Cuarenta días de propaganda y agonía

Aquellos 40 días de bombardeo informativo trascendieron con mucho la crónica, muchas veces tediosa, de ese juicio que tuvo a España en vilo. Las informaciones de El Norte de Castilla sobre el Proceso de Burgos, redactadas en un tono indisimuladamente favorable al Régimen, vinieron condicionadas, sin embargo, por las protestas internacionales y el golpe de efecto que supuso un inesperado secuestro. Todo un síntoma, sin duda, de la agonía galopante de la dictadura. El lector que en este 2020 se asome a aquellas páginas publicadas hace 50 años tendrá que reparar en un condicionante decisivo para la profesión: la Ley de Prensa e Imprenta, popularmente conocida como «Ley Fraga» por haber sido impulsada, en 1966, por el entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne.

Una ley que eliminaba la censura previa pero que seguía ejerciendo un férreo control de la información a través del artículo 2, que limitaba la libertad al cumplimiento de la Ley de Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales, previendo duras sanciones en caso de incumplimiento. Pero eso los propios directores de periódicos se veían en la obligación, si no querían ser sancionados, de revisar e interpretar lo que se podía publicar. Y todo lo dicho sin olvidar que el artículo 3 establecía censura previa en caso de estados de excepción, que es lo que ocurrió, primero en Guipúzcoa y luego en el conjunto de España, a raíz de los conflictos sociales generados por el proceso de Burgos.

De ahí que las informaciones recogidas en El Norte de Castilla, la mayoría de ellas procedentes de agencias (Cifra y EFE), arrojen un sesgo claramente favorable Jefe del Estado y carguen las tintas contra los procesados y todos aquellos que, sobre todo en el extranjero, se solidarizaban con ellos. La nota singular, no exenta de truculencia informativa, la puso el secuestro del cónsul alemán en San Sebastián, Eugen Beihl, el 1 de diciembre de 1970, pues contribuyó a visibilizar aún más la trascendencia del Consejo de Guerra.

Este periódico calentó motores con la publicación, el 22 de noviembre de 1970, de una carta conjunta en la que los prelados de San Sebastián y Bilbao celebraban que la Santa Sede y el gobierno, renunciando a los privilegios concordatarios, hubiesen accedido a la vista pública del juicio, si bien preferían que éste se celebrarse ante los tribunales ordinarios y demandaban la conmutación de la pena de muerte en caso de que alguna fuera sentenciada. Una nota conjunta respondida, en la misma página y a más columnas, por unas declaraciones del ministro de Justicia que, además de justificar el carácter sumarísimo del juicio, afeaba a los firmantes que condenaran al mismo tiempo «la violencia subversiva y la represión», toda vez que «la reacción de la autoridad es cumplimiento de un deber dentro de su competencia».

Pero lo más sintomático es que el arranque informativo del proceso, el 3 de diciembre de 1970, viniera presidido por una amplia y extensa crónica del secuestro de Beihl en su garaje de Miraconcha, 28. Todo un golpe de efecto por parte de ETA, que lo había reivindicado desde Bayona, y que este periódico pudo reconstruir gracias a una entrevista con la portera de la casa, Francisca Mariazcurrena. La suerte que desde ese momento pudiera correr el cónsul alemán se convertiría en una suerte de sección fija junto a las tediosas y a menudo extensas crónicas del sumarísimo, siempre entreveradas de algunas –pocas- columnas sobre la «campaña comunista» supuestamente desvelada por la Agencia Cifra. Curiosamente, el cautiverio de Beihl fue el único suceso que mereció un apunte editorial de este periódico, claramente condenatorio: no solo no servía para nada, sostenía el redactor, sino que era un acto claro de «violencia, fanatismo, y falta de escrúpulos éticos y elementales».

Hasta el 9 de diciembre de 1970, fecha en la que el juicio quedó visto para sentencia, El Norte de Castilla informó con detalle y profusión de todo lo sucedido en la sala, desde la lectura del apuntamiento hasta todas y cada una de las declaraciones de los acusados. Hizo hincapié en las importantes medidas de seguridad establecidas, pues a la guardia habitual se añadió una sección especial de «boinas verdes» del Ejército de Tierra, resaltó la expectación creada en la calle el primer día y la estrategia de los abogados defensores de recusar al tribunal, interrumpir la vista a la mínima ocasión y reunirse con la prensa extranjera en el Hotel Almirante Bonifaz para explicar su versión.

Una vez superada la expectación de los primeros momentos, que en el caso de algunas burgalesas se tradujo en auténtico temor a un posible «estado de guerra», el juicio ganó en intensidad y tensión. Sobre todo tras su reanudación el día 8, una vez superada «la repentina y pasajera indisposición del vocal ponente, capitán auditor Antonio Troncoso de Castro». Fue entonces cuando los procesados, en sus sucesivas declaraciones, reconocieron su pertenencia a ETA perno no como banda terrorista sino como organización revolucionaria y «marxista-leninista». En palabras del acusado Jokin Gorostidi, ETA «no era una organización terrorista y no pretendía aterrorizar a nadie», pues los actos violentos solo pretendían «poner de manifiesto su repulsa hacia diversos símbolos y monumentos, así como que estas acciones provocaran la represión para que esta diera lugar a su vez a una nueva acción».

Los decibelios informativos aumentaban a medida que llegaban noticias sobre la extensa «conspiración comunista». De hecho, salvo la nota del día 1 de la Conferencia Episcopal pidiendo «la máxima clemencia» para los encartados, las demás expresiones de protesta no se desprendieron de tamaña acusación. Era, en palabras del redactor de Cifra, una «campaña comunista perfectamente planificada», materializaba en llamamientos a la amnistía, paros laborales que en San Sebastián y Bilbao llegaron a movilizar a más de 20.000 trabajadores, manifestaciones «subversivas» como la que en Madrid sacó a las calles a 300 personas gritando y rompiendo lunas de escaparates comerciales, y recurrentes protestas en capitales europeas.

Entre estas últimas sobresalieron la «manifestación antiespañola» de Paris, el 3 de diciembre, encabezada por Santiago Carrillo y los líderes comunistas franceses Jacques Duclos y George Marchais», los centenares de jóvenes «marxistas de izquierda» que se manifestaron contra la Embajada de España en la Santa Sede el día 7, los parisinos que nuevamente secundaron a Duclos y al secretario general de la CGT el 10, los «comunistas», «socialistas», católicos de izquierda y «maoístas» que salieron a las calles de Génova, Florencia, Nápoles, Burdeos y Lyon, o los que el 11 de diciembre protestaron ante el Consulado de España en Caracas.

El contrapunto a todas esas campañas «antiespañolas» eran las agónicas noticias de un Beihl en cautiverio, tanto el llamamiento desesperado de su mujer e hija en procura de pruebas de su estado de salud (años antes había sufrido un infarto) como la misiva que él mismo hizo llegar al embajador de la RFA, en la que rogaba que ambas fueran protegidas y reconocía que, hasta ese momento –día 7-, estaba siendo tratado «humanamente». Pero mucho más efectistas eran las crónicas de una nación puesta en pie al lado de su Caudillo. No otra cosa desprende el fervoroso relato de las manifestaciones de adhesión a Franco organizadas desde el día 8 en diferentes capitales: en Madrid tras una misa en San Francisco el Grande, en Burgos por la Hermandad Provincial de Marineros Voluntarios, en Oviedo por los ex combatientes, y en Santander por la Hermandad de Sargentos Provisionales. Era solo el comienzo.

Un hecho inesperado vino a romper el aséptico y plomizo relato de las declaraciones judiciales: ocurrió el día 9, el último de la vista oral. Los «graves incidentes en la Sala» a los que hace referencia El Norte de Castilla los protagonizó Mario Onaindía, el último en comparecer, cuando, al ser interrumpido por el presidente por extenderse en las motivaciones ideológicas de sus acciones, «se volvió hacia el público gritando 'Gora Euskadi askatuta' ('Viva el País Vasco libre'), grito que fue contestado por los otros encartados. Los procesados intentaron levantarse y forcejearon con sus guardias, que los redujeron. Entonces comenzaron a cantar un himno, al parecer en vascuence». Eran las 11 de la mañana. Como Onaindía trató de llegar hasta la mesa de tribunal, un vocal del mismo, «al verse amenazado por uno de los acusados, desenvainó el sable en actitud de defensa. Varios guardias también desenfundaron sus pistolas».

Con el juicio visto para sentencia, lo que vino a continuación fue toda una cascada de noticias dirigida a desactivar la incisiva campaña antifranquista de acusados y abogados defensores.En las páginas de El Norte de Castilla se sucedían expresiones multitudinarias de adhesión a Franco y al Ejército y en contra de ETA, como la de Burgos del día 16 y, sobre todo, la «gigantesca manifestación» en la madrileña Plaza de Oriente al día siguiente, con foto incluida del Caudillo saludando a la multitud –este periódico calculaba que había entre 400.000 y 500.000 personas- con el príncipe Juan Carlos a su lado.

La riada de adhesiones «multitudinarias» no cesaría en los días siguientes: Cáceres, Badajoz, Salamanca, Sevilla, Cádiz, Santa Cruz de Tenerife, Barcelona, Valencia, Murcia, Córdoba, Huesca, Oviedo, León, Logroño, Guadalajara… Hasta 19 capitales sumó este periódico solo el día 24. Un fervor franquista que ocupó varias columnas en el caso de Barcelona, con «más de 300.000 personas (…) de todas las clases» y «desafiando las inclemencias del tiempo» el día 23, y en el de Bilbao dos días después, con una Plaza de Federico Moyúa, sede del gobierno civil, a rebosar y ensordecida por los gritos de viva España y muera ETA, muchos de ellos proferidos «en lengua vascuence».

La reacción periodística contra las protestas internacionales incluyó una noticia sobre el boicot a barcos franceses e italianos en el puerto gijonés de El Musel, debido precisamente a «la campaña antiespañola que se desarrolla en ambas naciones», y la reproducción de una entrevista concedida por el jefe militar de ETA al seminario milanés 'Gente', en la que aquel admitía haber ordenado asesinar al comisario Melitón Manzanas y avisaba de que la banda seguiría matando para hacer reaccionar a la opinión pública a su favor. Y para neutralizar a quienes desde el extranjero osaban cuestionar al gobierno español, el ministro de Información, Alfredo Sánchez Bella, declaraba al milanés 'Época' que «se equivocan las izquierdas si creen habernos intimidado con sus demostraciones contra el proceso de Burgos», mientras su colega, Laureano López Rodó, comisario del Plan de Desarrollo, informaba a la televisión sueca sobre el «reducido» impacto del movimiento huelguístico español, avanzando ya que el «desarrollo económico y el desarrollo político van a la par», lo que se traduciría en un «pluralismo auténtico» a través de «asociaciones para la acción política».

El ritmo informativo se aceleró con la llegada de la Navidad. A cinco columnas y en portada informó este periódico, el día 26, sobre la liberación del cónsul Beihl, noticia en la que ahondaría mucho más al día siguiente. Según su médico, se encontraba en perfecto estado de salud. Liberado en San Juan de Luz y conducido luego a Weisbaden, Beihl reconstruyó el día del secuestro en su garaje, dentro de su propio Mercedes, su estancia en «una habitación normal, con una chimenea que no funcionaba, una mesa y una cama», las casi 24 horas de viaje con los ojos tapados, el trato «humano» que le dispensaron y una curiosa conversación, minutos antes de ser liberado, con un secuestrador que admitió ser burgalés.

El mismo Beihl consideró «muy dura» la sentencia hecha pública el 28 de diciembre, publicada en portada y a cuatro columnas al día siguiente: «Penas de muerte para seis de los acusados (dobles para tres de ellos) y de reclusión de entre 12 y 70 años para los demás». La narración fría de los hechos, desde la colocación de varios artefactos explosivos hasta el asesinato de Manzanas en venganza por la muerte del etarra Etxevarrieta tras su encontronazo con el guardia civil, también asesinado, José Pardines, recordaba, no obstante, que aún estaba en manos de Franco ejercer el derecho de gracia.

Es posible que los más avispados lo intuyeran al ver, en la portada del día 29, un destacado a dos columnas sobre las «Reuniones Extraordinarias del Consejo de Ministros y del Consejo del Reino» que habrían de celebrarse ese mismo día, acompañado de una noticia sobre las peticiones de clemencia del Vaticano y de los gobiernos de Alemania, Italia, Chile y Venezuela. No es de extrañar que la foto de Franco presidiera la noticia que tantos esperaban leer, de nuevo en portada y a cinco columnas, el día de Nochevieja de 1970: «El jefe del Estado ha conmutado las nueve penas de muerte». En el mensaje televisivo dirigido por el Jefe del Estado a los españoles el día anterior a las diez de la noche, transcrito íntegramente por el periódico, aquel se limitaba a decir que «la adhesión del pueblo español nos facilita el hacer uso de la prerrogativa de la gracia de indulto».

Lo siguiente fue ensalzar la magnanimidad del Caudillo con ejemplos concretos de alegría y elogios a su persona: del nuncio Dadaglio, exultante por haber triunfado «la clemencia (…), la bondad y la sabiduría», del obispo de San Sebastián, Jacinto Argaya, y del vicario general de Pastoral del Arzobispado de Toledo. Una alegría que, a decir de este periódico, cualquiera podía palpar en los diferentes ambientes de las sociedades donostiarra y burgalesa. Como complemento a la grata noticia, una información de Cifra reproducía la carta enviada a Franco, el 12 de noviembre de 1970, por la madre y el hermano de Izco de la Iglesia. Ambos solicitaban clemencia apoyados en el firme compromiso de la familia con la causa franquista: no solo el padre había luchado «como voluntario en la Cruzada en un tercio de requetés de Navarra», sino que el hermano del encartado había sido representante en Madrid del falangista Sindicato Español Universitario (SEU), a nivel de curso y de Facultad. Tales antecedentes les llevaban a confiar en la «justicia y magnanimidad de Franco».

Ocurrió a finales de noviembre de 1970. El Norte de Castilla, dirigido entonces por Ángel de Pablos Chapado, solicitó permiso para que el filósofo José Luis López Aranguren participara en su aula cultural, dirigida por Miguel Delibes, con una conferencia titulada «Evolución e Involución de la Sociedad Española». Sin embargo, el Gobernador Civil, Alberto Ibáñez Trujillo, teniendo en cuenta la «situación de agitación universitaria que se registra en esta capital», y creyendo que el acto podría ser utilizado por la oposición política para protestar contra el Consejo de Guerra de Burgos, denegó el permiso.

Pese a ello, el periódico publicó el anuncio de la conferencia el día 27.La respuesta gubernativa, que puede consultarse en el Archivo Histórico Provincial, no se hizo esperar: impuso al periódico una descomunal multa de 10.000 pesetas. Ángel de Pablos y los consejeros Miguel Delibes y José Antonio Rubio Sacristán tuvieron que entrevistarse con el gobernador y reconocer que todo fue una confusión, carente de intencionalidad. A cambio de «contribuir a un mejor entendimiento y a una más conveniente actitud del periódico», el gobernador accedió a condonar la sanción.