Cronología del conflicto por las ayudas a ONG entre PP y Vox en Burgos

El foco mediático nacional ha vuelto a posarse en Burgos esta semana. La decisión del Ayuntamiento de la localidad de retirar el convenio para financiar a tres organizaiones no gubernamentales que ayudan a personas migrantes ha sido el detonante que ha abierto una brecha en el Gobierno del Consistorio. Esta es la historia.

El 17 de junio de 2023, la popular Cristina Ayala se convertía en la primera alcaldesa de Burgos con el apoyo de cuatro concejales de Vox. El Partido Popular contaba con once escaños, mientras que la lista más votada era la del PSOE, con doce asientos. Un acuerdo que centraba sus actuaciones en materia de infraestructuras y eficiencia administrativa, pero que dejaba otros flecos para discutirlos más adelante, según informa BURGOSconecta.

Una de estas discrepancias salía a la luz en noviembre de 2024, cuando PP y Vox preparaban los presupuestos del Ayuntamiento de Burgos para 2025. El partido de Martínez Acitores marcaba una línea roja: eliminar las subvenciones a tres ONG de ayuda a migrantes en la ciudad, según señalaba la portavoz del Gobierno, Andrea Ballesteros, tras la Junta de Gobierno Local.

Se trataba de Burgos Acoge, ACCEM y Atalaya, quienes desempeñan su labor ayudando a personas migrantes en la capital. Sin embargo, la subvención se mantenía para Cáritas, otra ONG que trabaja con el mismo colectivo. Ante la pregunta a la popular Andrea Ballesteros de por qué se había impuesto esta distinción, la concejala contestaba un escueto y tajante «no lo sé».

Un día más tarde, tres de los cuatro ediles de Vox en el Ayuntamiento se ponían delante de los micrófonos. El vicealcalde Martínez Acitores, el concejal de Comercio Raúl Martínez y el de Licencias Ignacio Peña intentaban justificar su imposición en los presupuestos.

Señalaban que la decisión no había sido una «imposición» y que retirar la ayuda a Burgos Acoge, ACCEM y Atalaya trataba de atajar un «problema» suscitado por el «efecto llamada» de la inmigración ilegal. Desde Vox proponían «redirigir» los 119.000 euros que hasta ahora recibían las tres ONG a otras áreas de la Concejalía de Mayores, Familia y Juventud. Además, Martínez Acitores subrayaba que no había habido «ni amenazas ni chantajes» en la negociación de este punto.

Tres días más tarde, Cáritas tomaba la palabra. La organización renunciaba al convenio de inmigración si Vox no recuperaba las ayudas para el resto de entidades: Burgos Acoge, ACCEM y Atalaya.

El secretario de Cáritas, Ignacio Ruiz, y el delegado diocesano, Mario Vivanco, esgrimían que, para la organización, la acogida, promoción y protección de los migrantes «contribuye a una sociedad más justa y fraterna». En esta rueda de prensa mostraban, además, su apoyo específico a las otras tres ONG, con quienes trabaja «de forma habitual».

A su vez, la portavoz de Burgos Acoge, Nuria Revilla, calificaba esta medida como «drástica para la ciudad» y señalaba que en 2023 estas tres ONG habían atendido «a más de 7.000 personas en la ciudad».

Un día más tarde de las explicaciones de Vox, Ballesteros declaraba que Cáritas estaba «en su derecho de renunciar al convenio de atención a personas inmigrantes». De hecho, la concejala y presidenta de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos señalaba el impacto «negativo» de la decisión de Vox e insistía en que, si el PP gobernara en solitario, «no habría eliminado las partidas».

Por otro lado, Burgos Acoge, ACCEM y Atalaya convocaban una concentración para el miércoles 13 de noviembre. Bajo el lema «Burgos por la convivencia» instaban a los burgaleses a mostrar su apoyo a las ONG y el rechazo a las cuentas del Consistorio para 2025, que no incluían ayudas directas a dichas organizaciones.

Durante la mañana del miércoles, la alcaldesa de Burgos señalaba que acataban la imposición de Vox de retirar las ayudas a Burgos Acoge, ACCEM y Atalaya para «dar estabilidad» a la ciudad. Además, Ayala reconocía que el partido de Martínez Acitores era «fundamental para aprobar» las cuentas municipales de 2025.

Sin embargo, parte de la ciudadanía burgalesa no opinaba lo mismo. A partir de las ocho de la tarde, cerca de 5.000 personas se concentraban en la plaza Mayor para solidarizarse y apoyar a las tres ONG a las que se le retiraría la ayuda. Lo hacían para reivindicar la convivencia y la multiculturalidad en Burgos, donde las organizaciones clamaban que «este tipo de medidas ha hecho un efecto llamada» a la población de Burgos, que, pese al frío, se ha volcado con Burgos Acoge, ACCEM y Atalaya.

Asimismo, otras entidades como FAE también se unían a la petición al Ayuntamiento de no retirar el convenio a las tres entidades que trabajan con migrantes.

Ante la multitudinaria concentración en la plaza Mayor, el jueves 14 de noviembre PP y Vox buscaban una salida. Tras la Junta de Gobierno Local semanal, Ballesteros afirmaba que era un día «de análisis» y sugería una posible solución: una eventual ayuda a las ONG que trabajan con migrantes gestionada a través de la Diputación de Burgos.

Sin embargo, el escenario se torcía aún más al anunciar dos ruedas de prensa por separado: una del PP y otra de Vox. Parecía que algo más estaba en juego que los presupuestos del Ayuntamiento de 2025. Incluso se rumoreaba acerca del futuro del acuerdo entre ambos partidos para gobernar Burgos.

Por un lado, Ayala reculaba y apostaba por mantener las ayudas a las ONG. La solución propuesta era presentar una enmienda a sus propios presupuestos que «seguro» que se aprobaría, señalaba. Esta decisión era tomada tras consultar la solución con otros miembros de su partido como Borja Suárez, Alfonso Fernández Mañueco o Cuca Gamarra. «Rectificar es necesario por responsabilidad, por convicción personal y de todo el grupo del Partido Popular», indicaba la alcaldesa. Por otro lado, el vicealcalde Fernando Martínez Acitores afirmaba que el pacto entre Vox y PP «no se rompe».

• Temas
• PP Partido Popular
• Vox