han hecho un llamamiento a aquellos trabajadores que vean que no se les aplica la actualización salarial para que acudan a los sindicatos a iniciar la reclamación. También llevarán a cabo campañas informativas en aquellos centros de trabajo que cuenten con comités de empresa y han advertido a la patronal autonómica de que «si no cotizan correctamente, estarán sujetos a las sanciones de la Inspección de Trabajo». «Promoveremos demandas individuales y no descartamos movilizaciones contra los incumplimientos», han afirmado.

Asimismo han recordado que los 1.000 euros de salario mínimo en 14 pagas se refieren al salario base, al que habría que sumar los complementos que se deban añadir en cada caso, ya sea de nocturnidad, peligrosidad, uniformidad, etc.

Respecto a cuál debe ser el incremento salarial deseable en la negociación colectiva de 2022, en un contexto de inflación disparada, han abogado por «tener visión a tres años, de manera que en ese plazo las plantillas no pierdan poder adquisitivo». «No se pueden pedir de manera generalizada subidas del 7%, aunque sí hay empresas con beneficios incluso mayores, pero sí se puede llegar a acuerdos a varios años vista para ir adecuando la recuperación. Somos responsables y sabemos que incrementos iguales a la inflación en este momento no son fáciles, pese a los millonarios excedentes empresariales que no se han repartido. Pero si no hay acuerdos, estarán buscando la conflictividad social», han rematado.