El juez autoriza el cierre de Aranda pero insta a la Junta a intensificar el rastreo

El esfuerzo que se les pide a los vecinos de Aranda es muy grande y la Administración autonómica tiene que corresponder a ese esfuerzo. Es lo que piensa el magistrado de lo contencioso administrativo 2 de Burgos, que no duda de la necesidad de confinar Aranda de Duero y de hecho su auto autoriza la petición realizada por la Junta. Pero no será automática la prórroga de 14 días solicitada. De momento, da la mitad de ese plazo a la Consejería de Sanidad y le conmina a que aproveche los siete días que los casi 33.000 vecinos de la capital de la Ribera van a estar otra vez en la fase 1 para intensificar el rastreo de casos que permita hacer frente a la situación sanitaria descontrolada. Después de una semana, y en función de los resultados, indica la resolución, valorará si es necesario seguir manteniendo la medida de limitación de movilidad en el municipio, el tercero que se aísla en la comunidad, tras Íscar y Pedrajas.

En su auto del 7 de agosto, el juez Óscar Luis Rojas de la Viuda considera justificada la medida extraordinaria tras analizar la información médica, «de la que se puede deducir con absoluta claridad la existencia de un incremento excepcional».

La semana anterior al confinamiento, «la incidencia en el número de positivos era de 24,35 por cada 100.000 habitantes, mientras que en esta última semana se ha pasado a 675,68 contagios por cada 100.000, hasta llegar a los 230 actuales», refiere el juzgador. El número de contagios desde el 27 de julio ha crecido de manera exponencial: se ha pasado en dos semanas de 22 casos a 230.

La decisión no se adopta, dice el juez, porque los afectados estén graves, puesto que el 92,5% de los enfermos son asintomáticos y solo dos están hospitalizados, sino «porque hay una transmisión comunitaria en esta localidad cuyos focos no han podido ser determinados por los mecanismos de rastreo de la Junta, lo que hace que se pueda de cir que la enfermedad se encuentra fuera de control» en la localidad. En la petición para que se ratifique el confinamiento, indica el juez, se reconoce que hay 45 casos asociados a 9 brotes familiares o sociales «pero que existen otras nuevas agregaciones familiares que se están estudiando en la actualidad».

Así que, concluye, como la enfermedad «no ha provocado una situación de gravedad en los pacientes y, por tanto, los servicios sanitarios funcionan con normalidad», las limitaciones «solo pueden entenderse y mantenerse mientras esa situación de descontrol siga existiendo. Por ello no concede que dichas medidas se mantengan durante 14 días como había solicitado, el periodo de incubación máximo. «Lo que debe intentar la Junta, estableciendo y reforzando los mecanismos de identificación y localización, es identificar qué personas están infectadas e imponer a las mismas medidas individuales de confinamiento». Y apostilla: «Es mucho lo que se está pidiendo a los ciudadanos de Aranda y no puede ser menos el esfuerzo de la Junta de Castilla y León al respecto».