El uso de los 119.000 euros que hicieron peligrar el pacto de Gobierno en Burgos

Burgos Acoge, Atalaya Intercultural y ACCEM Burgos han vivido una semana intensa con final 'feliz', pero sabor muy agridulce. El socio del PP en el equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Burgos, Vox, impuso como condición para aprobar el presupuesto municipal la retirada del convenio de colaboración económica del Ayuntamiento con las entidades sociales que trabajan con migrantes.

Una imposición que no parece basarse en razones económicas. Este convenio está dotado con unos 119.000 euros, lo que supone, alrededor, del 0,05% del presupuesto. ¿Pudo estar esta imposición ideológica a punto de romper el pacto de Gobierno?

Lo cierto es que el desencuentro entre PP y Vox ha sido notorio y público. La presión social ha hecho que el PP dé marcha atrás, rectifique y vaya a presentar una enmienda a su propio borrador de presupuestos para mantener estas ayudas. Todo ello pocas horas después de que la alcaldesa, Cristina Ayala, aseguraba a Burgosconecta que seguirían adelante porque estaba en juego «la estabilidad de la ciudad».

Vox también ha anunciado su particular movimiento para que parezca que no 'pierden', presentarán una transaccional a la enmienda del PP para que los recursos públicos se destinen al trabajo «con legales». Para el partido, esta ayuda favorece el 'efecto llamado'. Pero Burgos Acoge, Atalaya y ACCEM ya han avisado de que seguirán trabajando como hasta ahora porque ellos trabajan «con personas».

Un 0,05% del presupuesto que, más allá, de estrategias políticas y razones ideológicas supondría, por ejemplo, para Burgos Acoge un recorte del 9% de su presupuesto. «Que la gente imagine lo que supone un recorte del 9% para cualquier empresa», piden.

Desde Atalaya Intercultural reconocen que, sin este dinero, verían limitados dos programas claves: el refuerzo educativo a menores y las viviendas de acogida a personas vulnerables. La implicación de estas entidades con las personas que atienden es crucial para el servicio, «intentaríamos que, a los niños, a sus familias, a las personas que no tienen vivienda propia no les afecte de forma directa, tendríamos que apretarnos el cinturón y que las familias pidieran directamente alimentos y otros productos a los Ayuntamientos y CEAS», explica.

Desde ACCEM Burgos reconocen que ellos también podrían seguir realizando su trabajo buscando otras fórmulas para seguir prestando esta atención tan necesaria, «la partida del Ayuntamiento no era nuestra principal fuente de financiación, pero esto nos afecta por el impacto en los derechos humanos. Llevamos 22 años trabajando para construir una sociedad burgalesa solidaria, tolerante e igualitaria y decisiones como esta nos lo ponen un poco más difícil», reconocen desde la entidad.

Más datos ejemplifican lo que puede suponer esa cantidad casi simbólica del presupuesto municipal, el impacto real y lo que estas organizaciones consiguen en la ciudad en varias líneas: integración, generación de trabajo, buena convivencia…

Burgos Acoge atendió en 2023 a 2.724 personas, de 66 nacionalidades, en riesgo de exclusión social, con dificultades de idioma o de adaptación. Todo ello lo hicieron las 16 personas que trabajan allí con el apoyo de unos 72 voluntarios, «esenciales para un trabajo conjunto y coordinado».

Por su parte, Atalaya cuenta con un equipo de seis trabajadoras y más de 154 voluntarios comprometidos, lo que da cuenta de la fortaleza de la entidad en Burgos. Juntos atienden a unas 2.600 personas al año, «personas que buscan ayuda para integrarse, desarrollar sus habilidades y contribuir a la comunidad burgalesa».

En ACCEM Burgos trabajan 34 profesionales de distintos ámbitos y cuenta con el apoyo de 25 voluntarios. Gracias a un equipo multidisciplinar, en 2023 atendieron, a través de diferentes programas, a 1.968 personas. Solo en el primer semestre de 2024 ya han atendido a 1.456.

Cerca de 7.300 personas son atendidas al año por estas entidades, un trabajo que también alivia de carga a los servicios sociales municipales. Además, nutre de población integrada, con ganas de aportar a una provincia que ve perder vecinos año tras año. Además, el trabajo de unos 60 profesionales depende de estas entidades.

Las tres entidades coinciden al explicar que la supresión de este convenio les habría afectado de manera global porque trabajan de una forma integral a interdisciplinar. «Los participantes de nuestros programas contarían con menos oportunidades de formación, menos asistencia personalizada y, en general, menos apoyo en su proceso de integración. La falta de recursos nos limita en lo más esencial: ofrecer una atención digna y de calidad a quienes acuden a nosotros en busca de ayuda», explican desde Atalaya.

La reducción del apoyo económico a estas entidades tiene un impacto real en las personas. Como han destacado estas organizaciones ellos trabajan «con personas» más allá de su situación o no irregular, en alusión al lenguaje utilizado por Vox en el que se diferencia entre «regulares e irregulares».

«Los burgaleses migrantes que viven aquí siguen teniendo dificultades a las que hay que dar respuesta. Renovaciones de sus permisos, empleo, obtención de nacionalidad, apoyo en trámites administrativos», ejemplifican desde Burgos Acoge.

«De no dar respuesta inmediata y eficaz, podrían caer en situaciones de irregularidad sobrevenida y en una exclusión social difícil de atajar. Son los apoyos los que garantizar la estabilidad, la cohesión social y la posibilidad de vivir dignamente en nuestra ciudad», se apunta desde Atalaya. «Reducción de ingresos lo que implica es que las personas migrantes que llegan a nosotros o a otras entidades tendrán menos acceso a servicios básicos, asesoría y oportunidades de desarrollo, lo que afecta en su integración y bienestar en la comunidad burgalesa», añaden.

«La pérdida de esta partida nos habría supuesto no tener la posibilidad de acompañar a las personas en su proceso de acogida y de acercamiento a los recursos lúdicos, culturales, deportivos o sociales de la ciudad. Herramientas esenciales para que las personas se sientan plenamente personas y que puedan tener una inclusión plena», reconocen desde ACCEM.

Hace 25 años que, por ejemplo, Burgos Acoge mantiene este convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Burgos. En su momento se firmó por un ejercicio de corresponsabilidad de la corporación municipal para que la atención a personas migrantes fuera gestionada por las entidades especializadas desde el tercer sector. En estos 25 años nunca se habían enfrentado a una situación similar. El convenio nunca había peligrado.

Desde Atalaya reconocen que «nunca antes habíamos experimentado un despropósito de esta magnitud». A lo largo de los años se han enfrentado a ajustes, reestructuraciones, las ayudas han variado, pero nunca se habían enfrentado a una eliminación total de la ayuda por parte de la administración. «Este acto nos resulta incomprensible y alarmante. Refleja un cambio destacable en la manera de entender el valor del trabajo que realizamos», añaden.

ACCEM es una entidad que trabaja a nivel local, autonómica, estatal, siempre centrados en atender a diferentes colectivos en riesgo de exclusión social. Realizan proyectos por toda España con personas refugiadas y migrantes, pero también con personas sin hogar, mayores, infancia. Con todo ello, aseguran que «la situación vivida en Burgos es excepcional, desde el punto de vista de retroceder en cuanto a la relación con las administraciones y a la cobertura social que se da».

Y precisamente ha sido la calle, el apoyo social, lo que ha conseguido forzar al PP a imponerse a Vox, como no hicieron durante la negociación de los presupuestos. Una concentración de unas 5.000 personas en la plaza Mayor se solidarizaba con las tres ONGs y gritaba contra la retirada de la ayuda.

Igualmente, entidades como FAE, CC OO, UGT, la Universidad de Burgos también hacían manifiestos públicos en contra de la retirada de la ayuda. Sin olvidar a Cáritas, que, aunque esta organización no estaba excluida de la subvención, avisó de que renunciaría el convenio de inmigración si no se alcanzaba un acuerdo que incluyera al resto de asociaciones.

Aunque la imposición de Vox no se llevará a cabo, este episodio preocupa a estas ONGs por el poso que deja en la ciudad, por lo que se pone en evidencia. «Esto supone una legitimación de discursos de odio y rechazado hacia las personas migrantes. Amenaza con fracturar una comunidad que siempre ha sido solidaria y ha favorecido la inclusión, una ciudad que ha sido ejemplo de convivencia», advierten desde Atalaya.

ACCEM también teme que centrar los debates en este tipo de cuestiones y plantear la migración como un problema haga que no se tengan en cuenta las situaciones que viven estas personas, deshumanizándolas. «Además, se pretende trasladar a la población la idea de que, en general, las personas migrantes suponen un problema social, cuando más bien pueden ser una oportunidad para la sociedad a nivel cultura, social, laboral o demográfico», añaden.